Wendy Guerrero López

Expediente 494/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
494/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Wendy Guerrero López

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato; dos de junio de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    León, Guanajuato; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. I. Parte quejosa cumple requerimiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los presentes autos la constancia de ratificación de firmas que antecede, de la que se advierte que la quejosa Wendy Guerrero López ratificó el contenido y firma de la demanda de amparo y el ocurso aclaratorio; en consecuencia, se provee: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que la impetrante reclama la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Civil de Supremo tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 173/2022, mediante la cual confirmó la audiencia de remate celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente C606/2019. III. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." [Lo destacado es de este Juzgado] De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ó la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo dentro del procedimiento de remate, puesto que, la quejosa reclama en la presente instancia constitucional la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Civil de Supremo tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante la cual confirmó la audiencia de remate celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente C606/2019, por lo que el acto reclamado no tiene el carácter definitivo, debido a que falta la orden de escrituración a favor del adjudicatario o, en su caso, la entrega del bien. En ese contexto, es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha tomado la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, precisamente porque no se ha determinado el envío del expediente a la Notaría Pública para que de ahí se obtenga la información necesaria para que el fedatario elabore la escritura correspondiente, caso en el cual la actuación de la autoridad conlleva imperio, puesto que ya ninguna influencia tendrá la voluntad u oposición de la parte ejecutada, sino que quienes intervienen en el procedimiento quedan constreñidos a observar la ejecución de la orden judicial, es decir, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, precisamente porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y, además, hubieren trascendido al sentido de la resolución. Acude en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, visible en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011474, cuyo rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega material del bien, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente de manera indudable, en términos de lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley de Amparo. Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora que quien promueve la presente demanda es la parte actora en el juicio de origen, y no así el ejecutado, reclamando la resolución que confirma la audiencia de remate, en virtud de que no se le calificó de legal su postura y por ende, no se le adjudicó el bien materia de la litis; sin embargo, esa sola circunstancia no torna procedente la demanda de amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, claramente establece que en casos de remate, se harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento hasta la última resolución del mismo, sin hacer distinción alguna sobre las partes del juicio a quienes les resulta aplicable, por tanto, se considera actualizada la citada causal de improcedencia. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    I.Recepción de testimonio del amparo en la denuncia de repetición de acto reclamado 2/2021, autos originales del juicio de amparo 737/2018-II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, determinó: "ÚNICO. Es infundada la denuncia de repetición de los actos reclamados, planteada por el quejoso J. Jesús Sánchez Núñez, por consiguiente, no es el caso de emitir dictamen en el sentido de remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que aplique a las autoridades responsables la sanción a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, segundo párrafo, de la Constitución Federal." Acúsese el recibo correspondiente. Glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes correspondiente, pues se estiman innecesarias las diversas que en copia certificada lo integran, dado que sus originales constan en el expediente en que se actúa. II.Se levanta reserva. Ahora bien, tomando en consideración que por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo procedente respecto a las manifestaciones vertidas por el quejoso a través del escrito recibido en este Juzgado de Distrito el dieciséis de noviembre de dos mi veintiuno, hasta en tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, emitiera el pronunciamiento respectivo con relación a la repetición del acto reclamado de trato, lo cual ya aconteció, consecuentemente se levanta la reserva decretada en auto de referencia, y se acuerda: Vistas las manifestaciones realizadas por el quejoso con relación a la manera en la cual -desde su punto de vista- debe cumplimentarse la ejecutoria dictada en el presente asunto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que como ya se le había expresado con anterioridad, en el presente caso no es factible aplicar lo relacionado con el artículo 193 de la Ley de la Materia, dado que el presente sumario es un asunto en el que ya se había declarado cumplido el fallo protector e incluso archivado el mismo dada la firmeza de tal actuación, por lo que no resulta factible abrir un nuevo proceso de ejecución de sentencia ni emitir mayor pronunciamiento en torno a sus manifestaciones y peticiones que esgrime relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, pues como lo resolvió el Tribunal Colegiado de referencia no existe repetición del acto reclamado, y por ende, tampoco materia para cumplir por parte de las autoridades responsables. III. Devolución del expediente al archivo. Finalmente, tomando en consideración que la superioridad resolvió la denuncia de repetición del acto reclamado hecha valer por el quejoso, la cual fue declarada infundada, devuélvase la presente pieza de actuaciones al archivo de donde fue extraído.

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