Wasump Olger Awananch Ankuash

Expediente 234/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
234/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Wasump Olger Awananch Ankuash
  • Titular de la Oficina de Representación Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, LA CUAL A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil veintitrés.Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 743/2021-I-1, promovido por *******, contra actos del Administrador de la Aduana Fronteriza en el Puente de las Américas en esta ciudad, y otras autoridades.Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el día siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo.Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el consecutivo 743/2021-I, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo el siete de diciembre de dos mil veintiuno y concluyó con el dictado de la sentencia con fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo. Cuarto. Recurso de revisión. Inconforme con dicha determinación por escrito recibido en este juzgado el dos de marzo de dos mil veintidós, la quejosa *******, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por este juzgado, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, determinó lo siguiente: -.- PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo 743/2021, del registro del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. -.- Quinto. Acatamiento a la determinación del Tribunal de Alzada. En proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la determinación de segunda instancia, y, con fundamento en el artículo 111, fracción III, de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con el contenido del informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua -2- de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto a la notificación realizada en el Procedimiento Administrativo de Ejecución contenido en el oficio *******, por la cual fue emplazada al procedimiento administrativo en materia aduanera. Sexto. Ampliación de la demanda de amparo. En auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda de amparo, respecto a la autoridad que señaló como Actuario adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, atento a ello, se solicitó el informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. Séptimo. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: la parte quejosa, el agente del Ministerio Público de la adscripción y autoridades responsables, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- Como ordenadora señalo al Ciudadano Administrador de la Aduana Fronteriza de esta Ciudad. B.- Como ejecutoras señalo: a).- Al Ciudadano encargado de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua -2-, dependiente de la Administración General de Recaudación. b).- Al Ciudadano Ministro ejecutor que practicó el embargo en un bien inmueble de mi propiedad, dependiente de la otra autoridad ejecutora. IV.- ACTO RECLAMADO: A.- De la ordenadora reclamo: La FALTA DE EMPLAZAMIENTO en el procedimiento administrativo *******, que se siguió en mi contra sin habérseme notificado debidamente el inicio y las etapas subsiguientes de dicho procedimiento. B.- De las ejecutoras reclamo el cumplimiento y la ejecución de la orden de ejecución del acto reclamado a la autoridad ordenadora, así como de la orden de embargo ordenado y practicado en bienes de mi propiedad, sin que para el efecto se me haya oída (sic) y vencido en juicio y sin que para llevar a efecto dicho embargo se hayan seguido las normas que regula las leyes de la materia en cuando (sic) a la debida notificación y requerimiento que señalan la ley de la materia para efectuarlo. Del escrito de ampliación de demanda se desprende que al Actuario adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, reclamó: El ilegal emplazamiento para ocurrir al procedimiento administrativo seguido en mi contra, ordenado por el C. Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez Chihuahua según oficio *******, emitido el día 4 de mayo de 2018 en el expediente *******, practicado a las 16 horas del día 16 de mayo de 2018. Tercero. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Titular de la Aduana de Ciudad Juárez, manifestó que efectivamente se instauró el Procedimiento Administrativo de Ejecución contenido en el oficio *******, en tanto que el Ejecutor y/o Notificador adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua -2- y Administrador Desconcentrado de Chihuahua -2- convinieron en la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la notificación, control y cobro de la resolución contenida en el oficio *******, de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, así como en el inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales determinados en la resolución emitida por la Aduana de Ciudad Juárez, contenido en el oficio antes precisado; la aceptación de la existencia de los actos reclamados atribuidos a las aludidas autoridades responsables se corrobora con las constancias de autos; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de los actos reclamados. Las manifestaciones hechas por las responsables tienen carácter de una confesión expresa, de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los ordinales 197 y 199 del citado código. Además, para corroborar la certeza del acto impugnado, las autoridades responsables a su informe con justificación adjuntaron copia certificada de las constancias que acreditan su dicho; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Respecto al informe justificado rendido por el Titular de la Aduana de Ciudad Juárez, en representación del Actuario adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, toda vez que las