Wendy Leyva Ferrer

Expediente 948/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
948/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Wendy Leyva Ferrer

Actuaciones

  1. Principal

    Se ordenó registrar el exhorto 896/2020, dirigido al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a efecto de que notificara a la parte quejosa, del proveído de diecinueve de noviembre de ese mismo año, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que a la fecha obre en autos dicho exhorto.

  2. Principal

    Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Lo anterior no obstante que para que se le notificara el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a la parte quejosa se ordenó girar el exhorto correspondiente al Juez de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, en turno, sin que se haya enviado el mismo, pues la notificación de dicho auto se realizó de forma personal de manera electrónica, tal y como se advierte de la constancia que obra en el expediente electrónico y en el físico. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta se ordena obtener las copias certificadas para proveer lo conducente en el expediente administrativo respectivo.

  3. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Wendy Leyva Ferrer, contra actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 948/2020-III, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Así, del análisis de la demanda, se obtiene que la parte quejosa, como actos reclamados, en lo conducente, señala los siguientes: «1. Lo constituye la resolución de fecha 18 de marzo de 2020, en los autos del incidente de liquidación de pensiones adeudadas dentro del juicio de divorcio incausado número 1481/2016, en la que se me sentenció, bajo una deficiente y simplista operación aritmética, al pago de la cantidad de $163,861.04 (ciento sesenta y tres mil ochocientos sesenta y un pesos 04/100 MN), por resultar, de conformidad al criterio de la aquí responsable, fundada la propuesta de liquidación hecha por el aquí tercero interesado, lo cual viola los preceptos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales, así como diversos instrumentos internacionales respecto de los derechos humanos que me protegen; en razón de los conceptos de violación que más adelante se hacen valer de mi parte. 2. La orden de investigación por hechos puniblemente delictivos al dar vista al Ministerio Público de la adscripción del Juez Primero Familiar de primera instancia en Nezahualcóyotl, Estado de México, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente en la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, Estado de México, Unidad de Investigación D-2, de Neza-Palacio Nezahualcóyotl México, Mesa I de Trámite de Neza-Palacio, Carpeta de Investigación Número: NEZ/NEZ/NZ2/062/0571173/20/02, NIC: NEZ/NZ2/00/MPI/184/00078/20/02, Número Económico: 163/20. 3. La ilegal notificación de fecha 19 de marzo de 2020, con fecha de registro de fecha 27 de abril de 2020, mediante la cual se pretendió dárseme por notificada de la ilegal sentencia interlocutoria que también se impugna por este medio de fecha 18 de marzo de 2020. 4. El ilegal acuerdo de desechamiento del incidente de nulidad de notificación de fecha 27de octubre de la presente anualidad» (sic). Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el que hoy provee estima que por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en los autos del incidente de liquidación de pensiones adeudadas número 1481/2016, en la que se condenó a la hoy quejosa al pago de la cantidad de $163,861.04 (ciento sesenta y tres mil ochocientos sesenta y un pesos 04/100 MN), por concepto de pensión alimenticia definitiva, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: «Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano». En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes De los antecedentes de dicho acto reclamado que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, se advierte que la misma es parte en el juicio de origen, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos de ser extraña a juicio, estando en tales condiciones de agotar los recursos que establece la ley del acto, con el propósito de que el acto reclamado del que se duele fuere modificado, revocado o en su caso confirmado, por la autoridad que lo emitió previo a la promoción del juicio de amparo. En efecto, los artículos 1.360, 1.361, 1.366, 1.378 y 5.76 del Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de México establecen lo siguiente: «Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación. II. Apelación. III Queja. Artículo 1.361. Los recursos no son renunciables. Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, lo que de no prosperar motivarán su confirmación. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo salvo cuando la Ley determine lo contrario. Artículo 5.76.