Wendy Magdalena Magaña Segura
Expediente 838/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Wendy Magdalena Magaña Segura
- Wendy Magdalena Magaña Segura y Otros.
- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la cuenta que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el memorial suscrito por Wendy Magdalena Magaña Segura, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones que se le formularon en proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve; asimismo, anexa nueve copias de su escrito aclaratorio, realizándolo en los siguientes términos: Que no se ha dictado sentencia en el expediente número 684/2017, siendo que el estado procesal que actualmente guarda es la admisión de la reconvención o contrademanda que combate por medio de ese libelo. Se señala como autoridad responsable ordenadora a la C. Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, a quien reclama el haber dictado el auto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, en el que se admite la reconvención o contrademanda en su contra. En cuanto al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, refiere que no reclama nada, por lo que pide no se tengan como autoridades responsables. Con lo anterior se tienen por ampliadas las prevenciones que le fueron realizadas a la parte quejosa. Ahora ben, en el caso se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado al Juez responsable no afecta materialmente a la quejosa en sus derechos sustantivos. El artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y "(.)" Como se ve, el juicio de amparo indirecto procede entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme al artículo anterior los actos de imposible reparación son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. El referido artículo que describe lo que debe entenderse por imposible reparación, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación a través de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Como se observa del anterior criterio, el concepto de imposible reparación que describe la norma como aquellos actos de autoridad dictados dentro de un juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; implica que los actos de autoridad, para ser calificados como irreparables, precisan de producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En este orden, cuando el acto reclamado que esté se dicte dentro de un procedimiento y sólo tenga efectos intraprocesales, el juicio de amparo resulta improcedente, ya que el legislador precisó que los actos dentro de un procedimiento susceptibles de reclamo constitucional están condicionados a que sean de "imposible reparación", esto es, que causen una afectación material definitiva e irreparable, pues los actos que no lo sean, pueden combatirse en otro momento y forma acorde con los presupuestos del juicio de amparo. Robustece lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a.L/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2009477, de texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Además, el objetivo de que no proceda el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, tratándose de violaciones procesales, es precisamente salvaguardar los principios de celeridad, unidad y economía procesal, sin que por ello pueda considerarse una violación al debido proceso y justicia pronta, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa, permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo. Sobre el particular resulta aplicable, la tesis 2a. XLIX/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009484 que precisa: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." En otro aspecto, es oportuno señalar, que la improcedencia del juicio para la protección de derechos fundamentales es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores constitucionales para analizar la inconstitucionalidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad; de modo que cuando se actualiza una causa de improcedencia manifiesta y notoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda debe ser desechada. En el caso la promovente Wendy Magdalena Magaña Segura reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, por el que se admitió a trámite la reconvención que bajo formal protesta de decir verdad la quejosa refiere que se promovió en su contra y ordenó emplazarla a fin de que produzca su contestación en el expediente 684/2017, relativo al juicio ordinario civil de su índice. De igual manera, reclama del actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, la ejecución de la orden de emplazarla para contestar la reconvención. Conforme a lo anterior, si lo que se reclama se trata de un acto dentro del procedimiento que se traduce en el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho que admitió la reconvención planteada en autos del juicio natural, entonces es válido concluir que se trata de un acto que no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable en la vía indirecta, pues en todo caso trastoca presuntivamente derechos de índole procesal que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la propia ley, son combatibles mediante la promoción del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva que en su oportunidad se dicte, ya que no se afecta de forma directa alguno de los derechos fundamentales de la promovente. Resultan aplicables las tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Semanario Judicial de la Federación, con registros 353425 y 225019, con los textos siguientes: "RECONVENCION, LA TRAMITACION DE LA, NO ES ACTO EJECUTADO DENTRO DEL JUICIO, QUE SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. La fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal exige, para la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio, que la ejecución de esos actos sea de imposible reparación, y la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, interpretando ese precepto, ha establecido que por tales actos deben entenderse únicamente aquellos que no sólo surten efectos jurídicos, sino que, además, tengan ejecución material en la persona o en los bienes del agraviado. Por tanto, si el acto que se reclama en la demanda de garantías, consiste en la sentencia interlocutoria dictada en un juicio sumario de rescisión de contrato, seguido por el quejoso, por la cual se ordenó la tramitación de la reconvención interpuesta por el demandado en dicho juicio, debe estimarse que aunque tal acto produce efectos en derecho, carece notoriamente de ejecución material, puesto que no tienen ninguna ejecución de esa clase en la persona del quejoso, y en su patrimonio, lo que indica que el amparo promovido es notoriamente improcedente y que debe confirmarse la resolución del Juez de Distrito pronunciada en el sentido de desechar la demanda." "DEMANDA RECONVENCIONAL, SU ADMISION NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCION SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. La