WALTER RADAMES AGUILAR DIAZ y Otros.
Expediente 587/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- WALTER RADAMES AGUILAR DIAZ y Otros.
- Magistrado Presidente del Tribunal Unitario Agrario Número 21
- Walter Radames Aguilar Diaz
Actuaciones
- Principal
MESA 3-A Agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito...acusa recibo ...admitió el recurso de que se trata, el cual quedó registrado con el número 209/2019.
- Principal
"...Agréguense los escritos y anexo de ****, en su atención, se tiene por interpuestos los recursos de queja contra el auto de ***, donde se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, ríndase el informe correspondiente, como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno... finalmente, expídasele a su costa, copia certificada de la presente determinación..."
- Principal
MESA 3-A SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE DEL AMPARO, EL SIGUIENTE ACUERDO: "...Vista la demanda de amparo promovida por Walter Radames Aguilar Díaz, por propio derecho y en representación de Gregorio Ruiz Zarate, Martina Gopar Cruz y otros, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Número Veintiuno en el Estado de Oaxaca. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 587/2019. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa sustancialmente reclama el auto de once de junio de dos mil diecinueve, dictado en el cuadernillo de varios 2/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario Número Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el que se proveyó su petición presentada el ocho de febrero del año en curso, en la que solicitó se declarara improcedente cualquier demanda agraria promovida por el Comisariado Ejidal de Barrio del Progreso, Ejutla de Crespo, Oaxaca. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, toda vez que no se está en presencia de un acto de imposible reparación. En efecto, para arribar a la anterior conclusión, se invoca como un hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, las constancias del juicio de amparo 222/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, de las que destaca lo siguiente: 1.- El quejoso Walter Radames Aguilar Díaz, por su propio derecho y ostentándose como apoderado legal de Gregorio Cruz Zarate, Martina Gopar Cruz y otros, así como apoderado legal y presidente del consejo consultivo de colonos de Ejutla de Crespo, Oaxaca, el 8 de febrero de 2019, presentó escrito ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el que sustancialmente pidió se declarara improcedente cualquier demanda agraria promovida por el Comisariado Ejidal de Barrio del Progreso, Ejutla de Crespo, Oaxaca, pues estimó que dicho órgano de representación no había sido facultado por la asamblea general de ejidatarios para promover ese tipo de acciones legales; y que por ello, carecía de legitimación. 2.- Al no recibir respuesta a su petición, el quejoso Walter Radames Aguilar Díaz, por su propio derecho y ostentándose como apoderado legal de Gregorio Cruz Zarate y Martina Gopar Cruz, compareció a solicitar la protección constitucional; asunto que correspondió conocer a este Juzgado, quien lo radicó con el número de amparo 222/2019. 3.- Después de los trámites legales respectivos, en sentencia de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional solicitada para que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Número 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diera respuesta a la petición y ordenara su notificación a la parte quejosa. 4.- En cumplimiento a lo anterior, el magistrado responsable dictó acuerdo de 11 de junio de 2019 -acto reclamado en este asunto- en el que sustancialmente comunicó al promovente que en el Tribunal Unitario Agrario Número 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se tramitaban los expedientes agrarios 924/2009 y 1282/2016; y además que las demandas que se llevan en ese Tribunal Agrario se organizan de acuerdo al número de expediente y no por el nombre de personas; por lo que le requirió que una vez que contara con los datos correspondientes del expediente tramitara lo que considerara conducente en cada uno de ellos. Aunado a lo anterior, el magistrado responsable, hizo saber al quejoso que en todos los juicios radicados en el Tribunal Agrario a su cargo se ordenaba el emplazamiento de la parte demandada, a efecto que se impusieran de los autos y produjeran su contestación; y que por ello, los demandados en dichos juicios tenían pleno conocimiento de los mismos, y estaban en posibilidad de hacer vales las excepciones y defensas de su interés. 5.- Posteriormente, en auto de 21 de junio de 2019, dictado en el aludido juicio de amparo 222/2019, se tuvo por cumplida la sentencia protectora; contra la cual, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, mismo que fue turnado para su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad. Como se observa, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues únicamente se comunicó al aquí peticionario de amparo que en el Tribunal Unitario Agrario Número 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se tramitaban los expedientes agrarios 924/2009 y 1282/2016; que las demandas que se llevan en ese Tribunal Agrario se organizan de acuerdo al número de expediente y no por el nombre de personas; y que en todos los juicios radicados en dicho órgano jurisdiccional se ordenaba el emplazamiento de la parte demandada, a efecto que se impusieran de los autos y produjeran su contestación; y que por ello, los demandados en dichos juicios tenían pleno conocimiento de los mismos, y estaban en posibilidad de hacer valer las excepciones y defensas de su interés. En ese sentido, tal acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa. Es así, dado que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE) El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Décima Época Núm. de Registro: 2006339, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.A. J/10 (10a.), Página: 1570. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un daño de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el quejoso tendrá que esperar a que el Tribunal de origen dicte la sentencia correspondiente, y si ésta le es adversa impugnar dicha violación vía concepto de violación a través del amparo directo o en su caso del amparo adhesivo. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO, la demanda de garantías. No es obstáculo a lo anterior, que el quejoso no haya exhibido documental alguna para acreditar su carácter de apoderado legal de Gregorio Ruiz Zarate, Martina Gopar Cruz y otros, habida cuenta que a ningún fin practico conduciría requerirlo para que acredite tal personería, pues incluso cumpliendo con tal prevención, el sentido de la presente determinación seguiría siendo el mismo. Ahora, toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este órgano jurisdiccional, ni en municipio conurbado, se ordena practicar todas las notificaciones que le corresponden, incluso, las de carácter personal, mediante lista de acuerdo que se fije y publique en lugar visible y de fácil acceso del órgano jurisdiccional, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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