- La apelación procede en contra de: Las resoluciones que ponen fin a la controversia; El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y Las resoluciones interlocutorias y definitivas». Lo anterior evidencia que previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte agraviada debió agotar el recurso de apelación, previsto en el artículo 1.360, en relación con los diversos 1.366 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que señala que son apelables las resoluciones interlocutorias y definitivas, como lo especifica dicho código, ello en atención al principio de impugnación contenido en dichas normas adjetivas, que obligan a las partes a agotar los recursos que establece la ley del acto, con el objeto de que las determinaciones adoptadas en el mismo y contrarias a sus intereses jurídicos, sean revisadas por la autoridad que las emitió o por el superior de esta, con el objeto de que a través de tales medios de impugnación el acto que se revisa sea en su caso revocado, modificado o en su caso confirmado, y con ello agotar los recursos antes aludidos previos a la promoción del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad contenido en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo». Bajo ese contexto, una vez que la promovente tuvo conocimiento del acto del que se duele, estuvo en aptitud de interponer el recurso de apelación en contra de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en los autos del incidente de liquidación de pensiones adeudadas número 1481/2016, en la que se condenó a la hoy quejosa al pago de la cantidad de $163,861.04 (ciento sesenta y tres mil ochocientos sesenta y un pesos 04/100 MN), por concepto de pensión alimenticia definitiva, dictada por el juez señalado como responsable, tal y como lo establece el artículo 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, expresando los agravios que a su interés legal convinieran, con el objeto de que la determinación que en esta vía constitucional combate la parte quejosa, fuere modificada, revocada o en su caso confirmada, y con ello agotar los recursos que establece la ley del acto que aquí se reclama y al no haberlo hecho así no se está en el aludido principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo. Apoya a la anterior determinación por identidad de razón, la Jurisprudencia números 447 y 982 visibles en las páginas 297 y 674, del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo los rubros: «RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo y RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional». No es óbice a lo anterior que el acto reclamado pueda tener o tenga la característica de un acto de ejecución irreparable, contra los cuales resulta procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, sin embargo tal aspecto, no exime a la solicitante del amparo de agotar previo al juicio de amparo los recursos que establece la ley del acto, en este caso, el recurso de revocación a que se ha hecho referencia en el cuerpo de esta determinación. Sustenta lo anterior por las razones que indica, la tesis (10a.) visible en la página 358, tomo I, Libro 61, Diciembre de 2018, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación de rubro: «PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL 6 DE MARZO DE 2010)». De igual manera, sustenta lo anterior por las razones que indica, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) visible en la página 729, tomo I, Libro X, Julio de 2012, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación de rubro: «PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL». También, por los razonamientos que indica, la tesis II.40.C.28C, visible en la página 1589, Tomo: XXV, Marzo 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: «ALIMENTOS PROVISIONALES. LA DETERMINACIÓN QUE LOS DECIDE ES RECLAMABLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)». No obstante lo anterior, y a mayor abundamiento, el que hoy provee, estima que la aquí quejosa, ante el acto que aquí pretende reclamar, es decir, el monto que se le fijó como pensión alimenticia a favor de sus menores hijas pudo, en su caso, interponer incidente de reducción relativo a la pensión definitiva alimenticia impuesta a la agraviada en la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, por el juez señalado como responsable, previo a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior se apoya, por identidad de razón, en la tesis II.30.C.71C, visible en la página 1378, Tomo: XXIV, Diciembre 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: «PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI EL DEUDOR ALIMENTARIO NO ESTÁ CONFORME CON EL MONTO IMPUESTO DEBE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE REDUCCIÓN RELATIVO POR SER EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR ESA DISMINUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)». En virtud de todo lo anterior, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por lo que hace a dicho acto. Ahora bien, el que hoy provee estima que por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de investigación contenida en la carpeta NEZ/NEZ/NZ2/062/0571173/20/02, NIC: NEZ/NZ2/00/MPI/184/00078/20/02, número económico: 163/20, que se atribuye la parte quejosa al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, Estado de México, Unidad de Investigación D-2, Mesa I de trámite, de Neza-Palacio, resulta notoriamente improcedente por lo motivos y fundamentos legales que a continuación se indican. El artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, refiere lo siguiente: «Artículo 61.