admisión de la demanda reconvencional participa de la naturaleza jurídica de la demanda principal y en los términos de los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, no es un acto de imposible reparación. Esto es así, porque la referida admisión constituye un acto procesal que no impide la prosecución del juicio, ni causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva, dado que en ésta se abordará la materia sobre la que verse la reconvención; y, en su caso, tal fallo es susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo. En las relatadas consideraciones, en el caso se tiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Al sostenerse lo anterior no se soslaya que la promovente reclama por vicios propios la notificación que realizó el actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado; sin embargo aún considerando su actuación como acto destacado de cualquier forma resulta improcedente la demanda de amparo. Se afirma lo anterior ya que respecto del particular se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación que se reclama; y d) que por virtud de dicho medio esa actuación judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII del numeral 61 en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el incidente de declaración de nulidad previsto en el artículo 37, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que rige el acto impugnado. Tal precepto dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 37.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este capítulo serán nulas, y el notificador que las autorice incurrirá en una multa de una a diez unidades de medida y actualización, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la notificación." En ese sentido, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de actuaciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que ante esa circunstancia es válido afirmar que en contra de la notificación realizada a la aquí parte quejosa respecto del auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, procede el incidente de declaración de nulidad. Ello es así porque el citado numeral establece la procedencia del citado incidente para las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la cual prevé el capítulo III en relación a las notificaciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En esas condiciones, en el caso se tiene que la peticionaria del amparo, previo a promover el juicio de amparo, debió interponer el incidente de declaración de nulidad que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, pues no se advierta impedimento alguno para ello ya que es parte en el procedimiento natural pues bajo protesta de decir verdad refirió que la reconvención se promovió en su contra y por ello se ordenó emplazarla a fin de que realice su contestación; además existe la certeza de tal medio de impugnación, sin necesidad de interpretación adicional al artículo que expresamente lo prevé, según quedó precisado en párrafo que antecede, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance; lo que hace que en el caso se actualice la causa de improcedencia antes invocada. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo así como la diversa prevista en el artículo el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, desechar de plano la demanda de amparo que promovió Wendy Magdalena Magaña Segura en contra del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y Actuario de su adscripción. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
VIII. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el memorial suscrito por Wendy Magdalena Magaña Segura, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones que se le formularon en proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve; asimismo, anexa nueve copias de su escrito aclaratorio, realizándolo en los siguientes términos: Que no se ha dictado sentencia en el expediente número 684/2017, siendo que el estado procesal que actualmente guarda es la admisión de la reconvención o contrademanda que combate por medio de ese libelo. Se señala como autoridad responsable ordenadora a la C. Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, a quien reclama el haber dictado el auto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, en el que se admite la reconvención o contrademanda en su contra. En cuanto al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, refiere que no reclama nada, por lo que pide no se tengan como autoridades responsables. Con lo anterior se tienen por ampliadas las prevenciones que le fueron realizadas a la parte quejosa. Ahora ben, en el caso se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado al Juez responsable no afecta materialmente a la quejosa en sus derechos sustantivos. El artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y "(.)" Como se ve, el juicio de amparo indirecto procede entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme al artículo anterior los actos de imposible reparación son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. El referido artículo que describe lo que debe entenderse por imposible reparación, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación a través de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Como se observa del anterior criterio, el concepto de imposible reparación que describe la norma como aquellos actos de autoridad dictados dentro de un juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; implica que los actos de autoridad, para ser calificados como irreparables, precisan de producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En este orden, cuando el acto reclamado que esté se dicte dentro de un procedimiento y sólo tenga efectos intraprocesales, el juicio de amparo resulta improcedente, ya que el legislador precisó que los actos dentro de un procedimiento susceptibles de reclamo constitucional están condicionados a que sean de "imposible reparación", esto es, que causen una afectación material definitiva e irreparable, pues los actos que no lo sean, pueden combatirse en otro momento y forma acorde con los presupuestos del juicio de amparo. Robustece lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a.L/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2009477, de texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Además, el objetivo de que no proceda el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, tratándose de violaciones procesales, es precisamente salvaguardar los principios de celeridad, unidad y economía procesal, sin que por ello pueda considerarse una violación al debido proceso y justicia pronta, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa, permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo. Sobre el particular resulta aplicable, la tesis 2a. XLIX/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009484 que precisa: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." En