Walter Quituizaca Coraizaca y Otros.

Expediente 1336/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1336/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Walter Quituizaca Coraizaca y Otros.
  • Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el estado de Oaxaca
  • Walter Quituizaca Coraizaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Wiliam Efraín Paguay Paguay interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por otra parte, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de enero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo y concedido la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a su depuración. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1336/2022, promovido por *** en favor de *** y ***, contra los actos de las autoridades que se mencionarán más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del promovente, las autoridades señaladas como responsables tenían privados de su libertad fuera de procedimiento a los aquí quejosos ***, *** y *** en la estación migratoria de la Ciudad de Oaxaca, ya que manifestó que fueron detenidos sin previo procedimiento alguno, por agentes del instituto Nacional de Migración el pasado dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, sin haber cometido delito alguno. Por ello, estimó que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida vía electrónica, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, donde quedó registrado con el progresivo 881/2022; en ese auto dicho órgano jurisdiccional entre otras cosas, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, previno a los directos quejosos para que, de ser el caso ratificaran la demanda presentada a su favor y se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de que se habla. Así mediante proveído de veintinueve de noviembre del año pasado, este juzgado aceptó la competencia declinada y previo cumplimiento a la prevención realizada en proveído inicial, se admitió a trámite la demanda de que trata únicamente por *** y ***; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de trece de diciembre del año próximo pasado se tuvo por no presentada la demanda de amparo por lo que hace a ***, por lo que no se hará pronunciamiento alguno respecto a dicho quejoso en esta resolución. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que los impetrantes de amparo reclaman lo siguiente: Autoridades responsables Titular de la oficina de representación federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca Encargado de la Sub representación local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca Actos reclamados Privación de la libertad fuera de procedimiento Prolongación de la detención administrativa. Deportación de los directos quejosos. Incomunicación. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Titular de la oficina de representación federal y el Encargado de la Sub representación local ambos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, no rindieron informe justificado a pesar de haber quedado notificados de la petición de éste; por ende, debería presumirse la existencia de la incomunicación y orden de deportación de los directos quejosos. No obstante, de las constancias que integran el sumario y de las que remitió la jefa del departamento de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, al rendir informe sobre la suspensión de plano, se evidencia que al presentarse las fedatarias de este juzgado y del diverso declinante en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en San Agustín de las Juntas, Oaxaca, no se encontraron incomunicados los directos quejosos. Aunado a que, no se ha ordenado su deportación. En ese sentido, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Titular de la oficina de representación federal y el Encargado de la Sub representación local ambos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, no rindieron informe justificado a pesar de haber quedado notificados de la petición de éste; por ende, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les atribuyen consistentes en la privación de la libertad de los directos quejosos. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la jefa del departamento de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, al rendir informe sobre la suspensión de plano, las que tienen valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado que se atribuye a las responsables, consistente en la detención de la que fueron objeto los directos quejosos John Alexander Quituizaca Figueroa y Walter Quituizaca Coraizaca se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de las constancias que remitió la jefa del departamento de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, al rendir informe sobre la suspensión de plano, se advierte lo siguiente: a).- El pasado dieciocho de noviembre de dos mil veintidós fueron puestos a disposición de la sub representación local en Oaxaca del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, los quejosos *** y ***. b).- Mediante acta de treinta de noviembre del año pasado, Juan Martínez Catarino solicitó la custodia provisional de los aquí quejosos, motivo por el cual en esa misma data se ordenó la salida inmediata de las oficinas de la sub representación local en Oaxaca de los directos agraviados Es decir, se puso en libertad a los quejosos; de ahí que, se insista en que cesaron total e incondicionalmente los efectos de la privación de la libertad de que eran objeto, acto reclamado a las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, por lo que respecta a dicho acto de disenso. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** y ***, respecto de los actos reclamados que atribuyó a las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado IV de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintidós. ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y por oficio a las autoridades responsables, así como al homólogo federal declinante.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio de cuenta de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca -por conducto de la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos-, mediante el cual rinde su informe sobre la suspensión de plano decretada en favor de los directos quejosos, y comunica que el treinta de noviembre actual ******************** y ******************** egresaron de esa Estancia Provisional, al haber manifestado el domicilio en donde permanecerán con el objeto de dar seguimiento a su procedimiento administrativo migratorio; mientras que ******************** permanece en dichas instalaciones; de lo que se toma conocimiento, y se está a la espera de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca atienda la solicitud planteada mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Se tienen como medios para realizar comunicaciones no procesales los números telefónicos y correos electrónicos proporcionados por la responsable, en términos del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. También, se toma conocimiento de lo informado por la responsable en el sentido de que la autoridad señalada como Director y/o Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Oaxaca, tiene como denominación correcta y actual: Encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que actualice dicha denominación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cuanto a las documentales remitidas por la autoridad responsable, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se informa lo conducente sobre la ratificación de la demanda por parte del Juzgado de Distrito declinante; no obstante, se instruye al personal adscrito a este órgano judicial para que tome las medidas necesarias a fin de resguardar la información que contienen esas documentales, en virtud de se trata de información clasificada como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes; cúmplase.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano