Wendy Isela Huerta Rubio
Expediente 38/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Wendy Isela Huerta Rubio
Actuaciones
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/091/2017, signado por Miguel Agustín Cossio Campos, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, recibido vía correo electrónico, se informó que en sesión de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se determinó la adscripción de Francisco Javier García Contreras, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; en tal virtud, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales correspondientes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.104/2010, visible en la Página: 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice. SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se advierte de la constancia que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de tres de febrero del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Wendy Isela Huerta Rubio, queda firme para los efectos legales a que haya lugar. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula del expediente, y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ****, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos con domicilio en Ciudad de México; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este juzgado con el número 38/2017-4. -Análisis de demanda- A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, al analizar la demanda se advierte que: No menciona el número y la fecha del acuerdo que alude en su capítulo de acto reclamado en los apartados 2 y 3. Sólo exhibe siete copias de su demanda de amparo. No precisa qué acto reclama en lo individual a cada una de las autoridades responsables que señala. No indica cual es el acto concreto de aplicación. Irregularidades que no permiten dar inicio al juicio que se pretende, por existir oscuridad en la demanda. -Prevención- En consecuencia, por disposición del artículo 114, fracciones I, II, IV y V, en relación con el 108, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído: Aclare bajo protesta de decir verdad el acto reclamado, es decir, el número y fecha del acuerdo que reclama en los apartados 2 y 3. Exhiba dos copias más de su demanda de amparo, a fin de aperturar el incidente de suspensión. Precise qué acto reclama en lo individual a cada una de las autoridades responsables que señala. Aclare si se le ha aplicado correctamente alguno de los preceptos legales, decretos o acuerdos que reclama y de ser así, bajo protesta de decir verdad narre los antecedentes de esos actos de aplicación. Finalmente, deberá exhibir las copias del escrito con el que dé cumplimiento a dicha prevención, necesarias para correr traslado a las partes. El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio, a la luz del dispositivo mencionado en el párrafo que antecede. -Apercibimiento- Con el apercibimiento que de no cumplir con lo señalado, dentro el término concedido para ello, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones a Mario Sedano Ureña y Víctor Salvador Torres Ureña, conforme al último párrafo, del artículo 12, en relación con el segundo párrafo, del numeral 24, del mismo ordenamiento. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva; y en su caso acompañar de la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber al quejoso, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos".
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