Wendy Hernández Galvez
Expediente 270/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Wendy Hernández Galvez y Otros.
- Wendy Hernández Galvez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo, gírese atento oficio al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de solicitarle se sirva informar su determinación a respecto a la autorización de los honorarios de alguno de los especialistas propuestos para la prueba pericial en materia de valuación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión R.I. 589/2017, de su índice, así como el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 885/2017; al respecto, acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes, que la Superioridad en sesión de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la resolución interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA ...." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente Electrónico (SISE). Lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que se anexa una copia certificada, así como cuatro copias de dicha resolución, y con los autos originales del juicio de amparo 241/2017, del índice de este juzgado; al respecto, acúsese recibo, y hágase del conocimiento de las partes que en sesión de trece de febrero del presente año, la superioridad determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto del punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en términos del séptimo considerado de la presente ejecutoria. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA QUIROZ, en contra del acto de aplicación respecto del artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con las consideraciones y para los efectos precisados en el octavo considerado de esta ejecutoria. Notifíquese." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, agréguese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión que se tramitó; y, para un mejor manejo del expediente, realícese el desglose correspondiente de las copias que obran agregadas en el citado cuaderno de antecedentes, toda vez que resultan innecesarias al constar en autos sus correlativas originales. Al respecto, este Juzgado de Distrito considera relevante precisar que los efectos del amparo concedido en el presente asunto, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue para los efectos siguientes: ".exclusivamente por cuanto al acto de aplicación del punto 1, de la fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en dos mil diecisiete, la autoridad responsable para efectos del cálculo del impuesto predial por periodos bimestrales -o el anual- mediante la aplicación al valor catastral del inmueble en controversia de la tarifa a que se refiere el artículo 130, fracción I, del citado ordenamiento jurídico, respecto a los rangos de "E" al "P", aplique sobre la cuota fija de la tarifa que corresponda al valor catastral del inmueble, el beneficio fiscal de la reducción de esa cuota del rango "D", de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en dos mil diecisiete y, en consecuencia, que la autoridad devuelva las cantidades que resulten a favor de la parte quejosa sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo". En ese sentido, toda vez que las autoridades responsables Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sólo intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional como autoridades con facultades legislativas; es de concluirse, que no existen actos materiales que se encuentren obligadas a realizar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en página 414 del tomo VI, octubre de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." En atención a lo resuelto por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 211 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación, supletoria a la Ley de la Materia, REQUIÉRASE al quejoso José Francisco Martínez de la Vega Quiroz, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día hábil siguiente al en que quede notificada de este proveído, formule acorde a lo resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el cálculo y señale la cantidad que considera le debe ser devuelta con motivo de la protección constitucional concedida en la presente instancia, lo cual constituye una condición indispensable para iniciar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual, deberá exhibir ante este juzgado las documentales con las que cuente y que sirvan de base para cuantificar la cantidad líquida a la que considera tener derecho, además de proporcionar las operaciones aritméticas relativas que la lleven a determinar la misma. Lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la quejosa, se encuentre en posibilidad de dar vista a las autoridades responsables con la cantidad determinada por la propia peticionaria de amparo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Resulta aplicable al respecto, por analogía la jurisprudencia número P./J. 46/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y uno, tomo XXX, del mes de julio de dos mil nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA. Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, por ejecución de sentencia debe entenderse la obligación constitucional del juzgador que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cumpla, sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la sentencia relativa, es decir, es una cuestión de orden público lo que exige que las decisiones y acciones adoptadas en esta materia no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a este objetivo. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2007, consiste en la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá seguir este procedimiento: 1. Una vez que cause ejecutoria la sentencia protectora o que se reciba el testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo conminará a la responsable a comprometerse a no aplicar en el futuro a la quejosa el precepto declarado inconstitucional, lo cual deberá informar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación referida. 2. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá a la quejosa para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla, y en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a dicha contribución, formule el cálculo del impuesto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago del impuesto y la que se le debe devolver, en la inteligencia de que no señalará plazo para su desahogo; pero hará saber a la quejosa que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. Una vez desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por ésta, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista a la autoridad responsable con dicho documento por un plazo de cinco días para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por la quejosa, y sobre aquélla se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el Juez Federal sólo deberá requerir a la autoridad responsable su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta el momento en que sea devuelto, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia de amparo. 3. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." En ese sentido, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia anteriormente transcrita, la determinación de las cantidades que corresponde devolver en virtud de la protección constitucional concedida, corre a cargo de las partes en el presente juicio, apercíbase a la parte quejosa de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al ser ésta la mínima establecida conforme a la tabla siguiente:(...) En ese sentido, resulta menester destacar que el apercibimiento referido en el párrafo que antecede, se efectúa en razón de que el motivo de su aplicación, en su caso y como se dijo, sería la inobservancia de un mandamiento judicial orientado a recabar la información que se estima necesaria para cuantificar ciertas cantidades y así poder iniciar el procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en autos, lo cual no significa que se impondrá la multa por no acatar la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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