Wilbert Eliseo Bahena Adame

Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Wilbert Eliseo Bahena Adame

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Por lo expuesto; se, R E S U E L V E Único. En términos del considerando tercero de esta interlocutoria, se niega a Wilbert Eliseo Bahena Adame, la suspensión definitiva solicitada, respecto del acto que reclamó de la autoridad responsable foránea. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    II-Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el 17 de octubre de 2023, se requirió al fiscal del Ministerio Público del fuero común, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, [quien conoce de la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/06/3440/2019, en la carpeta de juicio oral 28/2022], informe el domicilio de la agraviada Reyna Paloma Chimal Pool, circunstancia que no ha acontecido a la fecha. Por tanto, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que sea legalmente notificada de este proveído, informe el domicilio de la agraviada Reyna Paloma Chimal Pool. Apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional]), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización [UMA] correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional programada para tener verificativo el día de hoy; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo, las 10:15 horas del 13 de diciembre de 2023. Notifíquese a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    II-Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Wilbert Eliseo Bahena Adame, en su carácter de quejoso en el presente asunto y anexo que acompaña, por medio del cual ofrece las siguientes pruebas: Exhibe copia digital de: Carpeta Administrativa 256/2019. Carpeta Administrativa 28/2022. La presuncional legal y humana. La instrumental de actuaciones. Al respecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza y sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. En relación a la carpeta administrativa 28/2022, la misma ya fue admitida y obra glosada en autos; toda vez que mediante proveído 25 de septiembre del 2023, se tuvo por rendido el informe justificado del juez de Control y tribunal de Juicio Oral del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual remitió medio óptico que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada en fecha 8 de febrero del 2023, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Sin embargo, a la prueba documental consistente en la copia digital de la carpeta administrativa 256/2019, que exhibe la parte quejosa, debe desecharse. En efecto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado será apreciado tal cómo haya aparecido probado ante la autoridad responsable y consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable; sin embargo, que el párrafo segundo, in fine, del propio precepto, establece una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad, ni a los principios que rigen el proceso penal acusatorio. En ese sentido, el desahogo de pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas el Juez de Control al dictar la orden de aprehensión vulnera tales principios. Lo anterior es así, pues implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); que no permitiría que el juez penal apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación) y requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio. De modo que, de admitir la probanza señalada por el quejoso, contravendría la limitación probatoria en el amparo indirecto referente al sistema acusatorio (párrafo segundo, última parte, del precepto en cita), en virtud de que el análisis de los datos de prueba y argumentos relacionados con la detención del quejoso, cuando éste gozaba de fuero constitucional, vulneran los principios de inmediación, oralidad y contradicción del sistema penal acusatorio. En ese sentido, al reclamarse una orden de aprehensión emitida en el procedimiento penal acusatorio, no es legalmente factible que se incorporen las pruebas en la forma que pretenden (a través del juicio de amparo), pues se violentaría el principio de oralidad. Por tanto, en apego al artículo 75 de la ley de la materia, en este asunto, se tendrá que analizar la orden de captura reclamada, tal como apareció probada ante la autoridad responsable, esto es, considerando solo los datos de prueba que se allegaron al juez de control, en la carpeta administrativa 28/2022. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Tomo II, Marzo de 2021, página 1210, Registro Digital 2022840, del tenor siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA BAJO EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBEN DESECHARSE SI PRETENDEN DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, VARIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS O LOS HECHOS EN LOS QUE EL JUEZ DE CONTROL SE BASÓ PARA EMITIRLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si era factible admitir pruebas en el amparo indirecto promovido por el probable responsable contra una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, para acreditar su inconstitucionalidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el principio de limitación probatoria contenido en el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, no permite que se admitan pruebas en amparo indirecto cuando se reclama una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, tendentes a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en los que la responsable se basó para apreciar el acto reclamado. Justificación: El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable y consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable. Sin embargo, el párrafo segundo, in fine, del propio precepto, establece una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese sentido, el desahogo de pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas el Juez de Control al dictar la orden de aprehensión vulnera tales principios. Ello, en tanto implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); no permitiría que el juez penal apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación) y requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio". Notifíquese.

  4. Incidental

    II-Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023, se suspendieron labores y se consideraron como inhábiles, mediante los oficios número 39/2023, 40/2023, 41/2023 y 42/2023; ello, conforme a los artículos 9, fracciones XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el que establece las disposiciones sobre el funcionamiento de las Coordinaciones de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ante el propio Consejo. Lo anterior, por causa de fuerza mayor derivado de la protesta y paro de labores por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales con sede en Chetumal, Quintana Roo, lo cual generó que litigantes, personas justiciables y servidores públicos no pudieran ingresar a los inmuebles; a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, por decisión de los titulares de los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Chetumal; por tal motivo, no fue posible acordar lo conducente en este expediente. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia incidental programada para 9:10 horas del 23 de octubre de 2023; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo, las 9:35 horas del 21 de noviembre de 2023. Notifíquese a las partes.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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