Walter Iván García Flores y Otros.
Expediente 1023/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Walter Iván García Flores y Otros.
- Arnold Alberto Sosa Banegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes, para que pudieran interponer recurso de revisión en contra del auto dictado el once de octubre de dos mil veintitrés (fojas 80 a 88), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese lo anterior a las partes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. Expediente Destruible. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído fuera de audiencia, por haber desistido del juicio de amparo la parte quejosa; este expediente es DESTRUIBLE en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que como se dijo, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I2 , y 93 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 234 , del acuerdo multicitado. 3. Incidente conservable. El cuaderno del incidente de suspensión (concedió y negó la suspensión provisional así como definitiva de los actos reclamados), se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b)5 del citado Acuerdo General, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 286 , todos del acuerdo multicitado. 4. Se ordena estampar el sello de "DESTRUIBLE" en la carátula del juicio principal y "CONSERVABLE" en la carátula del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 347 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza, Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario Saturnino Palomeque Culebro, quien además certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese lo anterior a las partes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. Expediente Destruible. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído fuera de audiencia, por haber desistido del juicio de amparo la parte quejosa; este expediente es DESTRUIBLE en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que como se dijo, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I2, y 93 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 234 , del acuerdo multicitado. 3. Incidente conservable. El cuaderno del incidente de suspensión (concedió y negó la suspensión provisional así como definitiva de los actos reclamados), se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b)5 del citado Acuerdo General, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 286 , todos del acuerdo multicitado. 4. Se ordena estampar el sello de "DESTRUIBLE" en la carátula del juicio principal y "CONSERVABLE" en la carátula del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 347 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, y en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede esta ciudad, con el que refiere haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva decretada a favor de los quejosos ***; y remite las constancias con las que justifica que se dio cumplimiento a la medida cautelar concedida en resolución interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Por otra parte, con fundamento en el precepto 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita. Ahora, respecto del domicilio procesal que señala la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por designado, en virtud que la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. Por otro lado, no pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a que la información contenida en los expedientes de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria constituyen información confidencial para terceros ajenos al presente juicio; sin embargo, no se advierte algún dato que requiera de especial trato, pero a pesar de ello, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 1, 5, 6, 8, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Asimismo, como lo solicita la responsable, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 401 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dicha herramienta sea utilizada con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." Por otra parte, agréguese únicamente para que obre como constancia, el informe previo rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, residente en esta ciudad; en virtud que en el presente incidente de suspensión se encuentra fallado (foja 39 a 49). Finalmente, es importante precisar que la promoción de cuenta se encuentra dirigida al cuaderno principal del juicio de amparo; sin embargo de la lectura de la misma, se advierte que informa respecto al cumplimiento dado a la suspensión definitiva, por lo que, dicha promoción se acuerda en este cuaderno incidental. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 1a./J. 3/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, página doscientos sesenta y cuatro, con registro digital 181893, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden.". Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario Saturnino Palomeque Culebro, con quien actúa y da fe, quien certifica que las promociones que generaron este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, y como justificación de sus actos remite diversas constancias en copia certificada. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".1 Ahora, la parte quejosa en este asunto demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector 1 Quinta Época, Registro digital: 394182, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Página, ciento cincuenta y tres. formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población2, en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal3, con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria4 bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado"5. Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal6, todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros7. Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado." Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: 8 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.].". Como se ve, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que emana de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, y ese acto fue sustituido por uno dictado con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que surge un impedimento jurídico para analizar el acto reclamado ya que no puede efectuarse su estudio sin afectar la nueva situación de derecho existente. En ese entendido, para estar en aptitud de resolver sobre la improcedencia de que se trata, es importante destacar cuándo se produce un cambio de situación jurídica. