Wilber Ramírez Pérez

Expediente 958/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 38 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
958/2016
Año
2016
Actuaciones
38
Última actuación
20/06/2017

Partes del expediente

  • Wilber Ramírez Pérez
  • Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial Catazajá, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de doce de marzo de dos mil dieciséis, por medio de la cual le decretó formal prisión al quejoso como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de ******** II. Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, determine qué medios deben excluirse al actualizarse la hipótesis de obtención de prueba ilícita, así como de transgresión al principio de debido proceso legal. III. Con plenitud de jurisdicción determine si aun prescindiendo de las probanzas que deban excluirse, el resto del caudal probatorio -incluyendo las de cargo y descargo- es eficaz y suficiente para acreditar el delito y la probable responsabilidad del accionante de amparo. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para dictar auto de libertad, ya que ello dependerá de la justipreciación que haga la responsable de los medios de prueba que quedaron subsistentes, por lo que una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determinará lo que en derecho corresponda. Es decir, esta resolución no puede ser interpretada en el sentido de que se está vinculando a la responsable a decretar la libertad del quejoso, pues si bien no podrá tomar en consideración las pruebas que deban excluirse, se destaca que no todos los medios de prueba tienen vinculación directa con la detención ilegal del justiciable". Se precisa que por auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 318 a 319), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, residente en esa ciudad. Posteriormente, mediante proveído de doce de junio de este año (foja 351), se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias de amparo, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de doce de marzo de dos mil dieciséis, por medio de la cual le decretó formal prisión al quejoso como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de ********** 2. Una vez analizadas los medios de pruebas, determinó excluir los siguientes: a. Oficio número ********* de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por *********** agente de la Policía Especializada ********** Policía Estatal Preventivo, por el que pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público en calidad de presentado al quejoso. b. Declaración ministerial del quejoso ********** de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en el que confesó los hechos investigados. c. Resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, por el que el Fiscal del Ministerio Público decretó la detención por caso urgente de ******** d. Constancia de búsqueda de indicios de cinco de marzo de dos mil dieciséis. e. Dictamen en balística y toma de fotografías de cinco de marzo de dos mil dieciséis. f. Dictamen realizado para recabar indicios en el lugar de los hechos, de seis de marzo de dos mil dieciséis. g. Oficio ********** de cinco de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por ********* agente de la Policía Especializada, por medio del cual informó sobre la búsqueda de indicios en el lugar de los hechos. Lo anterior, al actualizarse el supuesto de prueba ilícita, por transgredir el principio de debido proceso legal, al haberse violado derechos fundamentales. 3. Después de excluir los medios de prueba citados, la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, determinó que en el caso se acreditó el cuerpo del delito de ********* así como la probable responsabilidad del quejoso, pues a su criterio, una vez analizado y valorado el caudal probatorio restante fue apto y suficiente para tal fin. Luego, si en la nueva resolución, después de practicar tal ejercicio, con libertad de jurisdicción, resolvió dictar auto de formal prisión en contra del quejoso ****** es inconcuso que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido; amén que a la responsable se le dejó plenitud de jurisdicción para que, una vez excluidos los medios de prueba obtenidos de forma ilícita, por haberse violado derechos fundamentales, determinara si con los restantes se acreditaba el cuerpo delito y la probable responsabilidad del quejoso; sin que la concesión del amparo haya sido para dictar auto de libertad, pues al tener libertad de jurisdicción, resolvió lo que en derecho corresponde; de ahí que se determine que no sobrepasó los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 76/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 605, registro electrónico 2008030, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo". Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la ejecutoria, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Se ordena devolver al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Catazajá, las copias certificadas de la causa penal ********* VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento 287/2017, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud que la vista otorgada en proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, fue para el quejoso y terceros interesados, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pero tal numeral no legitima al Ministerio Público adscrito, para hacer manifestaciones en torno al cumplimiento de las ejecutorias de amparo. No obste lo anterior, se le hace del conocimiento que el segundo párrafo del citado numeral, obliga a los Órganos de Control Constitucional, a dictar una resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, por lo que, como lo refiere en su escrito este juzgador analizara pormenorizadamente en su momento procesal oportuno si la ejecutoria está cumplida. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que no existe constancia de que las autoridades Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá, Director del Centro Estatal de Reinserción Social 17 Catazajá y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá, todas con residencia en esa ciudad, hubiesen recibido los oficios 10443, 10444 y 10445, mediante los cuales se les notifica que la sentencia en la que se concedió el amparo al quejoso causó ejecutoria y se requirió al Juez responsable su cumplimiento. Con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el numeral 2, segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, con copia de la factura correspondiente, para que dentro del término de tres días contados a partir de su recibo, remita los acuses de recibo de los oficios de referencia, o bien, copia certificada de los mismos. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase vía mensajería privada, al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá, residente en esa ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria, o en su caso, informe las gestiones tendentes a cumplimentarla; se precisa que los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de doce de marzo de dos mil dieciséis, por medio de la cual le decretó formal prisión al quejoso como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de *********** II. Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, determine qué medios deben excluirse al actualizarse la hipótesis de obtención de prueba ilícita, así como de transgresión al principio de debido proceso legal. III. Con plenitud de jurisdicción determine si aun prescindiendo de las probanzas que deban excluirse, el resto del caudal probatorio -incluyendo las de cargo y descargo- es eficaz y suficiente para acreditar el delito y la probable responsabilidad del accionante de amparo. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para dictar auto de libertad, ya que ello dependerá de la justipreciación que haga la responsable de los medios de prueba que quedaron subsistentes, por lo que una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determinará lo que en derecho corresponda. Es decir, esta resolución no puede ser interpretada en el sentido de que se está vinculando a la responsable a decretar la libertad del quejoso, pues si bien no podrá tomar en consideración las pruebas que deban excluirse, se destaca que no todos los medios de prueba tienen vinculación directa con la detención ilegal del justiciable". Se apercibe a la autoridad que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la que asciende a la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, en relación con el diverso 258, de la ley de la materia y se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado respectivo, para el trámite correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación del Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, con la cual informa el trámite que realizó con su homólogo con residencia en Palenque, Chiapas, respecto de la recepción de los oficios 8324/2017 y 8325/2017, de treinta de marzo de la presente anualidad, dirigidos al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá, Chiapas y Director del Centro Estatal de Reinserción Social 17, las dos con sede en Catazajá, Chiapas; sin emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veinticinco de abril de dos mil diecisiete causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio. Notifíquese.

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