Wendy Jhosune Aguirre Márquez
Expediente 1980/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1980/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2018
Partes del expediente
- Wendy Jhosune Aguirre Márquez
Actuaciones
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del año en curso y anexos al mismo (fojas 125 a 126), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable informo dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso José Ángel Cortes Benítes. Mediante proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad (foja 130), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se personalmente notificó a la parte quejosa, el cinco de octubre actual (foja 131), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 57 a 78), en el que se determinó, por una parte sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción IV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo 30121087 emitido por la oficina recaudadora de rentas de Jala, Nayarit el cuatro de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Desincorporar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el presente y en el futuro. B).- Devolver al quejoso las contribuciones erogadas por este, con fundamento en las disposiciones anteriores. C).- Finalmente, la cantidad remanente a devolver debe ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/5505/2018, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del presente año (foja 125), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó copia simple del reporte de Transferencia SPEI, (foja 126), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente,. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de $18,497.50 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional), que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en cuatro de abril de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el dos de octubre dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 126), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436 y para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76200; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $18,313.43 (dieciocho mil trecientos trece pesos 43/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $0.00 (cero pesos 00/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $18,313.43 (dieciocho mil trecientos trece pesos 43/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $18,497.50 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 50/00 moneda nacional), es decir hay un excedente de $184.07 (ciento ochenta y cuatro pesos con siete centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte se SOBRESEYÓ y, por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en cuestión, a través de los cuales informa que por auto de tres del mes y año en curso, ese Tribunal Colegiado desechó el recurso de queja interpuesto por * y uno de julio del actual año (fojas 340 a 344 del cuaderno de antecedentes del original del incidente de suspensión), mismo que quedó registrado con el número 473/2018; en consecuencia, agréguense el oficio y anexo de cuenta a los presentes autos para los efectos legales procedentes.
- Principal
Tepic, Nayarit, diez de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; suscrito por *, delegado del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, y anexo consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del ocurso en cuestión, por medio del cual, en atención al fallo protector concedido en el presente juicio, informa que ordenó al tesorero municipal el pago inmediato al quejoso, manifestando que una vez realizado lo anterior remitirá las constancias que así lo acrediten, asimismo por dicho comunicado requieren al quejoso para que pase al lugar de residencia del ayuntamiento en comento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar; en la inteligencia de que no se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito, sino únicamente en vías de cumplimiento en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, las responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, deberán restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las entes responsables de referencia, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido en autos y acrediten haber realizado la devolución correspondiente; o en su caso, haber puesto a disposición de la parte quejosa el cheque correspondiente y las constancias con las que comprueben que notificaron lo anterior a dicha parte, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por *, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia con firma original de Domitila Rojas Villarreal, en calidad de heredera universal y albacea definitiva de la sucesión a bienes de*, de la entrega del cheque valioso por la cantidad de $ *, en cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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