otro aspecto, es oportuno señalar, que la improcedencia del juicio para la protección de derechos fundamentales es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores constitucionales para analizar la inconstitucionalidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad; de modo que cuando se actualiza una causa de improcedencia manifiesta y notoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda debe ser desechada. En el caso la promovente Wendy Magdalena Magaña Segura reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, por el que se admitió a trámite la reconvención que bajo formal protesta de decir verdad la quejosa refiere que se promovió en su contra y ordenó emplazarla a fin de que produzca su contestación en el expediente 684/2017, relativo al juicio ordinario civil de su índice. De igual manera, reclama del actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, la ejecución de la orden de emplazarla para contestar la reconvención. Conforme a lo anterior, si lo que se reclama se trata de un acto dentro del procedimiento que se traduce en el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho que admitió la reconvención planteada en autos del juicio natural, entonces es válido concluir que se trata de un acto que no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable en la vía indirecta, pues en todo caso trastoca presuntivamente derechos de índole procesal que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la propia ley, son combatibles mediante la promoción del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva que en su oportunidad se dicte, ya que no se afecta de forma directa alguno de los derechos fundamentales de la promovente. Resultan aplicables las tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Semanario Judicial de la Federación, con registros 353425 y 225019, con los textos siguientes: "RECONVENCION, LA TRAMITACION DE LA, NO ES ACTO EJECUTADO DENTRO DEL JUICIO, QUE SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. La fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal exige, para la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio, que la ejecución de esos actos sea de imposible reparación, y la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, interpretando ese precepto, ha establecido que por tales actos deben entenderse únicamente aquellos que no sólo surten efectos jurídicos, sino que, además, tengan ejecución material en la persona o en los bienes del agraviado. Por tanto, si el acto que se reclama en la demanda de garantías, consiste en la sentencia interlocutoria dictada en un juicio sumario de rescisión de contrato, seguido por el quejoso, por la cual se ordenó la tramitación de la reconvención interpuesta por el demandado en dicho juicio, debe estimarse que aunque tal acto produce efectos en derecho, carece notoriamente de ejecución material, puesto que no tienen ninguna ejecución de esa clase en la persona del quejoso, y en su patrimonio, lo que indica que el amparo promovido es notoriamente improcedente y que debe confirmarse la resolución del Juez de Distrito pronunciada en el sentido de desechar la demanda." "DEMANDA RECONVENCIONAL, SU ADMISION NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCION SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. La admisión de la demanda reconvencional participa de la naturaleza jurídica de la demanda principal y en los términos de los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, no es un acto de imposible reparación. Esto es así, porque la referida admisión constituye un acto procesal que no impide la prosecución del juicio, ni causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva, dado que en ésta se abordará la materia sobre la que verse la reconvención; y, en su caso, tal fallo es susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo. En las relatadas consideraciones, en el caso se tiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Al sostenerse lo anterior no se soslaya que la promovente reclama por vicios propios la notificación que realizó el actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado; sin embargo aún considerando su actuación como acto destacado de cualquier forma resulta improcedente la demanda de amparo. Se afirma lo anterior ya que respecto del particular se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación que se reclama; y d) que por virtud de dicho medio esa actuación judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII del numeral 61 en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el incidente de declaración de nulidad previsto en el artículo 37, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que rige el acto impugnado. Tal precepto dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 37.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este capítulo serán nulas, y el notificador que las autorice incurrirá en una multa de una a diez unidades de medida y actualización, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la notificación." En ese sentido, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de actuaciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que ante esa circunstancia es válido afirmar que en contra de la notificación realizada a la aquí parte quejosa respecto del auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, procede el incidente de declaración de nulidad. Ello es así porque el citado numeral establece la procedencia del citado incidente para las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la cual prevé el capítulo III en relación a las notificaciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En esas condiciones, en el caso se tiene que la peticionaria del amparo, previo a promover el juicio de amparo, debió interponer el incidente de declaración de nulidad que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, pues no se advierta impedimento alguno para ello ya que es parte en el procedimiento natural pues bajo protesta de decir verdad refirió que la reconvención se promovió en su contra y por ello se ordenó emplazarla a fin de que realice su contestación; además existe la certeza de tal medio de impugnación, sin necesidad de interpretación adicional al artículo que expresamente lo prevé, según quedó precisado en párrafo que antecede, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance; lo que hace que en el caso se actualice la causa de improcedencia antes invocada. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo así como la diversa prevista en el artículo el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, desechar de plano la demanda de amparo que promovió Wendy Magdalena Magaña Segura en contra del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y Actuario de su adscripción. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil diecinueve....SUBSISTE PREVENCION AL QUEJOSO...
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