Wendy Castañeda Torres

Expediente 1846/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1846/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2016

Partes del expediente

  • Wendy Castañeda Torres

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos y sin dictar mayor proveído sobre su contenido, el escrito signado por José Luis .., toda vez que no tiene reconocida personalidad como tercero interesado en esta instancia constitucional, al haberse desechado la demanda de amparo por improcedente

  2. Principal

    HA QUEDADO FIRME el proveído mediante el cual se desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, por tanto archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido

  3. Principal

    téngase por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y sin dictar mayor proveído, ello en virtud de que la demanda de amparo se desechó por improcedente.

  4. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN SÍNTESIS DICE: téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo directo 1195/2016, en el cual obra el proveído de veinte de octubre del año en curso, por la que dicho órgano colegiado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Wendy Castañeda Torres, contra actos del Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de haber considerado que el acto de molestia, lo constituye el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, de modo que, se remite la mencionada demanda de amparo, así como el expediente antes señalado y demás anexos adjuntos. Ante esa virtud, acúsese el recibo de estilo correspondiente y en acatamiento a la determinación de la Superioridad, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del presente asunto. En tales condiciones, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1846/2016-B, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de las consideraciones siguientes: En efecto, si conforme a los antecedentes narrados por la quejosa, se desprende que el acuerdo reclamado se pronunció dentro del incidente de convivencias familiares, es evidente que, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, contempla expresamente un capitulado de diversos medios de impugnación que pueden ejercitar las partes que intervienen dentro de los procedimientos familiares cuya tramitación rige dicho cuerpo normativo, los cuales, pueden conducir a confirmar, revocar o modificar el acto que agravia a la interesada, y siendo así, no es optativo para ésta emplear o no, el recurso ordinario de que se trate, pues, no debe perderse de vista que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa cuya procedencia opera después de agotar el examen del acto ante la potestad común. En el caso, el artículo 572 del Código Procesal Familiar antes invocado, determina expresamente qué tipo de determinaciones se consideran como resoluciones apelables, entre las cuales, no se encuentra el acuerdo que se combate, de veintitrés de septiembre del año en curso, por el que, la autoridad judicial responsable fijó día y hora para que tuviera verificativo la comparecencia de los menores María Fernanda y Sebastián Emiliano de apellidos Hernández Castañeda, y requirió a la quejosa la presentación de los mismos, dentro del procedimiento incidental que se encuentra substanciándose, habida cuenta que, es evidente que no se trata de una sentencia provisional ni definitiva, tampoco de una interlocutoria o auto que expresamente admita el aludido medio de impugnación. Por tanto, el recurso procedente contra lo reclamado es la revocación que se contempla en el artículo 566 de la mencionada legislación familiar, en razón de que este precepto legal dispone expresamente que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso. Bajo ese tenor, es evidente que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que, en la especie, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ello es así, pues como se ha dicho, si la inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados mediante el sentido de la orden decretada por el juez responsable, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional; pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación, como ya se dijo, aún cuando la revocación no tenga efectos suspensivos. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere al acuerdo de la autoridad responsable en el que señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la comparecencia de los menores hijos de la aquí quejosa, y además la requirió para que presentará a los mismos, de modo que, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime, que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica, y la quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, sino de parte demandada dentro del procedimiento incidental de origen. De igual manera, no pasa inadvertido para este Juzgado Federal, la jurisprudencia de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." , pues la misma no es aplicable al caso que nos ocupa, tomando en consideración que para la actualización de la excepción al principio de definitividad a que se refiere tal criterio, es necesario que se alegue en la demanda un riesgo para la menor de edad involucrado con la ejecución del auto y/o resolución reclamada, y en el caso, tal circunstancia no es alegada de ninguna manera por la parte quejosa en el escrito inicial. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar como se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata, en términos de los arábigos 112 y 113 de la Ley de la Materia. Ello, sin que pase inadvertido que en la demanda se hace inferencia a que se trata de menores de edad, pues aún bajo esa circunstancia no es procedente admitir a trámite la demandada de amparo de que se trata, dado que tal circunstancia no exenta a la promovente de hacer valer el recurso ordinario contemplado en la ley que rige la tramitación del acto, previo a la promoción del juicio constitucional, tal como se sostiene en la jurisprudencia número 1a./J. 113/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 20013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación

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