Wendy Lopez Arroyo
Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Wendy Lopez Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal y el cuadernillo original de la incidencia son susceptibles de destrucción. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal y el original del cuaderno incidental dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diecisiete de febrero de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintiuno de febrero de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: a) La omisión de admitir, citar y señalar fecha de audiencia de conciliación con motivo de las solicitudes generadas a través de la plataforma de la responsable identificadas con los folios MOR/6135/2022 y MOR/7900/2022. III. Inexistencia de los actos reclamados. Por regla general, cuando los actos reclamados a las autoridades responsables consisten en omisiones, la carga de la prueba recae en las propias autoridades; sin embargo, en el asunto esa regla no se actualiza, por las razones que enseguida se exponen. Para que se actualice la omisión que se les atribuye a las citadas autoridades responsables, es necesario que exista la obligación correlativa; es decir, que por mandato legal deban realizar la conducta cuya omisión se les reclama; por tanto, es necesario verificar si tenía la obligación de admitir, citar y señalar fecha para el desahogo de adiencia de conciliación con motivo de las solicitudes identificadas con los folios MOR/6135/2022 y MOR/7900/2022, como lo aduce la parte quejosa. En razón de lo anterior, conviene precisar el concepto "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, ya que éste tiene una intención o connotación mayor que aquél. Se afirma lo anterior, en virtud de que para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino que se requiere un elemento normativo previo que hace previsible el actuar que no se llevó a cabo; es decir, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada porque existe una obligación que así lo indica. En otras palabras, omitir no es un simple "no actuar", esto es, una ausencia total de determinada conducta, sino un no actuar como y cuando se está obligado. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para verificar la certeza de los actos omisivos, se debe examinar, en principio, si la autoridad a que se le atribuye está facultada para realizar la conducta que se le demanda y, en caso de estarlo, si se encuentra constreñida a hacerlo, ya sea por la existencia del precepto legal que así lo disponga, o bien, una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 53, que señala: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Asimismo, en lo conducente es aplicable la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 195 cuyo rubro y texto son: "ACTOS NEGATIVOS, NO BASTA LA SOLA AFIRMACIÓN DEL QUEJOSO PARA DARLES EL CARÁCTER DE. Para que se considere un acto como negativo debe tener ese carácter por naturaleza y no porque el quejoso lo afirme. Ahora bien, son actos negativos aquellas abstenciones de la autoridad que se producen al no realizar los actos que la ley le ordena y deben distinguirse de los motivos aducidos de inconstitucionalidad, los cuales pueden implicar omisiones. Por tanto, si el acto reclamado en un Juicio de Amparo se hace consistir en una inspección que, se pretende, fue realizada sin orden y sin las formalidades legales correspondientes, debe considerarse que se trata de un hecho que por su propia naturaleza constituye acto positivo y que las omisiones son los motivos de inconstitucionalidad invocados." En consecuencia, del examen realizado a las constancias de autos, se advierte que la autoridad señalada como responsable recibió las solicitudes de conciliación y formó el expediente MOR/CI/2022/001561, y que el siete de marzo de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente por razón de jurisdicción para seguir conociendo de la solicitud de conciliación presentada por la aquí quejosa. Así, en virtud del sentido de su determinación de declararse incompetente legalmente para conocer de la solicitud de conciliación en términos de lo dispuesto en el artículo 684-E, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, resulta inexistente la omisión que se le atribuye, en virtud de que no puede exigírsele que admita, cite y señale fecha para audiencia de conciliación, si existe una determinación que declara su incompetencia legal hasta el momento en que se actúa se mantiene firme, por no haber sido revocada o anulada. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Wendy López Arroyo, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil veintidós. Recepción del oficio. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Encargada de Despacho de la Dirección de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Morelos, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto de quince de marzo de dos mil veintidós, en el que regulariza el acuerdo de incompetencia y determina que no remitirá el expediente de origen al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dejando a salvo el fecho de la interesada para ejercer las acciones respectivas ante el tribunal laboral competente; además, adjunta la constancia de notificación de dicho auto a la aquí quejosa ***********, realizada el veintisiete de abril del año en curso. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Requerimiento satisfecho. En ese sentido, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad responsable y, por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que por auto de diecisiete de marzo del año en curso, se ordenó glosar a este expediente copia certificada del informe previo rendido por la autoridad responsable Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Morelos, así como de sus anexos, los cuales obran en el incidente de suspensión de donde deriva este cuaderno principal. Ahora bien, de las constancias referidas en el párrafo que antecede, se desprende que mediante acuerdo de siete de marzo del año en curso, ordenó regularizar el procedimiento de conciliación, dejó sin efectos todo lo actuado en el expediente MOR/CI/2022/001561, se declaró incompetente para conocer del asunto y remitió el expediente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México. Luego entonces, en atención a que este órgano se encuentra obligado a recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Morelos, para que dentro del término improrrogable de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumpla con lo siguiente: a) Informe si el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Diagonal 20 de Noviembre, número 275, colonia Obrera en la Ciudad de México, ya aceptó la competencia para conocer y resolver sobre el procedimiento de conciliación registrado con el número de expediente MOR/CI/2022/001561, declinada a su favor, o bien, la rechazó. b) En cualquiera de los supuestos anteriores, remita copia certificada de las constancias que sustenten su dicho. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el lapso que se le concede, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo estipulado en los numerales 237, fracción I, y 238 de la ley de la materia. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese.
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