Walter Frank Kronthal Gutiérrez
Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/04/2018
Partes del expediente
- Walter Frank Kronthal Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 91 a 95), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese
- Principal
se notifica por lista A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DEL ACTUAL, QUE DICE ....Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, por el que remite copia certificada de las cedulas de notificación a las partes de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, esto dentro del expediente *****, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, promovido por ********, contra ************. Documentales a las que se les conceden valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que por una parte el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, de dictar el incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral **********. Atento a ello, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la ley en la materia, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, los artículos 62 y 63, fracción IV, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su inexistencia en la audiencia constitucional (.)". Del primero de los numerales citados se desprende que el análisis de las causas de improcedencia es de oficio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el segundo de dichos ordinales dispone que ante la inexistencia del acto reclamado debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1º, fracción I y 75, los cuales dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1º, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos numerales mencionados, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, así como de las actuaciones correspondientes al juicio laboral *******, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dicha autoridad dictó la resolución respectiva al incidente de liquidación planteado por el aquí quejoso, en la cual se aprobó la plantilla de liquidación exhibida por la parte aquí quejosa, se condenó a la parte demanda *******, a pagar a favor del quejoso ************, la cantidad de $2,623,851.38 (dos millones seiscientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y un pesos 38/100 moneda nacional), por conceptos de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo, horas extras al doble y horas extras al triple, y se comisionó al actuario de la adscripción a notificar personalmente el contenido de dicha resolución a las partes. De lo que antecede, se desprende que la parte quejosa es parte actora en el juicio laboral de origen; asimismo, que la autoridad responsable el cinco de diciembre del año próximo pasado, emitió la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral *********. Así las cosas y en atención a que la demanda que originó el sumario constitucional en que se actúa, fue presentada el uno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el acto tal y como fue reclamado por la solicitante de amparo, es decir, la omisión de la responsable de dictar la resolución interlocutoria relativa la incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ************, dicho acto omisivo es inexistente. Lo anterior es así, ya que resulta evidente que tal acto reclamado era atribuido a la falta de la resolución interlocutoria correspondiente, y ésta se dictó el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, es decir, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, de ahí que se estime que es coetáneo la existencia del acto que se le atribuye a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, pues de autos se advierte que éste no existió, mucho menos se puede considerar la vigencia de la omisión reclamada. Surtiéndose por ende la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, tomo XIV, octubre de 1994, página 313, número de registro electrónico 210237, de rubro y texto siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Asimismo, por lo que respecta al diverso acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de notificar a las partes la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral *******, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, se advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII de la ley en la materia. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en la omisión de notificar a las partes la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral ********. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por cedula de notificación e instructivo de dieciséis y quince de marzo, respectivamente, se les notifico la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis a las partes. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridad responsable actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, en notificar a las partes la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral ********, han cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V y 63, fracción IV del ultimo ordinal mencionado, obliga a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, promovido por ********. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, por el que remite copia certificada de las cedulas de notificación a las partes de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, esto dentro del expediente *****, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, promovido por ********, contra ************. Documentales a las que se les conceden valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que por una parte el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, de dictar el incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral **********. Atento a ello, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la ley en la materia, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, los artículos 62 y 63, fracción IV, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su inexistencia en la audiencia constitucional (.)". Del primero de los numerales citados se desprende que el análisis de las causas de improcedencia es de oficio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el segundo de dichos ordinales dispone que ante la inexistencia del acto reclamado debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1º, fracción I y 75, los cuales dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1º, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos numerales mencionados, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, así como de las actuaciones correspondientes al juicio laboral *******, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dicha autoridad dictó la resolución respectiva al incidente de liquidación planteado por el aquí quejoso, en la cual se aprobó la plantilla de liquidación exhibida por la parte aquí quejosa, se condenó a la parte demanda *******, a pagar a favor del quejoso ************, la cantidad de $2,623,851.38 (dos millones seiscientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y un pesos 38/100 moneda nacional), por conceptos de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo, horas extras al doble y horas extras al triple, y se comisionó al actuario de la adscripción a notificar personalmente el contenido de dicha resolución a las partes. De lo que antecede, se desprende que la parte quejosa es parte actora en el juicio laboral de origen; asimismo, que la autoridad responsable el cinco de diciembre del año próximo pasado, emitió la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral *********. Así las cosas y en atención a que la demanda que originó el sumario constitucional en que se actúa, fue presentada el uno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el acto tal y como fue reclamado por la solicitante de amparo, es decir, la omisión de la responsable de dictar la resolución interlocutoria relativa la incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ************, dicho acto omisivo es inexistente. Lo anterior es así, ya que resulta evidente que tal acto reclamado era atribuido a la falta de la resolución interlocutoria correspondiente, y ésta se dictó el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, es decir, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, de ahí que se estime que es coetáneo la existencia del acto que se le atribuye a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, pues de autos se advierte que éste no existió, mucho menos se puede considerar la vigencia de la omisión reclamada. Surtiéndose por ende la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, tomo XIV, octubre de 1994, página 313, número de registro electrónico 210237, de rubro y texto siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Asimismo, por lo que respecta al diverso acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de notificar a las partes la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral *******, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, se advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII de la ley en la materia. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en la omisión de notificar a las partes la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral ********. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por cedula de notificación e instructivo de dieciséis y quince de marzo, respectivamente, se les notifico la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis a las partes. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridad responsable actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, en notificar a las partes la resolución del incidente de liquidación solicitado mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral ********, han cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V y 63, fracción IV del ultimo ordinal mencionado, obliga a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, promovido por ********. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a trece de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la comunicación signada por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y secretario auxiliar de amparo, con domicilio en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las documentales que anexa al mismo, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso suscrito por el quejoso ***********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, se provee: Como lo solicita el promovente, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, teniéndose por autorizados para recibirlas a las personas que designa, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado, preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.
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