Washington Eduardo Pinto Bermeo

Expediente 1335/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1335/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Washington Eduardo Pinto Bermeo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse concedido la suspensión de plano, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente; y, háganse las anotaciones oficiales relativas en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la persona Actuaria de este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, por los motivos que ahí expone.********************En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.********************Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    catorce de noviembre de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado(s) en seis de noviembre de dos mil veintitrés, a la parte agraviada, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado autos de los que se advierte que mediante oficio registrado bajo folio 21946 del índice de este Juzgado de Distrito se tuvo informando al Encargado de Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, que los directamente agraviados 1) Washington Eduardo Pinto Bermeo, 2) Gissela Valeria Cabrera Ajila, 3) Jhoan Sebastián Pinto Cabrera, 4) Vania Kataleya Pinto Cabrera, 5) Juan Pablo Sanmartín Cabrera, 6) Jorge Luis Muyulema Aldas, 7) Odalis Camila Muyulema Quito, 8) Martha Jilda Quito Espinoza y 9) Jhoana Lizeth Reinoso Quito, no se encuentran alojados en ninguna de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración en Baja California. En atención a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que no obstante haberse realizado una búsqueda ante las autoridades responsables, de los directamente agraviados 1) Washington Eduardo Pinto Bermeo, 2) Gissela Valeria Cabrera Ajila, 3) Jhoan Sebastián Pinto Cabrera, 4) Vania Kataleya Pinto Cabrera, 5) Juan Pablo Sanmartín Cabrera, 6) Jorge Luis Muyulema Aldas, 7) Odalis Camila Muyulema Quito, 8) Martha Jilda Quito Espinoza y 9) Jhoana Lizeth Reinoso Quito, para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Enrique Morales Hernández, no se logró su comparecencia. Asimismo, que de la constancia actuarial que obra en autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo concedido en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que el promovente de la demanda de amparo proporcionara información para la localización del directamente agraviado, sin que lo hubiera hecho. Asimismo, de la misiva registrada bajo folio 21946, se advierte que, el Encargado de Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California con sede en esta ciudad, informa que los multicitados directamente agraviados no se encontraban a su disposición, que no tiene ninguna información de su ingreso y que no cuentan con algún procedimiento administrativo migratorio iniciado a su favor. En ese tenor, no obstante de haber agotado los medios de localización de los directamente agraviados ante las autoridades señaladas como responsables y por medio del promovente del juicio de amparo, no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, en atención a lo anteriormente señalado y al estado que guarda el presente expediente, en el caso procede desechar la demanda promovida a favor de los agraviados 1) Washington Eduardo Pinto Bermeo, 2) Gissela Valeria Cabrera Ajila, 3) Jhoan Sebastián Pinto Cabrera, 4) Vania Kataleya Pinto Cabrera, 5) Juan Pablo Sanmartín Cabrera, 6) Jorge Luis Muyulema Aldas, 7) Odalis Camila Muyulema Quito, 8) Martha Jilda Quito Espinoza y 9) Jhoana Lizeth Reinoso Quito, por las consideraciones siguientes. Al respecto, la fracción I del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por ende, si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, en el caso, al no existir la voluntad de quienes aparecen como directamente agraviados 1) Washington Eduardo Pinto Bermeo, 2) Gissela Valeria Cabrera Ajila, 3) Jhoan Sebastián Pinto Cabrera, 4) Vania Kataleya Pinto Cabrera, 5) Juan Pablo Sanmartín Cabrera, 6) Jorge Luis Muyulema Aldas, 7) Odalis Camila Muyulema Quito, 8) Martha Jilda Quito Espinoza y 9) Jhoana Lizeth Reinoso Quito, pues de autos se advierte que no existe dato alguno que en este momento se encuentren detenidos en las instalaciones de las autoridades responsables como inicialmente lo señaló la promovente, pues únicamente se advierte que tenía conocimiento que fueron detenido por autoridad migratoria -el tres de octubre de dos mil veintitrés-, aunado a que la promovente de la demanda de amparo no desahogó el requerimiento formulado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, por lo que, es dable colegir que en caso no hay instancia de parte agraviada, por consiguiente, debe considerarse que los actos que se contienen en el escrito de demanda no afectan los intereses jurídicos del peticionario de amparo, puesto que no se logró su comparecencia para que manifestara si era su deseo o no ratificar la demanda intentada a su favor por tercera persona y no se encontró dato de su detención ante la autoridad responsable. Establecido lo anterior, en atención a su falta de manifestación expresa de haber sido sometido a algún procedimiento migratorio y no haber podido ser localizado para que señalara si ratificaba o no el escrito de demanda promovida a su favor por un tercero y, como consecuencia de ello al no existir instancia de parte agraviada, este Juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la hipótesis antes precisada respecto de los directamente agraviados 1) Washington Eduardo Pinto Bermeo, 2) Gissela Valeria Cabrera Ajila, 3) Jhoan Sebastián Pinto Cabrera, 4) Vania Kataleya Pinto Cabrera, 5) Juan Pablo Sanmartín Cabrera, 6) Jorge Luis Muyulema Aldas, 7) Odalis Camila Muyulema Quito, 8) Martha Jilda Quito Espinoza y 9) Jhoana Lizeth Reinoso Quito, surge previo a la admisión de la demanda de amparo, no se surte la posibilidad de proveer sobre éste y dar inicio al juicio de amparo, ante la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio; por lo que al carecer de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo, presentada a favor de 1) Washington Eduardo Pinto Bermeo, 2) Gissela Valeria Cabrera Ajila, 3) Jhoan Sebastián Pinto Cabrera, 4) Vania Kataleya Pinto Cabrera, 5) Juan Pablo Sanmartín Cabrera, 6) Jorge Luis Muyulema Aldas, 7) Odalis Camila Muyulema Quito, 8) Martha Jilda Quito Espinoza y 9) Jhoana Lizeth Reinoso Quito. Aunado a lo anterior, a que de autos se advierte que en el caso no se señaló como actos reclamados la desaparición forzada de personas y, que el supuesto en el que se encontraban los directos agraviados, al parecer a disposición de la autoridad migratoria no se actualiza, puesto que como se señaló el propio promovente desconocía el lugar en el que se encontraban. Sin que se inadvierta que el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio cuando se desista el quejoso de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento; sin embargo, se estima que tal hipótesis se actualiza una vez que el juicio de amparo ha sido admitido, por tanto iniciado conforme al artículo 115 de la ley de la materia, esto es, haber señalado fecha de audiencia constitucional y requerir el informe justificado respectivo al correr traslado a las partes con la demanda, lo cual en el caso no acontece. Notifíquese; personalmente al promovente.

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