Warren Gragory Levigne
Expediente 1474/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1474/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Warren Gragory Levigne
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio número 567 de treinta de marzo acabado de transcurrir, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, al que adjunta en nueve fojas útiles, el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 401/2022, interpuesta por ******************** autorizado de la parte quejosa, en contra del acuerdo emitido por este Juzgado el catorce de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, de la que se advierte que la superioridad declaró infundado el aludido recurso. Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo en estos autos, en términos del artículo vigésimo primero, fracción I, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, y por cuanto no existen documentos originales exhibidos por el peticionario del amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 6038/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo el oficio 78-VIII mediante el cual este Juzgado Federal rindió su informe sobre la materia de la queja y remitió el original y copia relativos al escrito signado por José Carlos Medina Salas autorizado de la parte quejosa proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, la Superioridad informa que admitió el aludido recurso de queja y quedó registrado bajo el número de toca 401/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos para que obre como legalmente, el escrito signado por José Carlos Medina Salas autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpuso recurso de queja en contra del proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito al presente expediente, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase el escrito de cuenta y copia autorizada de las constancias que integran este juicio de amparo 1474/2022- VIII, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en Turno, para los efectos que en derecho correspondan y para darle parte al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Superioridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Gladys Villarreal Sabido secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós Vista la razón de cuenta que inmediatamente antecede de la que se advierte que el quejoso Warren Gragory Levigne no cumplió dentro del término concedido con el requerimiento formulado en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara si señalaba como acto reclamado la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo y 247 último párrafo de la Ley General de Salud y en su caso las autoridades responsables a las que les atribuye dicho acto; con las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del término concedido para ello, únicamente se tendría como acto reclamado el señalado en el capítulo respectivo de la demanda de amparo, motivo por el cual, se tiene como acto reclamado el señalado en el capítulo respectivo de la demanda de amparo; promovida por Warren Gragory Levigne, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPRIS). Ahora bien, por lo que respecta al acto que reclama a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPRIS), con sede en la Ciudad de México, consistente en: ".La negativa contenida en el oficio número 213301EL352844 emitido fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós". Ahora bien, lo procedente es desechar la demanda ya que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. El precepto legal 61, fracción XX, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1.- Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2.- Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3.- Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6.- Que no exista excepción al principio de definitividad. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: 1.- El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridad administrativa, en específico, por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPRIS), con sede en la Ciudad de México. 2.- El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través de un juicio de nulidad. Esto es así porque: El seis de agosto de dos mil veintiuno, Warren Gragory Levigne formuló una petición ante la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a efecto de que se le otorgue un permiso para el uso, producción, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, consumo y transporte de la planta del cáñamo y/o cannabis también conocida como marihuana o cannabis , para uso exclusivo y personal con fines lúdicos. Mediante oficio 213301EL352844, de veinticinco de abril de dos mil veintidós, signado por la la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPRIS), con sede en la Ciudad de México le informó que negó el otorgamiento del permiso solicitado solicitud, toda vez que en la Ley General de Salud no se establecía la facultad de esta autoridad, para otorgarle dicha autorización. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En efecto, para este Juzgador, la solicitud hecha por el quejoso Warren Gragory Levigne constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los oficios reclamados. En el entendido de que el vocablo instancia, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé: "XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo". Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones tal y como se advierte de las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. Los actos no carecen de fundamentación. La autoridad responsable al emitirla citó diversos preceptos, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la ampliación de demanda se advierte que, entre otras cuestiones, la parte quejosa se duele de que, contrariamente a lo que sostuvo la autoridad administrativa en el oficio reclamado, si tiene facultades para otorgar la autorización real para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y sus derivados y variantes. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Finalmente, es importante precisar que este Juez de Distrito no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera sólo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Máxime que el quejoso no impugnó la inconstitucionalidad de precepto legal alguno. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. De ahí que la causa de improcedencia que se analiza es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano la demanda. Se exhorta a la parte quejosa para que, cuando les sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que para el caso que considere necesario imponerse de autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que a parecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretario que autoriza y da fe.
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