Wendy Yadira Urias Farias

Expediente 1254/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1254/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Wendy Yadira Urias Farias

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Wendy Yadira Farías Urías, para los efectos siguientes: [.] QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración la omisión reclamada y la etapa procedimental en que ésta se ubica en el juicio laboral de origen OPDL-3-78/2018, la concesión de amparo se otorga para efectos de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dicte el acuerdo que provea en relación a las pruebas ofrecidas por las partes. [.] En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, remitió copias fotostáticas certificadas de las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Expediente que no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia. Finalmente, devuélvase a la responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, las copias fotostáticas certificadas del expediente OPDL 3-78/2018, motivo por el cual se formó el tomo de pruebas. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios y anexos enviados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de diversas constancias. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinte de octubre de dos mil veinte. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de proveer sobre la admisión o desechamiento de pruebas en el juicio laboral 78/2018. Por resolución de once de febrero del año en curso, este juzgado concedió a la parte quejosa el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dicte acuerdo donde provea en relación a las pruebas ofrecidas por las partes. Mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, la sentencia causó ejecutoria y se requirió del cumplimiento a la autoridad responsable. Por acuerdo de once de agosto del año en curso, se ordenó la reactivación del presente expediente, suspendido con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus covid 19 y se requirió por segunda ocasión a la responsable para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya dado el cumplimiento respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días legalmente computados dicte un auto, en el cual deberá realizar todas las gestiones a su alcance a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos precisados y deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación.

  4. Principal

    I. Quejoso. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas de veinte de enero de dos mil veinte para la celebración de la audiencia constitucional.

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