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio sustentado en la tesis aislada número 2a. CXI/969, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, los supuestos que se prevén para la actualización de dicha causal son los que a continuación se reiteran: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (o en su caso, a la emisión del acto reclamado) se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente controvertido constitucional, se encuentran colmadas las hipótesis previamente descritas. Ciertamente, los requisitos establecidos en los incisos a) y b) se encuentran satisfechos, al haberse gestado en la secuela procesal el cambio de situación jurídica y con posterioridad a la presentación de la demanda. Ello se afirma, en tanto que se cuenta con las documentales públicas remitidas por la autoridad responsables, consistente en copia certificada de los proveídos de veintiocho de septiembre y nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictados por la autoridad responsable, en los que desechó el trámite de los procedimientos relativo a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, promovidos por los aquí quejosos ***, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por éstos, debido a que los promoventes no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados, y con ello, se declaró imposibilitada para continuar con el procedimiento del mismo; documental pública que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2o de la Ley de Amparo. Atendiendo a lo expuesto, es evidente que, se actualiza un cambio de la situación jurídica, quedando consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas respecto de los actos reclamados; dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a los actos impugnados, sin afectar la ulterior y nueva situación jurídica generada con posterioridad con motivo de los acuerdos dictados el veintiocho de septiembre y nueve de octubre de dos mil veintitrés, en los que la autoridad responsable, desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que ésta no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado. Aspectos éstos, que llevan a determinar la actualización de las hipótesis consagradas en los incisos c) y d); a saber, que no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que hay autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa instó la acción constitucional, por los actos que se describieron con anterioridad, los cuales son sustituidos con motivo de la emisión de los proveídos de veintiocho de septiembre y nueve de octubre de dos mil veintitrés, en los que la autoridad responsable desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, al no presentarse a continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado, lo cual genera diversas consecuencias legales que se ven reflejadas en la esfera jurídica de aquélla. En ese tenor, es aplicable por las consideraciones que la rigen, la tesis I.11o.C.61 K (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390, Undécima Época, con registro digital: 2025083, del rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Hechos: En la fase de ejecución de convenio de un juicio mercantil, la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto a la adjudicación del inmueble embargado en ese asunto. Además, solicitó medidas cautelares con la finalidad de que: a) se mantuviera la situación de hecho existente; y, b) se inscribiera el referido incidente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio real del inmueble adjudicado. El Juez de origen admitió el incidente de nulidad de actuaciones y, en dos acuerdos distintos, no acordó de conformidad las medidas cautelares solicitadas. En contra de estas últimas dos resoluciones, la parte demandada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues en diversa demanda de amparo promovida por la misma quejosa, respecto del mismo procedimiento de origen, reconoció que el incidente de nulidad de actuaciones se declaró infundado en interlocutoria de primer grado y que ésta se encontraba subjúdice en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclame un acto vinculado expresamente con alguna de las etapas procesales que conforman el procedimiento respectivo en el que se emite resolución con la que concluye o dilucida la controversia principal o incidental planteada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga. En otras palabras, el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se asemeja a un túnel dividido en secciones, cada una de las cuales se cierra o individualiza de las demás por medio de compuertas; de manera que cada vez que se avanza por ese túnel, las compuertas que dividen las secciones se cierran, lo que impide que la persona que recorre ese túnel se encuentre en posibilidad para regresar a la sección anterior, pues ésta ha quedado cerrada definitivamente. Esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Por tanto, si en el procedimiento principal o incidental respectivo se solicitan medidas cautelares y éstas no se acuerdan de conformidad, la emisión de la resolución con la que concluya ese procedimiento principal o incidental no implica un cambio de situación jurídica, en virtud de que las medidas cautelares solicitadas no corresponden a una etapa de ese procedimiento." En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambas de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las TRECE HORAS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable, ante la falta de interés de la parte quejosa, de presentarse ante la autoridad responsable, a continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el precepto 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita. Ahora, respecto del domicilio procesal que señala la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por designado, en virtud que la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. Por otro lado, no pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a que la información contenida en los expedientes de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria constituyen información confidencial para terceros ajenos al presente juicio; sin embargo, no se advierte algún dato que requiera de especial trato, pero a pesar de ello, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 1, 5, 6, 8, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Asimismo, como lo solicita la responsable, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 4010 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dicha herramienta sea utilizada con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." Notifíquese personalmente, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente la Jueza, Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas; asistida del secretario, Saturnino Palomeque Culebro, con quien actúa y da fe, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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