Walter Schumacher Mueller
Expediente 812/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2017
Partes del expediente
- Walter Schumacher Mueller
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en atención, hágase la devolución de los documentos que refiere en su ocurso de cuenta, debiéndose levantar la constancia respectiva al momento de su entrega.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual remite copia autorizada de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis emitida en la queja *****, en la que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es Infundado el recurso de queja interpuesto por **** contra el auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, dentro del juicio de amparo ****, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria." En consecuencia, se ordena acusar recibo y hacer del conocimiento de la parte quejosa que la superioridad declaró infundado el recurso de queja. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, del que se aprecia que el Magistrado Presidente de ese órgano colegiado, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***************** por conducto de su autorizado *************, en contra del auto de seis de octubre de dos mil dieciséis; correspondiéndole el número 138/2016. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda y escrito mediante el cual exhibe copia certificada de la escritura pública número tres mil ochocientos quince, de veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y seis, libro sesenta y ocho, tomo dos, sección I, serie "A", ante la fe del Notario Titular de la Notaria número dos de la demarcación judicial de San Juan del Río, Querétaro, promovidos por **************; dicha demanda la promueve contra actos de: 1. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Estado de Querétaro; 2. Juez Segundo Civil de San Juan del Río, Querétaro; 3. Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de San Juan del Río, Querétaro; y, 4. Notario Público Número 28 de Querétaro; ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 812/2016-II-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que de la lectura integral del escrito de demanda, especialmente de los capítulos correspondientes al acto reclamado y al de antecedentes ya que el quejoso reclama sustancialmente lo siguiente: Se reclama el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desecha por improcedente el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de treinta de agosto de dos mil dieciséis, que admite en efecto devolutivo y no suspensivo el recurso de apelación contra el auto de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, que en esencia ordena el desalojo bienes propiedad del quejoso y sean entregados en posesión temporal a la parte tercera interesada ******************, S.A. de C.V. En el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. V. contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la materia, establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en procedimientos fuera de juicio, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Por su parte, la fracción V del mismo precepto, complementario de la fracción IV, permite se puedan reclamar actos intermedios siempre que estos sean de imposible reparación, catalogando como tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado, por tanto, descarta como regla general aquellos actos procesales que pueden o no trascender en el resultado del fallo. En el supuesto a estudio el acto reclamado no encuadra, ya que si bien se trata de un acto procesal en ejecución de sentencia, también lo es que no representa la última actuación de ese procedimiento. Tampoco es un acto de imposible de reparación, tomando como referencia que se trata de uno procesal que puede o no trascender al resultado del fallo, no afecta materialmente un derecho sustantivo del quejoso y, puede ser reparado en el dictado de la última resolución o bien combatido cuando se reclame aquella. Por consiguiente, resulta inconcuso que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario 1055/2013 del índice de la responsable, de modo que será hasta que se declara cumplida la sentencia o la imposibilidad jurídica de cumplimiento, cuando el ahora justiciable estará en aptitud de acudir al juicio de amparo y, en su caso, exponer las eventuales transgresiones que considere se realizaron en el transcurso del procedimiento. En relación a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página: 1331, de rubro y texto: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En ese sentido, al no ser la orden de ejecución de sentencia, la última resolución dictada en dicho procedimiento, lo procedente es desechar la demanda interpuesta por******************. Se arriba a la conclusión mencionada sin soslayar las manifestaciones hechas por el quejoso en el capitulo relativo a la procedencia del amparo bi-instancial, tal como lo denomina en su escrito inicial de demanda. En ese apartado el quejoso aduce que el acto que reclama, no es un acto dictado con la finalidad directa e inmediata de ejecutar una sentencia firme, ni tampoco se trata de un acto en ejecución de sentencia porque no tiene como finalidad preparar la ejecución de la misma, es decir, que el acto reclamado no encuadra en el supuesto previsto en el primer párrafo de la fracción IV del articulo 107 de la ley de amparo, ni tampoco se ajusta al párrafo segundo de la referida fracción, por ende se trata de un acto de imposible reparación. Al respecto debe explicarse que son inexactas las afirmaciones hechas por el impetrante, ya que si bien el acto reclamado no es un