autoridades que dictaron la resolución contenida en el oficio *******, de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, convinieron en los actos reclamados por la quejosa, por lo que, la negativa de dicha autoridad se desvirtúa con el contenido de los diversos informes justificados, ya que previo a la notificación de dicha resolución se notificó a la quejosa el oficio *******, emitido el cuatro de mayo de dos mil dieciocho en el expediente *******, practicado a las catorce horas del día dieciséis del citado mes y año. De manera que, se tienen como ciertos los actos que se atribuyen al Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Ejecutor y/o notificador adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua -2- Administrador Desconcentrado de Chihuahua -2- y Actuario adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, para los efectos de este juicio de amparo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Causales de improcedencia manifestadas por las autoridades responsables. Las autoridades responsables Ejecutor y/o notificador adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua -2- y Administrador Desconcentrado Recaudación de Chihuahua -2-, señalan que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, 61 fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.) Lo anterior, toda vez que aducen que previo a interponer el juicio de amparo, debió de agotar el principio de definitividad, esto es, promover el recurso de revocación, asimismo manifiestan que no procede el juicio de amparo pues refieren que la quejosa no es una tercera extraña al procedimiento, y, por último, señalan que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo le inició a partir de la notificación personal (dieciséis de mayo de dos mil dieciocho) del escrito de hechos u omisiones, el cual surtió efectos el diecisiete del citado mes y año, empezando a transcurrir el término del dieciocho al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Al respecto, como fuera anunciado, dichas causas resultan infundadas, toda vez que la aquí quejosa se ostenta tercero extraño por equiparación al procedimiento administrativo en materia aduanera origen del acto reclamado al señalar que no fue debidamente llamada a dicho procedimiento, por lo que el plazo para interponer la demanda inició cuando se hizo conocedora del acto reclamado o su ejecución, esto es, el once de octubre de dos mil veintiuno, cuando fue informada por su compadre *******, que el ocho del mismo mes y año, habían puesto una calcomanía en la puerta de entrada que decía -EMBARGADA-, y al indagar se percató del crédito fiscal, y presentó su demanda de amparo en la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el veinte de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, resulta oportuna su presentación, de ahí que resulte infundada la causa de improcedencia invocada. Asimismo, las autoridades responsables aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que señalan que la quejosa debió agotar el medio de impugnación correspondiente antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, no se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que la quejosa se ostenta como tercero extraña al procedimiento administrativo en materia aduanera; por lo que, al aseverar que no fue llamada a tal procedimiento, es inconcuso que se está ante una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es así, dado que conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, pues es lógico concluir que únicamente las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del que emane el acto reclamado pueden impugnar el acto que les afecta mediante los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado tal acto; sin embargo, quien no fue llamado al procedimiento, al desconocerlo le produce indefensión. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 170, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del tenor siguiente: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo. Una vez analizadas las causales manifestadas por las responsables el suscrito no advierte, oficiosamente, alguna causal de improcedencia en este juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente es ocuparse de la procedencia de la presente vía. Quinto. Procedencia. Esta juzgadora estima que el juicio de amparo es procedente contra los actos reclamados por la parte impetrante, en razón de que opera la hipótesis del artículo 107, fracción VI, de la propia ley de la materia, por considerarse que tiene la calidad de persona extraña por equiparación al procedimiento relativo, en relación con lo que no rige el principio de definitividad relativo. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo II, Página 684 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, cuyo rubro y texto son los siguientes: EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento. De igual forma se encuentra sustento en la tesis 617, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo II, página 682 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que dice: EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equiparse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora que quedó superada la procedencia de esta vía, lo conducente es examinar la constitucionalidad de los actos a la luz de los conceptos de violación. Sexto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta sentencia por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Séptimo. