Wilbert Hernández Escobar
Expediente 1438/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1438/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Wilbert Hernández Escobar
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Autoridad responsable informa. Se tiene a la autoridad en cita, informando; y para ello remite diversas constancias, que en nada coinciden con los efectos de la protección constitucional, al informar que: Sin embargo, los efectos del fallo protector. Cabe señalar a la autoridad responsable que los efectos del fallo protector, que fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral ********************, agregue dentro de tres días contados a partir de su legal notificación, copia certificada de: i. Documental vía informe de las condiciones generales de trabajo correspondientes al ********************, celebrado entre el Ayuntamiento de Mexicali y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas. ii. Documental vía informe del expediente número ******************** respecto de la copia certificada del laudo de fecha 24 de abril de 2009. En el entendido que los alcances del fallo protector no abarcan hasta que se desahogue por completo el período probatorio ya que la prueba existente -testimonial- además de que su ordenamiento fue posterior a la presentación de la demanda de amparo, depende de la intervención de las partes en el juicio de origen, y la materia del amparo consistió básicamente en la omisión de los cuatro informes y/o documentales referidas en el considerando segundo; por lo que en ese sentido, los efectos se circunscriben a que se glosen las documentales pendientes de agregar al juicio natural, las cuales se tiene por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. De lo contrario podría implicar que la autoridad laboral de origen o esta autoridad constitucional, se sustituya en las cargas procesales que corresponden a las partes. Resta destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. *****En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita." Requerimiento. Ahora, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, requiérase nuevamente al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumplan en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acredite lo anterior. Se harán efectivas multas. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. **** Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente **** Notifíquese.
- Principal
toda vez que la parte quejosa no atendio el aviso de 21 de noviembre de 2023 se notifica por este medio el auto de Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) XXXXXXXXXXXXXXXXX contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de control electrónico de este juzgado con el número 1438/2023. Improcedencia. Una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo de cuenta, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desechar de plano el presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Al respecto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "Registro digital: 186605 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXI/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 448 Tipo: Aislada "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia. Pues bien, en el presente caso se advierte de forma manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numerales 3 del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Los artículos transcritos disponen, en principio, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de dicha ley, pero distinta a las previstas en el numeral 61; en relación con este punto, el diverso artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado y que el juicio de amparo puede instaurarse de forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, en cuyo efecto se hará uso de la Firma Electrónica, conforme con la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se dispone que la firma electrónica es un medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, de la demanda de amparo de cuenta se advierte que no se encuentra firmada de puño y letra por (1) Wilbert Hernández Escobar, por tal motivo, no se surte la posibilidad de proveer sobre su contenido, por adolecer precisamente de autógrafa original, siendo esto necesario al constituir un conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes expresan su voluntad de realizar el acto jurídico correspondiente y, con ella se acredita la autenticidad del documento y se logra la eficacia prevista en la Ley. Orienta el criterio anterior, la tesis 214, visible a foja ciento cuarenta y seis, tomo VII, Séptima Época, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a la misma, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En este tenor, al no estar firmada la demanda de amparo por (1) Wilbert Hernández Escobar, se desconoce si es su voluntad ejercer la acción constitucional, siendo que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital, y que se equipara a los casos como en el que nos ocupa, que la demanda no se encuentra firmada; en tales condiciones, se desconoce si es voluntad de la peticionaria en cuestión ejercitar la acción constitucional. Se asevera lo anterior, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese tenor de ideas, tenemos en el caso concreto que de la demanda de amparo de estudio, no se pone de manifiesto esa expresión de voluntad, según logra advertirse de la papeleta de turno con número de registro OCC 20230885033003470, folio electrónico 5937136, registrada y recibida físicamente a través del buzón judicial por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, de esta ciudad, con la que fue turnado el escrito inicial de cuenta. En efecto, del documento aludido, se observa en el rubro denominado "Cuenta con firma", se asentó que "No". Lo que además se constata de la parte final del ocurso de demanda recibido físicamente a través del buzón judicial por aquella Oficina de Correspondencia Común, que si bien en el calce aparece el nombre de la parte quejosa, lo cierto es que no obra firma autógrafa legible; asimismo, al recibirse dicha demanda con papeleta de turno, se advierte que la oficial de partes de este órgano jurisdiccional realizó una anotación asentando "Sin firma". Para mayor claridad se digitalizan las siguientes imágenes: Decisión. Consecuentemente, la demanda de amparo deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 3º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y, en términos del artículo 113 de la propia Ley, se desecha de plano la presente demanda de garantías por las consideraciones expuestas. Precedente vertical. En similares términos se pronunció el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 60/2021, de su índice. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. No ha lugar acordar de conformidad designación de apoderado legal. Al respecto cabe precisar que si bien la parte quejosa manifestó en el escrito de demanda que designa como apoderada legal a XXXXXXXXXXXX; sin embargo, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero, de ahí que no haya lugar a acordar de conformidad la designación de apoderado legal; en ese tenor, téngasele a la citada profesionista como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su demanda de amparo para tal efecto. Número telefónico. Téngase a la parte quejosa proporcionando el número telefónico, por lo que se instruye a los actuarios adscritos que tomen nota de lo anterior para los efectos legales correspondientes. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del aludido Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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