acto que tenga por objeto preparar la ejecución de la sentencia, si es un acto que tiene por objeto el entorpecimiento en el cumplimiento de la misma. Esto es así en razón que del capitulo de antecedentes, se advierte que existe una sentencia firme emitida por la autoridad responsable y que en la misma se le ordenó al quejoso dar cumplimiento a un convenio denominado transaccional, en el cual se estipuló como obligación de su parte aportar el inmueble que allí se describe, así como la documentación necesaria para que la contraparte procediera a realizar la subdivisión del mismo, realizando una vialidad que a su vez seria materia de donación. De tal suerte que el cumplimiento de la sentencia radica en la entrega parcial del inmueble para efectos de que se practique en el la subdivisión propuesta, efecto precisado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en su capitulo de antecedentes. Ahora bien, en contra de la ejecución de la sentencia el quejoso promovió un incidente que el denominó de oposición a la ejecución, pretendiendo con ello que se declare la inejecución de la misma, ello con base en el artículo 1397 del código de comercio, el cual dicho sea de paso, se refiere a las excepciones que se pueden interponer en un juicio mercantil y no así a la oposición en el cumplimiento de una sentencia firme. En contra del auto que admitió el incidente planteado, el quejoso promovió recurso de apelación, bajo el argumento que no se le concedió la suspensión en la ejecución de la sentencia. Admitido en el efecto devolutivo el recurso de apelación, nuevamente inconforme el quejoso promueve recurso de revocación, argumentando que solicitó el efecto suspensivo, mismo que según el, se encuentra debidamente justificado. En esas condiciones independientemente de la resolución que se dicte en dicho incidente, es evidente que lo que pretende el quejoso es la inejecución de la sentencia, puesto que ahora su acto reclamado es el auto que desecha por improcedente el recurso de revocación, lo que pone de manifiesto una cadena de autos que tiene por objeto lograr la inejecución de la sentencia. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del juicio de amparo y a la teleología de la causal de improcedencia invocada, debe decirse al quejoso que el acto que reclama, fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia, pues como el mismo lo manifiesta, la autoridad responsable ha emitido diversos autos requiriéndole el cumplimiento de la sentencia, y es precisamente en esta etapa que promueve el incidente innominado que pretende hacer valer. Sin embargo, frente a ello se encuentra el orden público, conforme al cual es de interés social que las sentencias dictadas por el poder judicial, sean de carácter ejecutivo y no simplemente declarativo. En ese aspecto el acto reclamado si tiene por objeto lograr el cumplimiento de una sentencia firme pues tiene por objeto evitar el retraso injustificado de su ejecución y al haber sido dictado, en etapa de ejecución, se subsume perfectamente en la hipótesis prevista en el párrafo primero de la fracción IV del artículo 107 de la ley de amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien dicha causal de improcedencia tiene su genealogía en el hecho de evitar el uso abusivo del juicio de amparo, por lo que se propone su procedencia únicamente en contra de la ultima resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, de lo contrario caeríamos en el absurdo de afirmar que las partes podrían utilizar dicho medio de impugnación constitucional, en contra de cualquier auto dictado por la autoridad judicial en negativa de cualquier petición por mas frívola que parezca, y que en su contra el juicio constitucional se tornara procedente. Por otra parte es un hecho notorio para esta autoridad que el quejoso se encuentra impugnando en esta misma vía y ante este mismo juzgado (expediente 706/2016) los autos de 19 y 30 de agosto del año en curso en los cuales se ordenó respectivamente el cumplimiento de la sentencia de primera instancia y se omitió concederle la suspensión en el incidente de oposición a la ejecución de sentencia. Por tanto resulta evidente que el quejoso pretende promover el juicio de amparo en contra de cualquier negativa que la autoridad le formule respecto de sus peticiones sui generis, de tal suerte que la admisión de este juicio, sería incongruente con el criterio utilizado en el referido expediente 706/2016. Por último cabe mencionar que el quejoso aduce que se transgreden sus derechos sustantivos sin precisar cual de ellos se encuentra violentado, mas si por el contrario resulta evidente que lo que esta en juego son situaciones meramente procesales, mismas que podrán ser impugnadas con la resolución definitiva, ello en el entendido que los derechos sustantivos de posesión y propiedad del inmueble en cuestión, ya fueron objeto de un juicio y definidos en una sentencia ejecutoriada. Así, conforme al nuevo criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia, respecto de los actos que son de imposible reparación, se advierte que ninguno de los actos reclamados gozan de esa característica, puesto que se entiende por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, emitida por el Pleno, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ******************, en esta ciudad y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la persona que indica y en los mismos términos a *****************, toda vez que no cuentan cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ***********, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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