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa en su demanda y escrito de ampliación, suplidos en su deficiencia. La quejosa como conceptos de violación aduce en síntesis, que la notificación y emplazamiento para que compareciera al procedimiento administrativo mediante y según oficio *******, emitido el cuatro de mayo de dos mil dieciocho en el expediente *******. Asimismo, refiere la omisión de la Aduana de Ciudad Juárez de iniciar de manera inmediata el procedimiento administrativo que se siguió en su contra, contado a partir del diecinueve de enero de dos mil quince, fecha en que se vencía el termino para regresar el vehículo a zona fronteriza internado al centro del país con permiso temporal. Para mayor claridad es pertinente mencionar los antecedentes del presente asunto: El veinticuatro de julio de dos mil catorce, la quejosa solicitó a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, un permiso de internación temporal respecto del vehículo marca *******, modelo *******, con número de serie *******, con placas de circulación número *******, importado definitivamente a la Franja o Región Fronteriza norte del país, al amparo del pedimento de importación definitiva número *******, propiedad de la aquí quejosa, mismo que fue signado por esta, el cual constaba con vigencia de ciento ochenta días naturales. El once de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa fue informada por su compadre *******, quien vive en la casa a un lado de la de ella, que el ocho de octubre de dos mil veintiuno, había llegado una persona y colocó una calcomanía en la puerta de entrada que decía -EMBARGADA-, al preguntar el motivo por el que estaba poniendo la calcomanía, le dijo que no le podía proporcionar información, que tenía que ir a la Administración de Recaudación y ahí se les iba a informar de que se trataba el embargo. 3. El trece de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa se presentó en las oficinas de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua -2-, para que le dieran información sobre el embargo en su propiedad, dándole cita para el siguiente día a las quince horas, donde fue atendida por el Administrador quien le manifestó que el embargo provenía de un crédito fiscal por un procedimiento administrativo llevado a cabo en la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, identificado con el número *******, asimismo, hizo de su conocimiento que hasta esa fecha el adeudo era por la cantidad de $******* (*******), y que la dependencia a su cargo había ordenado se practicara un embargo precautorio sobre dicho bien. 4. El quince de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa acudió a las oficinas del Registro Público de la Propiedad, donde se dio cuenta que en la inscripción *******, folio ******* del libro ******* Sección ******* en la que se encuentra registrada la propiedad de la quejosa, y aparece una nota marginal en la que se establece que existe un embargo, registrado bajo el número ******* a fojas ******* del libro ******* de la Sección *******. 5. Al no existir medio probatorio alguno del retorno del vehículo de referencia la autoridad emitió el escrito de hechos u omisiones contenidas en el oficio ******* de cuatro de mayo de dos mil dieciocho. 6. Mediante acta de notificación de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el notificador adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez dependiente de la Administración General de Aduanas, se constituyó en el domicilio de la ahora quejosa, ubicado en *******, en esta ciudad, cerciorándose de ser el domicilio correcto al así indicarlo la nomenclatura y numeración; al ser el domicilio que proporcionó al momento de tramitar el permiso correspondiente, lugar donde fue atendido por la aquí quejosa *******, quien se identificó con pasaporte mexicano número *******, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que procedió a identificarse ante la quejosa, hecho lo anterior, procedió a notificarle el escrito de hechos u omisiones derivado del expediente *******, cuyo contenido es el siguiente: ACTA DE NOTIFICACIÓN En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 16 horas, con 0 minutos del día 16 de Mayo del año dos mil dieciocho, el suscrito notificador C. *******, adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez dependiente de la Administración General de Aduanas, habilitado para realizar la presente diligencia, me constituyo en el domicilio del contribuyente citado, de quien legalmente lo represente o del contribuyente al que va dirigido el documento que se indica en el apartado de DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE de conformidad con los artículos 1º, primer párrafo y 2º, primer párrafo, fracción II, de la Ley Aduanera vigente; 10, 12, 13, 134, primer párrafo, fracción I, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación vigente; 1º, 2º, 4º y 7º, primer párrafo, fracciones VII y XVIII, 8º, primer párrafo, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente; artículos 1, 2, primer párrafo, apartado D, relativo a las -Aduanas-, y segundo párrafo de dicho numeral 3, 5, último párrafo, 7, primer párrafo, fracción XIII, relativa a la -Aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua- y último párrafo de dicho numeral, 14, primer párrafo, fracción VI, 15, primer párrafo, fracción III, 19, segundo y tercer párrafos de dicho numeral, punto 9, relativo a los -Administradores de las Aduanas- e inciso a), relativo a los -Subadministradores de las Aduanas, 21, primer párrafo, apartado A, primer párrafo, fracciones I, II y III y último párrafo de dicho precepto, así como los numerales Transitorios Primero, primer párrafo, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo del -REGLAMENTO interior del Servicio de Administración Tributaria- publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación, es decir, a partir del 22 de noviembre de 2015, así como en lo previsto en los artículos Primero, primer