Wenceslao Ramírez Martínez o Wenceslao Martínez
Expediente 413/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Minerva Araceli Jarquín Cortés o Minerva Jarquín Cortés o Araceli Minerva Jarquín Cortés
- Wenceslao Ramírez Martínez o Wenceslao Martínez y Otros.
- Wenceslao Ramírez Martínez o Wenceslao Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
P. 413/2016 MESA 6-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, a fin de que se interpusiera recurso de revisión, en contra del auto dictado en este juicio (fojas 22-24), en el que se sobreseyó el juicio, promovido por WENCESLAO RAMÍREZ MARTÍNEZ O WENCESLAO MARTÍNEZ Y MINERVA ARACELI JARQUIN CORTES O MINERVA JARQUIN CORTES O ARACELI MINERVA JARQUIN CORTES; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquélla, conforme a su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho auto, para todos los efectos legales consiguientes. En otro contexto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Incidental
*inc. 413/2016 mesa amp. 6-a TERCERO.- Con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE INCIDENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original de este expediente será DESTRUIBLE una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se 4 RESUELVE: PRIMERO.- Se niega a WENCESLAO RAMÍREZ MARTÍNEZ O WENCESLAO MARTÍNEZ Y MINERVA ARACELI JARQUIN CORTES O MINERVA JARQUIN CORTES O ARACELI MINERVA JARQUIN CORTES, la suspensión definitiva de los actos atribuidos a las responsables señaladas en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO.- Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
mesa 2 b pral. 1339/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/ CFRS13/DG/05066/2016, signado por la encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual informa la situación jurídica del quejoso en el juicio de amparo 1339/2015; anexando copia certificada del acta número 50/2016, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Atento al estado de autos, se provee: I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el nueve de septiembre de dos mil quince, y remitido en esa fecha a este organo jurisdiccional, JOAQUIN ARIAS GARCÍA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", y 2) Encargada del Departamento de Servicios Medicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", que hizo consisitir en "la negación por parte de las autoridades señaladas como responsables en no autorizar que se realice la operación para mi ojo izquierdo y de igual manera negar el traslado para el hospital para que realicen dicha operación". II. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 22, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 2-5). III. Por auto de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1339/2015; y se admitió a trámite con fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 53-55). IV. Ahora bien, del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/ CFRS13/DG/05066/2016, signado por la encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su anexo, consistente en la copia certificada del acta número 50/2015 de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se advierte que el quejoso JOAQUIN ARIAS GARCÍA, egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que, textualmente, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y Dicha fracción es clara al enunciar la improcedencia del juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero ya no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. La referida causal de improcedencia trata aquellos casos en los que aun cuando en el mundo jurídico perdure el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, atendiendo a alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental se estime violado, o bien, ningún efecto lícito tendría la eventual sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, en su caso, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Al caso se invoca, en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII (Octubre de 1993), página 435, que dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal. Ahora, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. En el caso, se materializa la causal de improcedencia en estudio, dado que el acto reclamado que dio origen a la formación del presente juicio lo constituye "la negación por parte de las autoridades señaladas como responsables en no autorizar que se realice la operación para mi ojo izquierdo y de igual manera negar el traslado para el hospital para que realicen dicha operación". Sin embargo, mediante oficio SEGOB/CNS/OAPRS/ CGCF/CFRS13/DG/05066/2016, la encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" en atención al oficio 1235 del índice de este órgano judicial, informó que el peticionario de amparo egresó del Centro Federal de Readaptación Social CPS 13 "Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; de ahí que, se aprecia que con posterioridad a la presentación y admisión de la demanda (9 de septiembre de 2015), es decir, el veintinueve de enero del presente año, se llevo a cabo el egreso del quejoso de dicho centro de readaptación social (fojas 132-135). De lo que se colige que al haberse realizado el egreso del aquí quejoso, del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-OAXACA", se puede concluir que el objeto o materia que dio origen al amparo dejó de existir, habida cuenta de que con dicho egreso, se consumaron, de manera irreparable, los actos que dieron origen al sumario en que se actúa y, en caso de concederse el amparo, ya no podrían concretarse los efectos de dicha sentencia. Lo anterior, encuentra apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV (Diciembre de 2006), página 189, la cual textualmente señala: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Circunstancia que impone sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXII del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, visible en la página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del auto de sobreseimiento fuera de audiencia relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. Por otra parte, ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecisiete minutos del día veintiuno de abril de la anualidad que transcurre, según proveído dictado el veintinueve de marzo pasado (foja 130). Por último, tomando en consideración que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, lo fue el centro de reclusión en que se encontraba inicialmente privado de su libertad, y que el veintinueve de enero del año en curso, egresó de dicho centro; por tanto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor, notifíquese esta resolución, así como las subsecuentes notificaciones que le correspondan en este asunto, mediante lista de acuerdos, habida cuenta que no se advierte de autos que el quejoso haya señalado diverso domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese.
- Principal
Notificacion parte quejosa Número de expediente: 413/2016 Acuerdo: *pral. 413/2016 mesa amp. 6-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos, de los mismos se advierte que este expediente se encuentra integrado con los informes justificados relacionados en auto de fecha dieciocho del actual, de los que se advierte que las autoridades negaron categóricamente la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Ahora bien, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes: Aun cuando los informes relacionados en el proveído mencionado, no se agregaron dentro de los ocho días que debe mediar, como prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece dicho numeral y resolver este juicio de amparo el catorce de abril de este año (foja 8) fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de inexistencia de los actos reclamados, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Además, se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia, pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, vigente, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Ahora, aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables en este juicio, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa, por tanto, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Asimismo, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada en este juicio (foja 8). En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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