Wenceslao Cárdenas Acuña
Expediente 1489/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/11/2020
Partes del expediente
- Oziel Aldana Portugal
- Wenceslao Cárdenas Acuña
- Wenceslao Cárdenas Acuña y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio 16858/2020 de este índice, así como de los anexos descritos en dicha misiva. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio enviado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite en doce fojas el testimonio de la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 12/2020, en la que se determinó: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencia. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo de que se trata. TERCERO. Con testimonio de esta resolución remítanse los autos al juzgado que resulto legalmente competente y envíese copia autorizada de la misma al diverso contendiente para su conocimiento y efectos legales correspondientes." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Acúsese de recibo a la superioridad en comento. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 inciso k), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de destrucción, ya que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia emitida en autos. Finalmente, remítanse al Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cuaderno original y su duplicado, relativos al incidente de suspensión que derivó el juicio principal del que emana el cuaderno en que se actúa, solicitándose el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual informa que admitió el conflicto competencial planteado por este juzgado de Distrito, mismo que se registró con el número 12/2020.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el proveído que emitió el cinco de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo ********************-III de su índice, en el cual determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado respecto al presente sumario. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, conforme a lo expuesto en la sentencia terminada de engrosar el once de marzo del año en curso, insiste en declinar la competencia a diverso juzgado; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: El artículo 37 párrafo segundo de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, este Juzgado es legalmente incompetente para resolver el presente juicio constitucional, por razón de territorio por las razones que a continuación se expondrán. En primer lugar, se tiene que la jurisdicción o competencia de los juzgadores se determinará en razón de la materia, de la cuantía, del grado y del territorio, a fin de especializar y, con ello, mejorar la impartición de justicia; de ahí que resulta de gran relevancia que todo órgano atienda estrictamente el asunto de su competencia, a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional. En ese tenor, la fracción VII del numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene la norma general de competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto; pues en lo que interesa establece que la acción constitucional en contra de los actos ahí descritos, debe instarse ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, el ordinal 37 de la Ley de Amparo retoma esa norma general de competencia, pues dispone que el juez competente para conocer de la demanda, es el que tiene jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además contiene una extensión y una excepción a tal regla; toda vez que en el párrafo segundo dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda -extensión-; mientras que en el párrafo tercero, establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda -excepción-. Es así que de los preceptos invocados se desprende, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para definir qué juez de distrito debe conocer del medio de control constitucional. Por ende, aunque la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del quejoso, el legislador le da preeminencia a la ejecución del acto. Circunstancia que resulta lógica, desde la perspectiva de que el peticionario así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, ya que si puede instar la acción constitucional ante el juzgador que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de distrito para recabarlas con la eficacia debida. En el caso concreto los quejosos ******************** señalan como acto reclamado la orden de aprehensión y su ejecución, que acorde con las constancias de autos la emite el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez el catorce de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ********************. Luego, de autos se advierte que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México inicialmente conoce de la demanda constitucional promovida por ********************, la que admitió a trámite con el número ********************, requirió a las autoridades responsables informes justificados. Seguida la secuela procesal, el ********************, al advertir que el juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, fue promovido por ******************** por conducto de ********************, en contra de la orden de aprehensión, así como su ejecución y mismas autoridades, consideró encontrarse en el supuesto del artículo 49 de la Ley de Amparo, por lo que solicitó a este juzgado resolviera si se trataba del mismo asunto y determinara si correspondía conocer de dicho expediente. En ese orden, el cinco de agosto de dos mil diecinueve, en autos del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, se determinó que no se actualizaba el supuesto del numeral 49 en cita, toda vez que no se realizó un estudio de fondo, atendiendo a que se sobreseyó el juicio respecto ********************y se tuvo por no presentada respecto ********************. Previo trámite de conflicto competencial ********************, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el doce de septiembre de dos mil diecinueve, determinó que la competencia correspondía al Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, toda vez que entre el juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado y el ********************, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, no existía litispendencia, por lo que ordenó remitir los autos al último de los mencionados para que siguiera conociendo del asunto. El quince de octubre de dos mil diecinueve, el referido Juzgado celebró la audiencia constitucional y se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, con el argumento de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra de los solicitantes del amparo en autos de la causa penal ********************, aunado a que indicó que las autoridades ejecutoras al rendir su informe justificado negaron lisa y llanamente la existencia de éstos. De la misma forma destacó que el juez de la causa informó que el trece de junio de dos mil diecinueve, dictó auto de vinculación proceso a ********************por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, previsto y sancionado en los artículos 2, fracción IX, 4, fracción I, inciso a) (funciones de supervisión); con la agravante del artículo 5, fracción I (cometido por servidores públicos) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en vigor y sustracción ilícita de hidrocarburos, previsto y sancionado en el artículo 8, fracción I, agravado por el artículo 21 de la Ley Federal para Prevenir y sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, vigente hasta antes de la reforma de uno de junio de dos mil dieciocho. De ahí que consideró que la posibilidad de ejecución del acto reclamado en la Ciudad de México desaparecía al no existir elemento cierto y objetivo de que el acto se pretendió o se ejecutó dentro del ámbito de competencia de dicho juzgado, más aún que respecto de ********************la orden de captura se encontraba ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo que concluye el juzgador de la Ciudad de México, que quien debe conocer del juicio de amparo es un juez de distrito con jurisdicción donde radica la autoridad que emitió la orden de aprehensión reclamada conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo ya que por regla general es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. En ese sentido, el juzgador de amparo de la Ciudad de México estima carece de competencia legal para resolver el asunto a partir de que las autoridades que estima tienen el carácter de ejecutoras de su circunscripción territorial niegan la ejecución del acto reclamado; mientras que la diversa ordenadora con residencia en el Estado de México acepta su emisión y que por ello la negativa de las ejecutoras (de la misma demarcación territorial) está desvirtuada. Lo expuesto evidencia que el Juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, atiende a la regla del lugar de ejecución del acto reclamado; y para tal efecto lo hace a partir de establecer primero la existencia del mandamiento de autoridad, para luego pronunciarse sobre si se desvirtúa o no la negativa expresada por las autoridades que estima tienen la calidad de ejecutoras. Contrario a lo sostenido se estima que atento a lo expuesto, el acto reclamado por el accionante ******************** puede tener ejecución en ambos distritos judiciales, por lo siguiente. Es cierto el acto reclamado (orden de aprehensión) atribuido al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, porque así lo expresa al rendir el informe justificado; asimismo, el acto de ejecución que dice se atribuye a las autoridades señaladas con tal carácter se concluye cierto; lo anterior, porque se asume que si la autoridad ordenadora lo acepta, entonces aquél debe ser ejecutado; lo que le lleva a la certeza de su materialización. En ese contexto, deviene inconcuso que la orden de aprehensión reclamada puede cumplimentarse en cualquiera de las entidades federativas -Ciudad de México o Estado de México-, ya que respecto a la primera localidad debe tenerse presente por una parte, que las autoridades ejecutoras, se encuentran en la Ciudad de México y es donde pueden materializar el mandamiento de captura, máxime que el quejoso ********************, bajo protesta de decir verdad expresó que se pretendió cumplimentar la orden de aprehensión en su domicilio en la Ciudad de México; además de que atento a que el asunto emana del orden penal federal implica que las autoridades encargadas de su cumplimentación pueden acudir a cualquier parte de la República para ejecutar el mandamiento de captura. Por otra parte, deben atenderse las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace valer el accionante en el sentido de que su residencia provisional es en la Ciudad de México por responder al llamamiento de una autoridad judicial en lo que va del año y que a dicho sitio acudieran elementos policiales quienes dijeran tener una orden de aprehensión en su contra, lo que implica que si reside en esa entidad derivado -como dice él- de una decisión judicial, es evidentemente que en la Ciudad de México es donde se puede verificar su aprehensión; de la misma forma es viable la ejecución del mandamiento, si se toma en consideración que el juzgador federal ordenador en el Estado de México es él quien la emite, pero además de que el peticionario en la propia demanda refiere que en esa localidad "normalmente" reside. Bajo esa tesitura se tiene que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito judicial, ya que los datos objetivos con que se cuentan así lo evidencian; de manera que aplica la extensión a la regla general de competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto, señalada en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presenta la demanda, como en el caso acontece. Es de destacar que el pronunciamiento de competencia es viable, porque ese presupuesto no fue sometido a conflicto por dicho motivo, sino por uno diverso. Ello es así, toda vez que este órgano jurisdiccional, en auto de once de noviembre dos mil diecinueve simplemente asume la competencia del juicio constitucional. Acorde con las razones expuestas, este órgano jurisdiccional determina que es el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, es quien debe resolver la acción constitucional instada por ******************** por conducto de ********************; lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. También se destaca que no se está en el supuesto de la jurisprudencia PC.I.P J/39 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO"; lo anterior, porque en el caso, el acto reclamado puede ejecutarse en más de un distrito judicial por las razones expuestas en la presente ejecutoria; además, debe atenderse como aspecto preponderante, que el acto reclamado también es cuestionado por diversos quejosos en el amparo indirecto ******************** del propio Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo Penal, en la Cuidad de México, a quien se le asigna competencia; aspectos suficientes para determinar que no se está en el supuesto de la jurisprudencia en comento. Similar consideración fue adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión ********************, interpuesto en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en autos del juicio de amparo ********************, cuyo acto reclamado es la orden de aprehensión dictada en la causa penal -******************** del juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez-. No es óbice que respecto el diverso quejoso ********************el trece de junio de dos mil diecinueve, previa ejecución del acto reclamado, se hubiere dictado auto de vinculación a proceso, lo que podía traer consigo un cambio de situación jurídica; sin embargo, al ser incompetente este órgano jurisdiccional, no está facultado para pronunciarse respecto esa causa de improcedencia. De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes.
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