párrafo, fracción XIII, Segundo, primero, segundo y cuarto párrafos, y Tercero y los numerales Transitorios Primero y Segundo, del -ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2015, en vigor a partir del 22 de noviembre de 2015, así como en el previsto en el artículo primero transitorio y su modificación publicada en el mismo medio de difusión oficial el 23 de diciembre de 2015, vigente el día 24 de diciembre de 2015; y una vez que me cercioré de ser ese el domicilio del contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento, por así coincidir, el nombre de la calle, número y colonia con lo señalado en los indicadores oficiales, mismo que coincide con el señalado en el documento descrito en el apartado de DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, hago constar que las características físicas del inmueble del domicilio en que me constituyo Casa habitación de dos pisos, de color blanco con café y verde, así como por el dicho de quien me atiende en el domicilio, quien dijo llamarse *******, quien manifiesta ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el presente acto, identificándose con Pasaporte Mexicano #******* expedida por Secretaría de Relaciones Exteriores documento que contiene fotografía que corresponde a los rasgos fisionómicos de la persona citada, una vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador, ante quien me identifico con la Constancia de Identificación contenida en el oficio *******, con fecha de emisión del día primero de marzo del dos mil dieciocho, expedida en su favor con la firma autógrafa del C. Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en el Estado de Chihuahua, de conformidad con las facultades que confieren los artículos 1, 2, primer párrafo, apartado D, relativo a las -Aduanas- y segundo párrafo de dicho numeral, 3, 5, último párrafo, 7, primer párrafo, fracción XIII, relativa a la -Aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua- y último párrafo de dicho numeral, 12, fracción XXIII, 14, primer párrafo, fracción II, 19, segundo y tercer párrafos de dicho numeral, punto 9, relativo a los -Administradores de las Aduanas-, 21, último párrafo, así como los numerales Transitorios Primero, primer párrafo, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo del -REGLAMENTO Interior del Servicio de Administración Tributaria- publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación, es decir, a partir del 22 de noviembre de 2015, así como en lo previsto en los artículos Primero, primer párrafo, fracción XIII, Segundo, primer, segundo y cuarto párrafos y Tercero, y los numerales Transitorios Primero y Segundo del -ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2015, en vigor a partir del 22 de noviembre de 2015, así como en el previsto en el artículo primero transitorio y su modificación publicada en el mismo medio de difusión oficial el 23 de diciembre de 2015, vigente el día 24 de diciembre de 2015, documento (s) de identidad que contiene (n) el nombre, cargo, clave de registro federal de contribuyentes, firma autógrafa y la fotografía del (los) suscrito (s) portador (es), misma que coincide con mis (nuestros) rasgos fisionómicos y que fue (fueron) examinado (s) por el referido compareciente quien no expresó inconformidad alguna, por lo que se agrega (n) copia (s) fotostática (s) del (de los) citado (s) documento (s) de identidad a la presente acta constancia que se exhibe al compareciente y una vez que la tuvo a la vista, me fue devuelta, con el propósito de practicar la notificación del documento que se menciona en el apartado de DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR. DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR Autoridad emisora ADUANA DE CIUDAD JUAREZ Tipo de Documento Escrito de Hechos u Omisiones Referencias número ******* Número de documento a notificar ******* FECHA DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR 04 de mayo de 2018 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nombre, denominación o razón social ******* R.F.C. Deudor Puro CURP Domicilio Convencional *******, Cd. Juárez, Chihuahua. X Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO precedió citatorio (marcar con una X) El suscrito notificador, hace constar que en este acto solicite la presencia del contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento cuyos datos se describen en el apartado de DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE de este mismo documento por lo que procedo a entender la presente diligencia (marcar con una X) -.- X B) El contribuyente buscado según se precisó con anterioridad y una vez que el suscrito comprobó que dicha identificación corresponde a la persona buscada.-.- Constancia de entrega del documento Acto seguido, procedo a entender el presente acto con la persona que encontré en el domicilio y que ha quedado descrita y quien manifiesta ser mayor de edad y tener capacidad legal para entender el acto, hago entrega y notificó el original del documento que se menciona en el encabezado de la presente acta descrito en el apartado de DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR que va en nueve foja (s) que se encuentra signado con firma autógrafa del funcionario competente, así como un tanto de la presente acta con firmas autógrafas y que consta de dos fojas útiles, levantado la presente de conformidad con lo establecido en el artículo 135, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente. Previa lectura del presente documento y enterado de su contenido y alcance, quien atiende la presente diligencia SI (X) o NO ( ) firma por así estimarlo necesario. No habiendo más que hacer constar en el presente acto, se da por concluido firmado al calce de los que