Wendy González Celaya y Otros.

Expediente 990/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
990/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Wendy González Celaya y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta y certificación secretarial que antecede de la que se advierte que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, habiendo transcurrido el término que señala el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto concluido... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Yoanna Fonseca Valencia en representación de 1. Wendy González Celaya, 2. Carlos Alberto Angelino Barrón, 3. Juan Manuel Espinosa González, y 4. Raúl Iván Espinosa González, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; fórmese el expediente 990/2020 y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Desechamiento En la demanda de amparo, los peticionarios señalan como actos reclamados (1) la discriminación, y (2) la restricción para acceder a la vacuna del virus Sars-Cvd2, ya que se encuentran recluidos en un centro penitenciario en la Ciudad de México, razón por la cual, afirman, no recibirán la vacuna del virus Sars-Cvd2, que se distribuirá por el Estado Mexicano, ello a pesar de que forman parte de un sector vulnerable al estar recluidos y padecer enfermedades respiratorias crónicas. Ahora, es un hecho notorio para el suscrito que hasta el día de hoy, el Estado Mexicano no ha comenzado con la aplicación de la vacuna del virus Sars-Cvd2, pues no han arribado al territorio nacional las dosis para su distribución, por lo que aún está pendiente el inicio de la implementación del programa de vacunación diseñado por la Secretaría de Salud Federal. Por otra parte, en los antecedentes del acto reclamado los quejosos no proporcionan datos que permitan al suscrito establecer un nexo entre la falta de aplicación de la vacuna y un posible acto de discriminación, pues aún no se ha implementado el plan para repartir las dosis. En ese contexto, la demanda de amparo no se ubica en los supuestos de urgencia a que se refiere el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el que suscribe considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para justificar lo anterior, es oportuno recodar que conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano de control constitucional que conozca del juicio de amparo indirecto a desechar de plano la demanda de amparo cuanto encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución General, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseído, generando además desgaste en el aparato judicial. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En ese sentido, podrá desecharse una demanda de amparo cuando la causa de improcedencia del juicio constitucional se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, en el particular, el suscrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia que surge de la interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona o, bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se destaca el contenido de los artículos 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que prevén que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto o, bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. De igual forma, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica y por lo tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad de la promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, a través del cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo que, en el caso no se cumple y, por tanto, hay ausencia de su voluntad para iniciar la presente instancia constitucional. Así las cosas, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica). En ese orden de ideas, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de iniciar este juicio constitucional. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), pues como se expuso al inicio de este apartado aun no inicia la distribución de las dosis de la vacuna del virus Sars-Cov2. Finalmente, hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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