- El amparo es improcedente. XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia»; Quien hoy provee, estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente respecto al acto reclamado consistente en la orden de investigación contenida en la carpeta la carpeta NEZ/NEZ/NZ2/062/0571173/20/02, NIC: NEZ/NZ2/00/MPI/184/00078/20/02, número económico: 163/20, que atribuye a la autoridad ministerial señalada como responsable, acto que por su naturaleza, no afecta los intereses jurídicos del solicitante de amparo, en los términos que señala la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 21 constitucional otorga al Agente del Ministerio Público, la facultad de investigar los delitos y en su caso su consignación ante los tribunales que corresponda. En ese orden de ideas, si la parte quejosa solicita la protección constitucional en contra de la orden de investigación contenida en la carpeta la carpeta NEZ/NEZ/NZ2/062/0571173/20/02, NIC: NEZ/NZ2/00/MPI/184/00078/20/02, número económico: 163/20, que en su caso se esté realizando por parte de la autoridad administrativa que señaló como responsable por la posible comisión de un delito o hecho delictuoso, debe decirse que tal investigación no afecta de modo alguno, sus intereses jurídicos, en la medida en que derivado de dicha investigación no se afecta derecho sustantivo alguno de la hoy quejosa, como podría ser que se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En efecto, las diligencias necesarias tendentes a esclarecer posibles hechos delictuosos y los probables responsables en su comisión, no son actos que afecten los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues inclusive no es necesario que se le oiga en defensa de esos intereses «garantía de audiencia», ya que incluso la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación ante la autoridad judicial por parte del órgano investigador, de igual forma no es acto que en ese momento afecte derecho sustantivo alguno de la solicitante de amparo, pues éstos en todo caso se verán afectados hasta el momento en que el juez de la causa realice la valoración de las pruebas y de los hechos contenidos en la averiguación previa o carpeta de investigación y con base en ellos, libre la orden de búsqueda, aprehensión, detención o presentación solicitada por el órgano investigador, y será en ese momento cuando realmente se afecten los derechos sustantivos de la parte quejosa, en este caso, la libertad, momento en el que será procedente el juicio de amparo en la vía indirecta contra el mandamiento de captura, pero no contra la investigación que en su caso está realizando por el representante social, pues como ya se dijo ésta no afecta sus intereses jurídicos, en términos de lo que dispone la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, mientras las diligencias ministeriales realizadas por el agente del Ministerio Público, en investigación de un delito y del imputado, no afecten derechos sustantivos del sujeto involucrado en las mismas en su calidad de inculpado, el juicio de amparo contra tales actos resulta improcedente, porque hasta ese momento procesal no se actualiza afectación alguna a los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades de investigación conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular del quejoso al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que indica la tesis aislada VI.3o.8 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 264 del Tomo III, Enero de 1996, relativo a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: «AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO». De igual forma sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351 del Tomo XX, Diciembre de 2004, relativo a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: «ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO». Por lo tanto, al actualizarse la casual de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo por lo que respecta a dicho acto. Finalmente, respecto al diverso acto que se reclama y que hace consistir en la ilegal notificación de la sentencia interlocutoria de dieciocho de marzo de dos mil veinte, que fuera practicada en diecinueve de marzo de dos mil veinte, por medio de listas y boletín judicial que se fijan en los estrados del juzgado señalado como responsable, la hoy quejosa bajo protesta de decir verdad refirió haber promovido incidente de nulidad de notificaciones, el cual que fuera desechado en auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, siendo éste, diverso acto que se reclama y que realmente causa agravio, debido a que éste es consecuencia de la notificación de la sentencia interlocutoria de dieciocho de marzo de dos mil veinte. Dicho auto de desechamiento, fue transcrito por la impetrante, siendo del tenor literal siguiente. «De tal manera, se desecha de plano el incidente planteado, por notoriamente improcedente, ya que de autos se advierte la razón de notificación efectuada por la funcionaria adscrita a este Juzgado, a la promovente en el domicilio que les fuera autorizado mediante proveído de dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020), y que lo es LAS LISTAS