Wendy Vidales Urbina

Expediente 2035/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2035/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Wendy Vidales Urbina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector remite copia certificada del acuerdo de pruebas a dictado dentro del expediente laboral 1042/E/2017, de fecha veintidós de marzo del año en curso. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios de cuenta y su anexo, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a sus derechos convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE; y electrónicamente a la parte quejosa, corriéndole traslado con copia simple del oficio de cuenta y anexo.

  3. Principal

    SENTENCIA. V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 2035/2021, promovido por Wendy Vidales Urbina; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, turnado a este órgano jurisdiccional el dos de diciembre de ese mismo año, Wendy Vidales Urbina, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, que hizo consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La tardanza u Omisión del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, para emitir el ACUERDO DE PRUEBAS, lo que ocasiona la tardanza del procedimiento, dentro del expediente laboral número 1042/E/2017; ya que han, transcurrido 45 días naturales y más de TRES DÍAS HÁBILES, termino que ha transcurrido en exceso contraviniendo lo señalado por el artículo 108 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, además de que no se ha dado motivo alguno, ni se han presentado promociones en exceso para que se retrase con dicho procedimiento.". Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Wendy Vidales Urbina y se registró con el número 2035/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: "... La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión para emitir el acuerdo de pruebas, dentro del expediente laboral número 1042/E/2017. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que la quejosa reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de dictar el acuerdo de pruebas, dentro del expediente laboral 1042/E/2017, refiriendo que ello es consecuencia de las cargas excesivas de trabajo con las que cuenta, así como derivado de la pandemia por el COVID-19 encontrándose en vías de dictar la determinación correspondiente. Por lo anterior, se tiene por plenamente probado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Estudio. En el caso, como las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualice alguna, procede examinar el fondo del presente asunto, sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante en su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, máxime que el artículo 77 de la Ley de Amparo, no señala que deban transcribirse en la sentencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2010, Novena Época, que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La impetrante de amparo, aduce que la omisión impugnada es violatoria de las garantías contempladas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, aunque para ello se amerite suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, al advertir este juzgador que la autoridad responsable infringe en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto por los numerales 108 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, así como el 838 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la legislación aplicable y, en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución, que establece la obligación de los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En relación a ese derecho fundamental, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese orden de idas, son esencialmente fundados los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa, en cuanto a que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, ha sido omiso en dictar el acuerdo de pruebas dentro del expediente laboral número 1042/E/2017, ya que la autoridad responsable infringe en perjuicio de la parte quejosa el artículo 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con lo cual transgrede sus derechos fundamentales al impedirle tener una resolución expedita conforme al artículo 17 de la Carta Magna. Así, el numeral 108 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas establece: "ARTÍCULO 108.- El Tribunal admitirá y proveerá el desahogo de las pruebas que se ofrezcan, desechando aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con la litis. Posteriormente sólo se aceptarán pruebas que se relacionen con hechos supervenientes, que tengan por objeto probar las tachas contra testigos o se trate de la confesional. El Tribunal dictará los acuerdos de trámite dentro de las setenta y dos horas siguientes a la conclusión de la audiencia o diligencia respectiva. Dichas resoluciones no admitirán recurso alguno.". En vista a lo anterior, es importante precisar que el artículo 108 citado señala la obligación de la responsable de admitir y proveer el desahogo de las pruebas que ofrezcan las partes, luego, deberá dictar el acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento conducente, teniendo un máximo de setenta y dos horas siguientes a la conclusión de la audiencia respectiva para dictar el acuerdo de trámite correspondiente. En el caso concreto, se advierte la dilación en la que incurre la responsable, toda vez que la parte quejosa refiere en los antecedentes de su escrito inicial de demanda, que la audiencia de pruebas tuvo verificativo el veinte de enero de dos mil veintiuno y al rendir su informe justificado, la autoridad responsable refirió cierto el acto que se le reprocha, señalando que ello era a consecuencia de las cargas excesivas de trabajo con las que cuenta. Por ello, debe decirse que el expediente natural se encuentra en condiciones para dictar el auto de acuerdo de pruebas, y que no obstante dicha circunstancia, a la fecha la autoridad laboral ha sido omisa en desplegar actividad procesal con la que subsane los efectos del acto aquí reclamado, infringiendo en perjuicio del impetrante lo dispuesto en el numeral en comento de la ley burocrática aplicable y en vía de consecuencia, el derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución General. Lo anterior, permite establecer que el tribunal responsable no ha desplegado la actividad procesal conducente, pues no existe constancia alguna que ponga de manifiesto que se acordó lo procedente en cuanto a las pruebas ofrecidas y, por ello, el procedimiento en el juicio laboral no se ha desarrollado en los términos y plazos legales previstos, ya que la autoridad responsable aplaza el término establecido para dictar el acuerdo correspondiente sin justificación válida. De ahí que las razones expuestas por la responsable no resultan suficientes para excusarla, pues se advierte su indulgencia al permitir el retardo desmedido en la decisión de los asuntos sometidos ante su potestad, pues con ello se hace nugatorio el derecho de la parte quejosa a una pronta expedición de justicia, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que se soslaye que la responsable al rendir su informe justificado indicó que no ha dictado el acuerdo de pruebas respectivo, dado las cargas excesivas de trabajo con que cuenta, pues ello no es un impedimento justificado. En mérito de las reflexiones apuntadas, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Wendy Vidales Urbina, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con asiento en esta ciudad, para los siguientes efectos: Dicte acuerdo de pruebas, dentro del expediente laboral 1042/E/2017. Lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Wendy Vidales Urbina, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por las razones y para el efecto expuesto en el presente fallo. Finalmente, en atención a que por oficio TCA/851/2022, signado por el Coordinador Administrativo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, informa que por Acuerdo Plenario celebrado el día lunes diecisiete de enero del año dos mil veintidós, se procedió a declarar inhábil el periodo comprendido del dieciocho al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por lo que la oficina de ese Tribunal permanecerá cerrada en dicho periodo; en tal virtud, se ordena el resguardo del oficio correspondiente en la Actuaría de este Órgano Jurisdiccional y una vez concluido el lapso de suspensión de labores notifíquese de inmediato. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante el licenciado DANIEL TADEO ALTAMIRANO MARTÍNEZ, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    agréguese a estos autos la intervención ministerial firmada electrónicamente por el Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo y, en atención a su contenido, ténganse por formulados los alegatos a que se refiere en el escrito que se provee y con los mismos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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