Wendy Lisbeth Sanchez Morales
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Wendy Lisbeth Sanchez Morales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el veintitrés de junio dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa fue notificada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, quedando comprendido dicho plazo del treinta de junio al trece de julio de dos mil veintiuno y la tercera interesada fue notificada el veintinueve de junio de la presente anualidad, quedando dicho plazo del uno al catorce de julio del año en curso; en el entendido de que el término para las demás partes queda contenido en el antes indicado Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; memorial que, se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda. Asimismo, anexan copia certificada del auto de diecisiete de junio y notificación personal de veintiuno de junio de la presente anualidad, dictado en el juicio laboral OPD-JE4-06-108/2018, promovido por Wendy Lisbeth Sánchez Morales, contra Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; medios de convicción que se reciben de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo al contenido integral de las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable de referencia junto con su informe justificado, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; [.]." Como se aprecia del contenido de los preceptos normativos recién transcritos, la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica de la quejosa. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, que aún y cuando el mismo subsista, no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto rezan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Lo anterior, ya que, en el caso, se tiene que la materia del reclamo la constituye la omisión de acordar la promoción de ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio laboral OPD-JE4-06-108/2018 que se sigue en contra de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, tramitado ante la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Mientras que, de la información aportada por el titular del citado órgano laboral a través de su informe justificado, así como de las documentales que se acompañaron al mismo, se advierte que el diecisiete de junio de la presente anualidad dictó proveído en el juicio laboral OPD-JE4-06-108/2018, mismo que le fue notificada a la parte quejosa el veintiuno de junio del año en curso. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por una autoridad legalmente facultada para ello y son aptas acreditar que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno la autoridad responsable dictó proveído en el juicio laboral OPDJE4-06-108/2018. Por tanto, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos de las violaciones que constituían la materia de análisis en esta vía constitucional, restableciéndose así las cosas en el estado que guardaban antes de la promoción del juicio biinstancial en que se actúa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. De ahí que se estime que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional en estudio, en virtud de que ya no subsiste el acto inicialmente reclamado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Wendy Lisbeth Sánchez Morales, contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 321/2021-I. En términos de los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales, 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 112, 115, y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.
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