Wilber Mendoza Cortez
Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Wilber Mendoza Cortez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el cual se tuvo no presentada la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención formulada en proveído diez de febrero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que de conformidad con el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo generadora de este asunto; en esa virtud, háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Wilbert Mendoza Cortez, contra actos del Comandante en Jefe del Grupo Gopes y Geri del Quinto Distrito Judicial del Fuero Común en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, que se lleva en este órgano jurisdiccional, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 211/2021-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, previo a acordar lo conducente, debe dejarse establecido que no se emite la suspensión de plano respecto del acto que por esta vía se reclama consistente en la detención de que se dice es objeto el quejoso, pues el quejoso, en la demanda de amparo, manifiesta: ".injusta y arbitraria detención que soy objeto cada rato que me ven y solo para según ellos revisarme y luego dejarme ir no sin antes decirme te estamos checando" (sic); por lo anterior, es evidente que el quejoso en la actualidad no se encuentra detenido, ni de la demanda de amparo se observa dicha circunstancia, así como tampoco refiere que esté siendo objeto de los actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Lo anterior, pues el agraviado no manifiesta que en este momento se encuentre detenido, por el contrario refiere que lo han detenido para revisarlo y después dejarlo libre; por lo anterior, se reitera no ha lugar a proveer de oficio respecto a la suspensión de plano, pues independientemente de que el quejoso señale que se viola en su agravio el artículo 22 Constitucional, lo cierto es que corresponde a esta autoridad pronunciarse sobre la medida cautelar, atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes. Es aplicable en el caso, la tesis aislada VI.10.A 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, diciembre de 2004, página 1458, registro 179731, del rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Así como la jurisprudencia I.3.AJ/7, del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo III, segunda Parte-2, enero- Junio de 1989, página 951, registro 229397, del rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo en estudio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: I. Manifieste bajo proteste de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, esto, pues si bien en la demanda de amparo se advierte un capítulo relativo, lo cierto es que omitió manifestar bajo protesta de decir verdad dichos antecedentes; lo cual es un requisito formal que debe manifestarse de forma expresa en la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia, P./J. 127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 32, registro digital 192843, del siguiente contenido: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." II. Aclare el acto reclamado, puesto que del capítulo correspondiente se advierte que reclama de la autoridad responsable la detención librada en su contra; sin embargo, en el apartado relativo a la suspensión del acto, solicita dicha medida cautelar para efecto de que no se ejecute embargo en su contra; lo anterior, causa incertidumbre respecto del acto que desea se analice en esta instancia constitucional. III. De igual manera, deberá exhibir tantas copias sean necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a la totalidad de las partes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos precedentes, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia; en la inteligencia que si sólo omite exhibir las copias solicitadas del escrito aclaratorio, se procederá conforme al último párrafo del mencionado artículo. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda y autorizando para tales efectos (oír y recibir notificaciones) e imponerse de autos a P. Santiago Arteaga Tovar, por así haberlo solicitado.
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