intervinieron y así quisieron hacerlo. Se hace constar que para efectos de la presente diligencia se hace entrega de documentos anexos (en caso de que se incluyan); Carta de los Derechos del Contribuyente Firmas para constancia NOTIFICADOR CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA ALA QUE VA DIRIGIDO EL DOCUMENTO O PERSONA CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA ******* ******* Asiento de puño y letra mi nombre y firma para constancia legal y recibí original con firma autógrafa de la presente acta de notificación Los artículos 134 y 135 del Código Fiscal de la Federación, vigentes al momento de los hechos materia del presente juicio, así como el numeral 152 de la Ley Aduanera, establecen lo siguiente: Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán: Por buzón tributario, personalmente o por correo certificado, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos. El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un aviso mediante el mecanismo designado por éste en términos del tercer párrafo del artículo 17-K de este Código. Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso. La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya sido enviado el citado documento. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentifique. Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17-D y 38, fracción V de este Código. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión. (Se deroga). Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México. El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las formalidades previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación. La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior. (.) ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, aprovechamientos y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta Ley. Tratándose de mercancías de difícil identificación, que requiera la toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, se realizará dicha toma de acuerdo con el procedimiento que al efecto prevé el reglamento, para su análisis y dictamen conducentes. Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del análisis practicado a las muestras de mercancías de difícil identificación, se notificarán al interesado mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo de seis meses contados a partir del acta de toma de muestras correspondientes, y se continuará el procedimiento conforme a lo establecido en el presente artículo. Cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones. Dentro del escrito o acta circunstanciada levantada en los términos de los párrafos tercero y cuarto de este artículo, deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. En caso de no emitirla, deberá poner de inmediato a disposición del interesado la mercancía de su propiedad. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera. En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá requerir al interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, siempre que, en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero, se cuente con visto bueno del administrador de la aduana. Cuando proceda la imposición de sanciones sin la determinación de contribuciones o cuotas compensatorias omitidas ni el embargo precautorio de mercancías, la autoridad aduanera determinará el crédito fiscal sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en este artículo y en el artículo 150 de esta Ley, quedando a salvo sus derechos para interponer los medios de defensa. Al efecto, la autoridad aduanera emitirá y notificará el acto administrativo en el que se funde y motive la sanción aplicable. (.) De todo lo hasta aquí expuesto, esta juzgadora concluye que, de una interpretación armónica y sistemática de los numerales 134 y 135 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que la notificación de los actos administrativos debe hacerse como en el caso se realizó, de manera personal, debe proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique, señalando la fecha en que se efectúe, recabar el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Del numeral 152 de la Ley Aduanera, se advierte que dentro del escrito o acta circunstanciada, debe señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, para que la parte agraviada pueda ofrecer las pruebas que estime pertinentes y formular los alegatos que a su derecho convenga. Ahora bien, de la constancia de notificación realizada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, a la aquí quejosa, se advierte que el notificador precisó en la misma: -.- hago entrega y notificó el original del documento que se menciona en el encabezado de la presente acta descrito en el apartado de DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR que va en nueve foja (s) que se encuentra signado con firma autógrafa del funcionario competente, así como un tanto de la presente acta con firmas autógrafas y que consta de dos fojas útiles -.