Wenceslao Sánchez Ortega
Expediente 1449/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1449/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Wenceslao Sánchez Ortega
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo , sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por WENCESLAO SÁNCHEZ ORTEGA, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: [. . . ] Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito presentado por WENCESLAO SÁNCHEZ ORTEGA, su propio derecho contra actos de CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y OTRAS AUTORIDADES. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número de orden que lo corresponde 1449/2016-I. DESECHAMIENTO En primer término, se precisa que en el escrito de demanda, la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: "a) El contenido del artículo 77 fracción 11de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la Cuadragésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, y publicada en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha cinco de julio del año dos mil seis, por el Director del mismo, toda vez de que se considera es contrario al contenido del artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. b) El contenido del artículo 5 y'p3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis expedida por la L111 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos Publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veinte de abril del año dos mil dieciséis, por el Director del mismo, toda vez de que se considera es contrario al contenido del artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. c) El contenido de los artículos 9~ bis, 94 bis 2, bis 3,94 bis 4,94 bis 5,94 bis 6, 94 bis 7, 94 bis 8, 94 bis 9, 94 bis 10, 94 bis 11,94 bis 12, 102, 103, 104, 105,106 Y 107de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, expedida por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" por el Director del mismo, toda vez de que se considera es contrario al contenido del artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República..." (Sic). De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de garantías de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 17 y 61, fracción XIII, del ordenamiento antes invocado. Los citados preceptos legales de la Ley de la Materia disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad." De los preceptos transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate. En el segundo supuesto, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la legislación en consulta. Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia número P. /J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Bajo este punto de vista, se obtiene sin lugar a dudas que la demanda de garantías que dio origen a este juicio de amparo se promueve contra normas de carácter heteroaplicativas con motivo del primer acto de aplicación del artículo 77, fracción II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; así como los artículos 94 Ter al 94 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. Luego entonces, debe decirse que el asunto de que se trata, resulta improcedente en términos de la fracción XIII del numeral 61 de la citada legislación, toda vez que, en relación con el acto reclamado la quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del término de que quince días que para tal efecto establece la Ley de la Materia. Pues, conviene señalar que la interpretación del citado precepto legal, debe complementarse con lo señalado por los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento, que fijan los plazos o "términos" para la promoción de la demanda de garantías. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto por los mencionados preceptos legales, debe decirse que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por ende, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Bajo ese tenor, se tiene que los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan que la demanda de amparo deberá presentarse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, o dentro de los quince días siguientes al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado, la agraviada sabedora de los mismos. Lo anterior, se apoya en lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 207, visible en la página 200, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma Ley) y c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada)." Luego, en la demanda de amparo la parte peticionaria de garantías manifiesta bajo protesta de decir verdad que el cinco de agosto de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento de la existencia del precepto legal cuya inconstitucionalidad se reclama, sin embargo, de las constancias que anexó a la demanda, se advierte que tuvo conocimiento de los actos reclamados el catorce de junio de dos mil dieciséis, fecha en que se llevó a cabo el acto jurídico que dio origen al cobro de las contribuciones reclamadas y el diecisiete de junio siguiente, el quejoso erogó las cantidades correspondientes como se acredita con la escritura pública número cuarenta y siete mil trecientos cuarenta y tres y el recibo con número de folio 229 (doscientos veintinueve), en la primera de ellas, se contiene los preceptos legales que reclama como inconstitucionales en esta demanda - catorce de junio de dos mil dieciséis-, por ello, se aprecia que en esta última fecha tuvo pleno conocimiento del acto reclamado, por tanto, de la aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales. Por tanto, el primer día de los quince a que se refiere el ordinal 17 de la Ley de la Materia, para interponer oportunamente la solicitud de amparo, inició para el inconforme al día hábil siguiente al que tuvo conocimiento del acto y erogó las cantidades correspondientes, es decir, el veinte de junio de dos mil dieciséis, y siendo así, es incuestionable que la demanda de amparo que nos ocupa, se hizo valer de manera extemporánea como se advierte del anexó que acompaña la demanda. En efecto, atendiendo a que conforme a lo anterior, el mencionado plazo de los quince días, inició el veinte de junio y concluyó el día once de julio de dos mil dieciséis, sin contar los días inhábiles que mediador entre esas fechas, de acuerdo con los artículos 19 y 163 de la Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respectivamente. Resulta aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Por lo anterior, se concluye que si el último día para presentar la demanda de amparo fue el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, y en el caso, se presentó el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, resulta evidente y notorio que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado su demanda de garantías dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que, resulta extemporánea la demanda de amparo promovida por la referida quejosa. Apoya lo anterior, la tesis 2ª./J. 47/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1238, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1°, 2°, 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal." En esas condiciones, al quedar acreditada la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por WENCESLAO SÁNCHEZ ORTEGA, pues, como ya se dijo, al no haberse promovido la demanda de amparo dentro de los quince días que establece el ordinal 17 de la Ley de la Materia, los artículos impugnados como inconstitucionales deben considerarse tácitamente consentidos. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Despacho 20 del edificio denominado Teopanzolco, ubicado en Boulevard Benito Juárez 43, antes 705 de la Colonia las Palmas, de esta ciudad. Asimismo, se tienen por autorizados para los efectos y en los términos señalados, a las personas propuestas en el escrito de demanda. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto deberán contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. ..
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