Wendy Alejandra Flores Curiel y Otros.

Expediente 408/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
408/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Wendy Alejandra Flores Curiel
  • Lía Sofía Ortiz Flores
  • Wendy Alejandra Flores Curiel y Otros.
  • Lía Sofía Ortiz Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que mediante oficio 8656/2020, que contiene el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, el Juez Tercero de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, remitió a este órgano de control constitucional el expediente del juicio de amparo indirecto 375/2020, promovido por ****, planteando el returno por conocimiento previo del expediente 863/2019 el cual se aceptó y se ordenó continuar con su substanciación mediante auto de siete de agosto de dos mil veinte, sin que dicha circunstancia se haya hecho del conocimiento al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, para los efectos estadísticos conducentes. En consecuencia, hágase del conocimiento a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, respecto del returno planteado, aceptación y continuación del juicio de amparo señalado, para efectos estadísticos conducentes, solicitando la expedición de la boleta de turno respectiva para ser agregada al presente expediente. Cúmplase.

  2. Incidental

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el cual se devuelve lo actuado en el exhorto 94/2020-III-L. Dese de baja la comunicación oficial en cita y acúsese recibo.

  3. Principal

    De autos se advierte que por acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por el Juez Cuarto de lo Familiar del Estado de Colima, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida el ocho de febrero de dos mil veintiuno, por este órgano jurisdiccional así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión 1. Deje insubsistente el acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte; y, Mediante oficios recibidos en este juzgado el diez de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte; y, Si está cumplida. 2. En su lugar dicte otro en el que resuelva lo conducente sobre la interposición del recurso de apelación en cuestión, prescindiendo de las consideraciones que aquí se determinaron ilegales. Determinó lo conducente sobre la interposición del recurso de apelación en cuestión, prescindiendo del argumento de que el auto recurrido fue emitido en cumplimiento a la diversa ejecutoria de amparo emitida en el contradictorio federal 863/2019-V, del índice de este juzgado federal, cuestión que es materia de la litis del medio de impugnación, fundando y motivando dicha determinación. Es decir, la autoridad responsable admitió el recurso de apelación, interpuesto por la aquí quejosa. Si está cumplida. De la tabla precedente se obtiene, que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Sin que obste lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra indebidamente cumplida, en virtud de que la autoridad responsables no obstante que el escrito que se interpuso el recurso de apelación, se le solicitó que el mismo fuera admitido en efecto suspensivo, y contrario a ello, la responsable arbitrariamente lo hace en efecto devolutivo, contrario a los efectos de la ejecutoria de amparo que la responsable pretende cumplir. Las anteriores manifestaciones, resulta inoperantes en virtud de que los efectos de la ejecutoria de amparo, únicamente fueron en el sentido de que resolviera lo conducente sobre la interposición del recurso de apelación en cuestión, prescindiendo de las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo; sin embargo, la cuestión inherente al sentido en el que se debe de admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en el procedimiento de origen, no fue materia de la litis constitucional y por consecuencia de los efectos de la sentencia protectora. Es decir, no se le dieron lineamientos con relación a que se admitiera en efecto determinado, ni que se tomara en consideración una particularidad para que así lo hicieran, por lo que se traduce a que dicha circunstancia se le dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) En su lugar dicte otro en el que resuelva lo conducente sobre la interposición del recurso de apelación en cuestión, prescindiendo de las consideraciones que aquí se determinaron ilegales". En efecto, debe de decir que la ejecución de la sentencia de amparo, antes reseñada, al dejar libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, no es de aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones (admitir la apelación en un determinado sentido, ya sea suspensivo o devolutivo), esto es, les fija lineamiento para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federa; circunstancias a las manifestaciones señaladas por la parte quejosa, no se actualizan en el presente caso. Apoya lo anterior, por las razones que la informa, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia". Por lo anteriormente expuesto, es que resultan inoperantes las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J. 69/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 191, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA INCONFORMIDAD. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN EL EXAMEN DE ASPECTOS QUE NO MOTIVARON EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Los agravios expuestos en la inconformidad resultan inoperantes cuando no van dirigidos a controvertir lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de garantías, es decir, a si la autoridad realmente cumplió o no con la sentencia protectora, sino que dichos motivos de disentimiento pretenden el análisis de aspectos que constituyen cosa juzgada por haber sido materia del juicio de amparo y no haber originado el otorgamiento de la protección constitucional, aun cuando ésta se haya concedido por diverso motivo". A mayor abundamiento, shy el acto reclamado al Juez de origen en el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que de acuerdo a su contenido es un auto declarativo, al haber admitido provisionalmente a trámite el recurso de que se trata, pues corresponde a la Sala revisora calificar en definitiva el grado en que se debe admitir el recurso de apelación; pues -se insiste- es una cuestión que no fue materia de la litis en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 131/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, Página: 20, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a), 21, inciso a), capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula el expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Colima, Colima, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto; agréguese el escrito signado por la quejosa **** mediante el cual desahoga la vista que se le dio mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno; al respecto, ténganse por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden las cuales se tomarán en consideración al momento de acordar lo conducente respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por medio de lista.

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