- En dicha constancia asentó que entregó y notificó el original del documento que se menciona en el encabezado de dicha acta, esto es el oficio *******, referente al procedimiento administrativo iniciado en contra de la aquí quejosa, así como que hace entrega de dicho documento el cual es comprendido de nueve fojas, así como un tanto del acta de notificación constante de dos fojas. Sin embargo, de las documentales anexadas al informe justificado de la autoridad responsable Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, se advierte que el oficio *******, consta de cuatro fojas, de las cuales tres tienen contenido por ambos lados, por lo que existe una incongruencia con lo plasmado por el notificador en su constancia, asimismo, refiere que notificó el original del documento que se menciona sin precisar si se refiere al Escrito de Hechos u Omisiones o al contenido del oficio antes citado, por lo que no se puede tener certeza de que la quejosa en realidad haya recibido el oficio en mención, así como que haya quedado enterada del contenido del mismo. En virtud de que la parte quejosa aduce que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, por ende, no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento para garantizarle una debida defensa, pues no se le dio la oportunidad de comparecer a ofrecer pruebas, formular alegatos y en su caso, utilizar los medios de defensa ordinarios que estimara pertinentes. Es oportuno analizar lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, así como del numeral 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que señalan lo siguiente: Artículo 14. -...- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. -.- El primer precepto constitucional reconoce el derecho fundamental de audiencia o -debido proceso- 4, lo cual implica que a toda persona, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, deba brindársele la oportunidad razonable de defenderse en juicio. Por lo que el respeto al derecho en cuestión impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio se siga ante tribunales previamente establecidos y sea juzgado conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y, en caso de que pueda culminar con un acto privativo, cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Esas formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones esenciales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar a la posible afectada por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa técnica y adecuada. Ahora, en principio, conviene precisar que el emplazamiento es un medio de comunicación procesal consistente en el acto formal en virtud del cual se hace saber al demandado la existencia de un juicio o procedimiento entablado para que comparezca a defender sus derechos; es decir, el emplazamiento constituye una forma especial de notificación, pues es la primera que se hace al afectado llamándolo a juicio, de ahí que la notificación de la que se duele el quejoso, pueda ser correlacionada con la figura del emplazamiento. Así, la diligencia de emplazamiento, siendo esta la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada o afectada, reviste gran importancia, pues si ésta se lleva a cabo conforme a las formalidades establecidas, entonces se cumple el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias fácticas y jurídicas; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de un laudo que resuelva los problemas fácticos y jurídicos planteados. Mientras que el segundo precepto constitucional, reconoce el derecho fundamental de las personas para que, al emitirse actos de molestia en sede administrativa, los órganos competentes deban realizarlos mediante escrito, fundando y motivando la causa que da origen al procedimiento, entendiendo por fundamentación el señalamiento del precepto legal aplicable al caso concreto y, por motivación, la explicación de los motivos, circunstancias o razones particulares que encuadran dentro de la hipótesis normativa. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. En consecuencia, lo conducente en el caso es conceder a la parte quejosa la protección constitucional, para los efectos siguientes: Para que el Titular de la Aduana de Ciudad Juárez deje sin efectos todo lo actuado desde el emplazamiento reclamado, así como todas las actuaciones posteriores, tales como la resolución determinante del crédito fiscal, inclusive los actos tendientes a su ejecución. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: -SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.- (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 493. Página: 326.) -DERECHOS HUMANOS. CONFORME AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011, LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN PUEDEN ADOPTAR UN CARÁCTER POSITIVO O NEGATIVO. El texto del artículo 1o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el 11 de junio de 2011, establece que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En dichos términos, las garantías de protección, con el fin de tutelar los derechos humanos, pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo, aquellas que permiten invalidar o anular el acto que no ha respetado los derechos de las personas; aquellas que buscan producir el acto que promueve o protege tales derechos; así como aquellas que sancionan la omisión de actuación por quienes están constitucionalmente exigidos a promover, respetar y proteger los derechos humanos. Lo anterior se traduce en que las garantías de protección pueden generar actos de sentido positivo o actos de sentido negativo. Unos u otros dependerán de la naturaleza de la protección que persiga la garantía correspondiente; es decir, según tenga por objeto producir un acto que promueva, respete o proteja los derechos humanos.- (Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 9, Agosto de 2014, Tomo I. Tesis: 1a. CCLXXXVII/2014 (10a.). Página: 528.) Por último, ante lo fundado del concepto de violación de que se trata, es innecesario el estudio de los demás, pues, aparte de que el examinado bastó para la protección constitucional, cualquiera que fuese el resultado de su análisis en nada variaría el sentido de este fallo, y no se obtendría mayor beneficio que el ya alcanzado con la presente ejecutoria. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia mil trescientos y cinco, sustentada por la extinta Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página mil cuatrocientos noventa y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección, que dice así: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se:Resuelve:Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa ******* en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando tercero, para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia.Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy catorce de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente como constancia el informe de la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, toda vez que mediante auto de siete de marzo de este año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo relativa al presente asunto. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta secretarial, signado electrónicamente por el licenciado **********, promovente del sumario constitucional en que se actúa, a través del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de uno de marzo de este año, y al efecto informa que tiene conocimiento que el quejoso **********, se encuentra en la Estación Migratoria en la Ciudad de México "Las Agujas"; sin que amerite mayor pronunciamiento, toda vez que en el referido proveído de uno de los actuales, se envió exhorto a la citada estación migratoria para los efectos legales conducentes. Por otro lado, se tiene recibido el oficio de cuenta, enviado vía correo electrónico por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México, a través del cual informa que se encuentra enterado de la suspensión de plano otorgada al quejoso ********** en el presente juicio, además de que dicho impetrante no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor; una vez se reciba en este juzgado la comunicación oficial 113/2023-VII, misma que fue enviada para tal fin, se acordará lo conducente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se desprende que el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no localizó al directamente agraviado Wasump Olger Awananch Ankuash, en las instalaciones de la Estación Migratoria en esta ciudad; por ende, se requiere al promovente del amparo, Juan Antonio Mendoza Trujillo, para que dentro de un término de veinticuatro horas, computadas a partir de su legal notificación, informe a este juzgado el paradero del directamente agraviado, o bien, la imposibilidad que tuviere para tal efecto. Ahora, tomado en consideración que el acto reclamado consiste en la deportación del territorio mexicano; vía interconexión, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este juzgado, gire oficio al Encargado de la Estación Migratoria en la Ciudad de México "Las Agujas", y le notifique la suspensión de plano concedida el veintiocho de febrero del año en curso; asimismo, lo requiera para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, computadas legalmente remita a ese juzgado, la información relativa al directamente agraviado; de igual forma, comisione al Actuario Judicial de esa adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones de la referida Estación Migratoria. Así, una vez que localice al quejoso directo, dé fe del estado físico que presente a simple vista, le notifique el proveído referido de veintiocho de febrero de este año y lo requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor; apercibido que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por no presentada la demanda, explicándole al efecto las consecuencias que conlleve dicha figura jurídica; quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado; y una vez hecho lo anterior, devuelva a este juzgado la comunicación oficial en cita, con las constancias requeridas. Se faculta ampliamente al juez exhortado a fin de que realice las diligencias y/o apercibimientos necesarios para el desahogo de la encomienda. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se le señala, conforme a lo dispuesto por el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda, una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, agréguese a los autos el informe respecto a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, por sí y en contestación al oficio dirigido a la diversa responsable Encargado de la Estancia Provisional Juárez del referido Instituto, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades de cuenta, designando como delegados a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Además, en atención a la solicitud de dicha parte procesal, relativa a su acceso al expediente electrónico a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, quien cuentan con el nombre de usuario "**********", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Sin embargo, toda vez que no solicitó de manera expresa la recepción de notificaciones electrónicas, la consulta por esa vía de un acuerdo y de las promociones relacionadas con éste, podrá realizarse hasta que el proveído respectivo se le haya notificado por el medio que corresponda a los previstos en las fracción II del artículo 26 de la Ley de Amparo; sin menoscabo de adoptar las medidas necesarias para que si la citada parte procesal solicita electrónicamente notificarse por esa misma vía, mediante la consulta correspondiente, el referido Sistema registre dicha solicitud y permita la consulta. Notifíquese por lista electrónica a la parte promovente y personalmente y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. El Secretario del Juzgado, **********, certifica: que la determinación que antecede, fue firmada de manera electrónica a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y que, una vez cotejada, la versión digital que obra en el expediente electrónico, coincide fiel y exactamente con la que se encuentra impresa y agregada al cuaderno respectivo. Doy Fe.

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