Wesley Brandon De la O Acosta
Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Wesley Brandon De la O Acosta
- Juez Especializado en el Proceso Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio que firma el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el treinta de abril anterior, se declaró extinta la pretensión punitiva y decretó en consecuencia el sobreseimiento total de la causa penal 2785/2020, con efectos de sentencia absolutoria a favor del aquí quejoso Wesley Brandon de la O Acosta; sin necesidad de dictar mayor acuerdo, en atención a que el siete de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por el licenciado Juan Manuel Arellano Meraz, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual refiere que, a la fecha ha sobrevenido una causal de sobreseimiento de este juicio de amparo indirecto, porque cesaron los efectos de los actos reclamados, en razón de que el juez responsable decretó el sobreseimiento total de la causa penal 2785/2020, levantó la medida cautelar impuesta al quejoso y ordenó su inmediata libertad. En acato a lo dispuesto en el numeral 62, de la ley de la materia, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la citada improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, se insiste que si en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ello es así, pues el licenciado Juan Manuel Arellano Meraz, autorizado del quejoso Wesley Brandon de la O Acosta, en el escrito de cuenta, indicó que, el pasado día viernes treinta de abril del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 2785/2020, a petición de la defensa, convocó a una audiencia para debatir acerca del sobreseimiento de la causa de donde dimanan los actos reclamados. Al concluir dicha audiencia, el Juez responsable decretó el sobreseimiento total de la causa penal, levantó la medida cautelar impuesta al quejoso y ordenó su inmediata libertad, con lo cual a juicio de quien aquí resuelve, han cesado los efectos de los actos reclamados; por lo que la desaparición de los efectos de los actos impugnados (positivos), son incondicionales e inmediatos, de tal suerte que se restablecieron las cosas de modo total, a la situación anterior que tenía la parte quejosa antes de la promoción del presente juicio de amparo. Por tanto, es inconcuso, que la actuación en que había incurrido la autoridad responsable al haber dictado auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violación, en contra de la menor víctima de iniciales S.A.R.B., y haber impuesto de manera oficiosa, como consecuencia, la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, han cesado en sus efectos, toda vez que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el treinta de abril último, decretó el sobreseimiento total de la causa penal 2785/2020, levantó la medida cautelar impuesta al quejoso y ordenó su inmediata libertad; circunstancia que provoca, que los efectos de su actuar, consistentes en vincular a proceso y dictar oficiosamente la prisión preventiva en perjuicio del quejoso, mismas que inciden en su libertad, desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que los actos ya no agravian al justiciable. Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, página 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, porque no le atribuye vicios propios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96 Sexta Parte, Séptima época, página 286, que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución".
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 07 DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por el licenciado Juan Manuel Arellano Meraz, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual refiere que, a la fecha ha sobrevenido una causal de sobreseimiento de este juicio de amparo indirecto, porque cesaron los efectos de los actos reclamados, en razón de que el juez responsable decretó el sobreseimiento total de la causa penal 2785/2020, levantó la medida cautelar impuesta al quejoso y ordenó su inmediata libertad. .......................................... Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta firmado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, con el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista personalmente a las partes con su contenido y anexos, específicamente con la audiencia videograbada, a fin de que si lo consideran necesario, puedan consultar la información contenida en aquéllos, en la sede de este órgano jurisdiccional, para efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga, respecto de su reproducción o imposibilidad económica o tecnológica que tengan para imponerse del contenido de la audiencia videograbada; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
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