Wendy González Celaya
Expediente 1203/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 31 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 31/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Wendy González Celaya
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece que, por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por tanto, se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual, informa el contenido del proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 1005/2020-D-8 y sus acumulados, promovido por Miguel Ángel Fonseca Valencia, en nombre de Carlos Alberto Angelino Barrón y Wendy González Celaya, en el que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del mismo, por lo que ordenó remitirlo a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y que por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. En atención a lo anterior, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1203/2020-VIII. Acúsese recibo de estilo. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridades y actos recamados, los siguientes: Cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, del rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 200), Materia Común, página 32) Ahora bien, a efecto de proveer lo que conforme a derecho corresponda, es pertinente señalar, en primer lugar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta: a) Por materia b) Por territorio c) Por grado Ahora bien, las razones que expuso el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en el auto dictado el treinta de diciembre de dos mil veinte, en el expediente 1005/2020-D-8 y sus acumulados, para declararse legalmente incompetente, son las siguientes: Es decir, estimó carecer de competencia legal por razón de territorio, toda vez que los actos que reclaman los quejosos se está ejecutando en la Ciudad de México, por lo que aduce, el acto reclamado producirá sus consecuencias jurídicas y/o deberán ser acatadas fuera de su jurisdicción y su conocimiento corresponde a la competencia de un juez en este territorio, pero precisó que en materia administrativa. En ese tenor, si bien como lo sostiene el juzgado declinante, los actos reclamados se ejecutarán en la Ciudad de México, y en razón de territorio corresponde conocer del asunto a un Juzgado de Distrito en esta ciudad, también lo es que este juzgado resulta incompetente por razón de materia, pues el acto impugnado no se encuentra dentro de la esfera competencial que señala el artículo 52 para los jueces en materia administrativa, que dispone: ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y (.) En ese sentido, conviene precisar que el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece los supuestos en que conocerán los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a saber: ARTÍCULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I.De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.] En ese contexto, es dable concluir que la orden de traslado del centro de reclusión donde se encuentran los quejosos a uno diverso, la incomunicación y la orden de reubicación de dormitorio, que por esta vía se reclaman, con independencia de la naturaleza de la autoridad que la ordena, son actos de los cuales debe conocer un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, fracción I, transcrito en líneas precedentes. Lo anterior se afirma en razón de que con motivo de que con las reformas constitucionales a los artículos 18, segundo párrafo, en el que se precisa que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir y, el artículo 21, párrafo tercero, en el que se dispone que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, se obtiene que la competencia radica en los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal. Por lo anterior, a partir de las reformas aparece la figura del Juez de Ejecución, cuya incorporación conlleva a que la etapa de la ejecución de la pena forme parte del proceso penal desde el ámbito jurisdiccional y no administrativo, con lo cual se incorpora un control jurisdiccional en lo referente al cumplimiento de las penas, desde luego con el apoyo de la administración penitenciaria, la cual no desaparece, pero sí se le restringe en sus facultades únicamente a la administración de las prisiones. De manera congruente con lo anterior, en cuanto a la judicialización de la etapa de ejecución de las penas, en el procedimiento penal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil doce, correspondiente al amparo en revisión 648/2011, precisó que a partir de la reforma al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor tres años después, esto es a partir del diecinueve de junio del dos mil once, de acuerdo con el numeral Quinto Transitorio, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a partir de lo cual, las normas secundarias estarán orientadas a trasformar el pasado régimen en el que el poder ejecutivo estaba a cargo de la modificación y duración de las penas en la etapa de ejecución de sentencia y, mediante un cambio de paradigma se abren las puertas a los sentenciados para acceder a la prerrogativa constitucional, de exigir que se respete su derecho fundamental de que sea la autoridad judicial quien resuelva lo relativo a determinados beneficios preliberacionales, como la libertad preparatoria en materia federal. En este sentido, si con motivo del nuevo Sistema de Reinserción Social, contenido en el reformado artículo 18, segundo párrafo, y el de Modificación y Duración de las penas, previsto en el párrafo tercero del artículo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se generó un cambio sustancial por cuanto a la limitada intervención de la autoridad administrativa, entre otras cuestiones en la supervisión de los centros de reclusión, que anteriormente le correspondía, y que ahora estará a cargo de las autoridades judiciales, los actos que reclaman los quejoso en el presente juicio de amparo, quedan comprendidos en el ámbito de la materia penal y no administrativa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA" respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. (Registro: 2001982, Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Octubre de 2012, página 17) Máxime que del exhorto 240/2020, del índice de este juzgado, a través del cual se diligenció el diverso 110/2020-D-8, derivado del citado juicio de amparo 1005/2020-D-8, el cual se tiene a la vista como hecho notorio, se advierte que al notificar los autos de treinta de diciembre de dos mil veinte, dictados por el Juzgado Quinto oficiante y por este órgano judicial, ante el actuario de la adscripción, los quejosos Wendy González Celaya y Carlos Alberto Angelino Barrón, indicaron, en la parte que interesa, que no se encuentran incomunicados, por lo que tal acto no constituye una determinante para establecer que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a este juzgado. En ese sentido, se advierte que tal y como lo estima el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, el Juez competente para conocer del presente juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción se ejecutarán los actos reclamados, pues es éste el lugar en donde se verán reflejadas sus consecuencias; sin embargo, por razón de materia corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, conocer el presente asunto y no a un juez en materia administrativa como lo propuso. En razón de lo anterior, éste órgano judicial no acepta la competencia planteada; por lo tanto, se ordena devolver el presente asunto a su lugar de origen manera electrónica, vía interconexión, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, solicítese atentamente se sirva acusar de recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellos o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que se reanuden las labores en este juzgado, o bien, continúe rigiendo el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" y en esas circunstancias haya cumplido previamente con los lineamientos establecidos en sus artículos 2, fracción VII, 3 y 4, relativos a la programación de citas para la consulta del expediente. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Wendy González Celaya, en lugar en el que se encuentran recluidos, esto es, en la penitenciaría y en el penal femenil de Santa Marta, ambos con residencia en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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