Wenceslao Gonzalo Álvarez Reyes

Expediente 1567/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1567/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Wenceslao Gonzalo Álvarez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional de Agua, en representación del Gerente de Servicios a Usuarios de dicha institución rindiendo informe justificado respecto de ampliación de demanda, en el cual indicó que remitía las documentales inherentes al expediente administrativo. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Gerente de Servicios a Usuarios de la Subdirección General de Administración del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la Ciudad de México, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias relativas del expediente administrativo de su índice, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL REVISIÓN, RECURSO REVOCAR SENTENCIA DE EL TRIBUNAL DEBE LA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Por tanto, a fin de que acontezca lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijas las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUTARO para su celebración. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado electrónicamente por ********************, apoderado de la parte quejosa, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie ********************; a través del cual manifiesta que por error en su escrito de ampliación de demanda se asentó: ".solicitando, se tenga por reproducida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en el entendido de que, derivado de lo narrado, se trata del ilegal aseguramiento, no así, de una orden de cateo; a efecto de que sean emplazadas las autoridades señaladas, por los conductos legales. Siendo lo correcto, ".Solicitando, se tenga por reproducida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; a efecto de que sean emplazadas las autoridades señaladas, por los conductos legales."; atento a lo anterior, dígasele que se esté a lo acorado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, a través del cual se admitió a trámite la ampliación de demanda en el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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