Y BOLETÍN JUDICIAL de este Juzgado, proveído que al no haber sido impugnado adquirió firmeza procesal» (sic). Así, como se ha referido en párrafos anteriores, se advierte que la hoy quejosa es parte en el juicio del cual deriva este diverso acto reclamado, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos de ser extraña al juicio de origen, estando en tales condiciones de agotar los recursos que establece la ley del acto, con el propósito de que el acto reclamado del que se duele fuere modificado, revocado o en su caso confirmado, por la autoridad que lo emitió previo a la promoción del juicio de amparo. En efecto, de los artículos 1.360, 1.361, 1.362 y 5.74 del Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de México, citados en supralíneas, se puede advertir que previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte agraviada debió agotar el recurso de revocación, previsto en el artículo 1.362, en relación con los diversos 1.363 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que señala que son revocables los autos que no fueren apelables, y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó, como lo especifica dicho código, ello en atención al principio de impugnación contenido en dichas normas adjetivas, que obligan a las partes a agotar los recursos que establece la ley del acto, con el objeto de que las determinaciones adoptadas en el mismo y contrarias a sus intereses jurídicos, sean revisadas por la autoridad que las emitió o por el superior de esta, con el objeto de que a través de tales medios de impugnación el acto que se revisa sea en su caso revocado, modificado o en su caso confirmado, y con ello agotar los recursos antes aludidos previos a la promoción del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad contenido en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, previamente señalado. En consecuencia, una vez que la promovente tuvo conocimiento del acto del que se duele, estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra de lo acordado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el juez señalado como responsable, en los autos del expediente del cual deriva el acto reclamado, al día siguiente en que le fue notificado, tal y como lo establece el artículo 1.363 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, expresando los agravios que a su interés legal convinieran, con el objeto de que la determinación que en esta vía constitucional combate la parte quejosa, fuere modificada, revocada o en su caso confirmada, y con ello agotar los recursos que establece la ley del acto que aquí se reclama y al no haberlo hecho así no se está en el aludido principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior que el acto reclamado pueda tener o tenga la característica de un acto de ejecución irreparable, contra los cuales resulta procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, sin embargo tal aspecto, no exime a la solicitante del amparo de agotar previo al juicio de amparo los recursos que establece la ley del acto, en este caso, el recurso de revocación a que se ha hecho referencia en el cuerpo de esta determinación. En virtud de todo lo anterior, y al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII, XVIII y XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por lo que hace a dicho acto. A todo lo anterior, sirve de apoyo por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto subsane tal omisión. No obstante lo anterior, dada la naturaleza de este proveído, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese exhorto a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en Avenida Carlota número 289, Primer Piso, CTM Culhuacán, Sección V, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04440, Ciudad de México, debiendo requerirla para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación encomendada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de Distrito (Nezahualcóyotl, Estado de México), con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido las notificaciones que se le realicen, incluyendo las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se harán por medio de lista que se fija en lugar visible de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta a la autoridad exhortada, para que realice las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles. Asimismo, ténganse por autorizadas para los mismos efectos a las persona que indica, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al número telefónico y correo electrónico que indica, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. Ahora bien, como lo solicita el promovente, se ordena notificar electrónicamente las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con los artículos 96 y 97, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva, a Jesús Raúl Campos Martínez y Gisel Liliana Vásquez Bernal, quienes cuentan con los respectivos usuarios Asconjursc y gisellilianaaaa. En la inteligencia que se deberán ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiere enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva; lo anterior de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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