Wendy Rivas Flores
Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Wendy Rivas Flores
- WENDY RIVAS FLORES y Otros.
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda la razón signada por el Actuario Adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que notificó a la quejosa el auto de veinte de abril del año en curso. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "..... México, Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por presentado el escrito inicial de demanda recibido el dieciocho de abril de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y el diecinueve del mismo mes y año por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 318/2022-III y NEUN 29894939. PERSONALIDAD Se tiene a *****, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales G.R.R.1 , promoviendo demanda de amparo indirecto en contra del acto que reclama del Juez Cuarto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México. 1 Toda vez que del contenido de la demanda de amparo se aprecia que se encuentra involucrada una menor de edad, debe reservarse la información en cuanto a su nombre o características en el presente asunto, en acatamiento de la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. De la lectura del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez responsable en el juicio oral familiar 878/2021, promovido por ***** en contra de ***** (quejosa), a través del cual admitió la prueba superveniente ofrecida por el actor, consistente en un audio y video contenidos en un dispositivo electrónico denominado "USB". ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad por la promovente en la demanda de amparo, se desprende que: ? El acto reclamado deriva del juicio oral familiar, suspensión de la patria potestad, expediente *****, promovido por ***** en contra de *****(quejosa), radicado ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México. ? El primero de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes. ? Mediante escrito presentado el diez de marzo del presente año, el actor ofreció como prueba superveniente un audio y video contenidos en un dispositivo electrónico denominado "USB"; escrito al que recayó el auto de diecisiete del mismo mes y año, mediante el cual el juez de origen ordenó dar vista con dicha prueba a la hoy quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera. ? En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo a la quejosa desahogando la vista referida y admitió la prueba superveniente ofrecida por el actor. Auto que constituye el acto reclamado. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Del análisis del escrito inicial de demanda, se desprende que la demanda de amparo promovida resulta improcedente al surtirse la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." RAZONAMIENTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO De la interpretación sistemática de la fracción señalada en el párrafo anterior (interpretación que radica en considerar el derecho como un sistema, dentro del cual cada norma tiene una función), se advierte que se establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que la persona que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Ahora bien, en el caso a estudio del acto reclamado consistente en el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez responsable en el juicio oral familiar 878/2021, promovido por ***** en contra de *****(quejosa), a través del cual admitió la prueba superveniente ofrecida por el actor, consistente en un audio y video contenidos en un dispositivo electrónico denominado "USB"; auto que era susceptible de haber sido impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dispone: "Artículo 1076.- El recurso de apelación procede contra todas las resoluciones emitidas por el Juez en el juicio oral. Se interpondrá por escrito y se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, con excepción del que se interponga contra la determinación que resuelva medidas provisionales y la pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones, el que procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. El recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva será admitido en ambos efectos, salvo en materia de alimentos e interdicción que se tramitará en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." Por tanto, deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicho medio ordinario de defensa se contempla en la legislación que rige el procedimiento del juicio primigenio. Lo anterior es así, ya que mediante dicho medio de impugnación el acto reclamado pudo haber sido revocado, modificado o confirmado. En ese entendido, la promovente debió seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de apelación, que resulta procedente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1076 de dicho ordenamiento; sin embargo, al no haberse agotado ese medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, no se cumple con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. De igual forma, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado en la presente demanda de amparo no se encuentra contemplado en alguno de los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) o c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario, antes de acudir a la presente vía constitucional. Sin que obste a lo anterior que el acto reclamado pudiere revestir el carácter de irreparable y que estén involucrado en el juicio de origen una menor de edad, pues el Máximo Tribunal del País ha sostenido que aun tratándose de esos casos, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los 16/08/22 16:09:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.af.90 Armando Lemus Cervantes recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Robustece a lo anterior la Jurisprudencia I.6o.C. J/37 de la Novena Época con número de registro 187016, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, visible a página 902 de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Luego, al no observarse el principio de definitividad del acto reclamado y, por tanto, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por *****, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales *****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL IMPETRANTE En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la peticionaria de amparo el que indica en su demanda. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** y *****, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho. Se autoriza a los diversos profesionistas que señala en términos de la última parte del precepto mencionado, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el referido sistema. Se autoriza para oír y recibir notificaciones, documentos y valores a las demás personas que menciona, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. En cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, ténganse por señalados únicamente para comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....."
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