Wendy Guadalupe Peralta Muñoz
Expediente 485/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Wendy Guadalupe Peralta Muñoz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio 1238-A/2017 y anexo, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del recurso de queja 214/2017, de la estadística de ese Órgano Colegiado, en sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja. Por tal motivo, se declara que el auto recurrido de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes, acúsese el recibo correspondiente. Ahora, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 6368/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se rindió el informe materia de la queja y se remitieron las constancias relativas al juicio de amparo 485/2017. Asimismo, informa que el veintidós de agosto del año en curso, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa **** contra el proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el cual fue radicado con el número de queja 214/2017 de su estadística.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecinueve de julio del año en curso dictado por este juzgado, en el cual se desechó de plano su demanda de amparo. En tal virtud, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito: el original del escrito de agravios, así como una copia, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias que este Juzgado estimó para la substanciación del recurso, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.
- Principal
CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Wendy Guadalupe Peralta Muñoz, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, y otras autoridades; se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 485/2017. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, la promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: De la Delegada Estatal, reclamo: La omisión del cumplimiento a sus funciones en apego al Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 14, al NO supervisar y coordinar sus áreas Administrativas para el otorgamiento de las prestaciones a los Derechohabientes. Del subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, reclamo: la violación de los Artículos 1°, 4°, 6°, 14, 16 y 123 Constitucionales, al no concederme mi pensión por viudez, violentando mi derecho a la Seguridad Social y Familiar." "FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: Fue el lunes 26 de junio del dos mil diecisiete, fecha en la que me apersone (sic) a la Subdelegación de Prestaciones, y se me informo (sic) mediante oficio No. 023.032/DP/792/2017 de fecha 23 de junio del 2017, emitido por el C. FERNANDO CASTRO BORGES, Subdelegado de Prestaciones, que NO se me otorgaría mi pensión de viudez, siendo que entregue todos los documentos exigidos para tal fin". De lo vertido en líneas que anteceden se desprende que el acto reclamado radica, en esencia, en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio número 023.302/DP/792/2017 de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, le informó a la parte quejosa que no era procedente concederle la pensión solicitada, toda vez que no tiene derecho a dicha pensión identificada con el número 1383611, misma que pertenecía a Calixto Eduardo Caballero May, por las razones ahí expuestas, esto es, que no acreditó el concubinato de cinco años requeridos por el artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo. En otro orden de ideas, de conformidad al artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la procedencia del juicio de amparo se condiciona a que previamente se hayan agotado el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada alguna determinación emitida por una autoridad distinta de las jurisdiccionales (salvo los casos de excepción). En mérito de lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado de mérito sea conclusivo de un procedimiento en sede administrativa, no altera de forma alguna las exigencias de procedencias establecidas; por lo cual, este órgano constitucional está obligado a verificar que la parte quejosa haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. A partir de tales consideraciones, importa tener en cuenta que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." Del precepto transcrito, se aprecia que el ordinal en cita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se traduce en la obligación impuesta a los gobernados de agotar, previo a acudir a la instancia constitucional, el juicio, recurso o medio de defensa procedente que pudiera modificar, revocar o nulificar los actos que estima afectan su esfera jurídica; principio de definitividad que no sólo deriva de la Ley de Amparo sino también se encuentra expresamente consignado en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, como condicionante para el ejercicio de la acción de amparo. Lo anterior permite concluir que, para que se actualice la causa de improcedencia referida, es indispensable que se cumplan con los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea proveniente de un procedimiento seguido en forma de juicio por una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial puede ser modificada, revocada o nulificada. Precisado lo anterior, se tiene en cuenta que la quejosa se duele de la negativa por parte del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, de concederle la pensión identificada con el número 1383611, misma que pertenecía a Calixto Eduardo Caballero May, por las razones expuestas en oficio número 023.302/DP/792/2017 de veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Por otra parte, cabe precisar que las autoridades que no son formalmente fiscales, pero que tienen que ver con tal materia, están sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación; en ese rubro, el artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal antes mencionado, prevé que dicho Órgano jurisdiccional conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles, sean éstas a cargo del erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho de otro modo, la legislación invocada permite a los pensionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclamar vía juicio de nulidad el silencio o resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles ante dicha institución en relación a sus demandas o solicitudes que guarden relación directa con las pensiones que se hubieren otorgado; de donde se sigue que en contra la resolución dictada en un procedimiento el gobernado puede recurrirla ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, pero necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de amparo. Tiene sustento lo antes expuesto el contenido de la Jurisprudencia 2ª./J.95/2004, visible en el página 414 del tomo XX, Julio de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro y texto establece lo siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De lo anterior, se colige que la quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el juicio de nulidad mediante Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación a la improcedencia de otorgarle la pensión por viudez que reclama del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es aplicable la Jurisprudencia XXV.2o.J/1 (10a), visible en la página 1922 del Tomo III, Octubre de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro y texto establece lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA ACTOS NEGATIVOS POR ABSTENCIÓN CON EFECTOS POSITIVOS. En términos del artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio de nulidad procede contra las resoluciones administrativas previstas en el numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (correlativo del numeral 3 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), las cuales, para ser impugnables, deben representar la voluntad definitiva de la autoridad administrativa y ocasionar un agravio a los gobernados, pudiéndose manifestar esa voluntad final en forma aislada y a través de actos negativos por abstención con efectos positivos, esto es, los que al exteriorizarse privan del derecho subjetivo cuya titularidad se defiende en la vía contenciosa administrativa, pues no se advierte que dichas legislaciones limiten la procedencia del juicio contra actos de naturaleza positiva, o bien, resoluciones negativas simples, es decir, aquellas que se manifiestan mediante el rechazo expreso o ficto de la autoridad acerca de lo pedido. Por tanto, con apoyo en el principio in dubio pro actione, los citados preceptos deben interpretarse en el sentido de que el juicio contencioso administrativo federal también procede contra dichos actos negativos. Un ejemplo de éstos es la omisión o abstención de incrementar las prestaciones denominadas "bono de despensa" y "previsión social múltiple" a una pensión, y su existencia se corrobora con el recibo de pago correspondiente, ya que refleja la voluntad definitiva de la autoridad de negar el derecho sustantivo que pretende acreditarse, con fundamento en el artículo 57, último párrafo, parte final, de la Ley del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada -cuya redacción coincide con el artículo 43, tercer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley de ese organismo vigente-, por lo que contra ese acto procede el juicio contencioso administrativo, al expresar la entrega de un monto menor del que pretende el demandante." Habida cuenta que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones de agotar el principio de definitividad, toda vez que no se trata de un tercero extraño, ni se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución, máxime que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo -ordenamiento que regula el juicio contencioso precitado- no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, tal como lo prevé la jurisprudencia 2ª./J. 130/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, página 1446 que al rubro establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO" En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio René Gómez Mezeta y en términos restringidos a Abril Araceli Ramos Rincón, por así haberlo solicitado la parte promovente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. De igual manera, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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