Wesley Ramos Pinheiro

Expediente 972/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
972/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Wesley Ramos Pinheiro
  • Wesley Ramos Pinheiro y Otros.
  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 972/2023 El veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza.

  2. Principal

    Acto seguido, la secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo e informe de acatamiento a la suspensión de plano. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias. Continuando con la audiencia, se declara abierto el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes las ofreció. A lo que el juez acuerda: téngase por precluido el derecho de las partes para tal efecto, por lo que se cierra la etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. A lo que el juez acuerda: téngase por precluido tal derecho; por lo que se cierra la etapa y se dicta la siguiente: S E N T E N C I A ********************y********************de propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, pues estimaron vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales a que hacen referencia los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado el actuar del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Admisión y trámite La demanda de trato fue admitida bajo número ******************** y, tramitado el juicio, la audiencia constitucional se llevó a cabo, por lo que el expediente está en aptitud de ser resuelto. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que lo reclamado guarda consecuencias materiales dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que dilucide el controvertido de derechos humanos propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Precisión y existencia de lo reclamado Los peticionarios reclaman actos tendentes a afectar su libertad personal y su estatus migratorio, que reprochan al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. El actuar reclamado es inexistente, pues obra en el expediente un informe de quince de agosto de dos mil veintitrés, del que se colige que a esa fecha, los quejosos no se encontraban alojados en la estación migratoria de esta ciudad, sin que se hubiere allegado a los autos prueba idónea que desvirtuara lo planteado. Por ello, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, este juzgado de distrito estima dable aseverar que el sobreseimiento debe primar aun en el supuesto de que se hubiese suscitado alguna violación procesal en el presente juicio, pues lo cierto es que el sentido del fallo alcanzado, deriva de la no existencia demostrada del acto reclamado y no de alguna cuestión de índole diversa. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 151/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1293, libro 24, noviembre de 2015, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************y********************contra actos que reclamaron del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, precisados en esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le tiene informando el acato a la suspensión de plano decretada en este asunto; de igual forma, designa delegados y domicilio procesal. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueven Wesley Ramos Pinheiro y Wesley Rodríguez de Souza, de propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 972/2023. Suspensión de plano Tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados, la privación de libertad de los quejosos, por su estatus migratorio en el territorio mexicano, se concede de plano la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se prive a los agraviados de su libertad personal con motivo de algún procedimiento administrativo de migración. En caso de haberse ejecutado la orden de detención y no tenga relación con la comisión de un delito sino por su irregular estancia en el país, los quejosos quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fueran presentados, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si la autoridad migratoria determina sujetarlos a un procedimiento administrativo migratorio deberá ponerlos en libertad para su continuación, para lo cual deberá otorgarles el permiso de estancia correspondiente; asimismo, tiene la obligación de determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En otro tenor, respecto a la deportación, se toman las medidas siguientes: ( Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dicho acto, permanezcan los quejosos en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de la autoridad responsable para que la acate bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, la autoridad responsable deberá, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados. Informe de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rinda su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación y/o privación de la libertad; hágasele de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Incidente de suspensión Sin que sea necesario tramitar incidente de suspensión, virtud que fue concedida la suspensión de plano. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que haya sido promovido por la propia parte quejosa o que los actos que aquí se reclaman deriven del mismo procedimiento o juicio, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Autorizados y autorización de expediente electrónico Ténganse como autorizados en los términos solicitados a quienes mencionan los promoventes. Por otra parte, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo a este asunto; en ese tenor, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario indicado, únicamente por lo que hace al juicio de que se trata. Notificaciones vía electrónica Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 79 y 96 del citado acuerdo general, se tiene a los promoventes señalando la vía electrónica, para oír y recibir notificaciones, por lo que le surge la obligación a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

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