Walter de la Garza Hernandez
Expediente 1042/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Walter de la Garza Hernandez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por medio del cual comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado para conocer del juicio de amparo 1042/2019-III-A, asimismo, informa que se avoca al conocimiento del asunto bajo el número de expediente 1990/2019, de su estadística. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.
- Principal
SE REMITE RECURSO
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la demanda de amparo formulada por Walter de la Garza Hernández, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1042/2019-III-A. INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por las razones siguientes: En principio, es necesario precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas, a saber: 1) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) el acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: A) Actos de Tracto Sucesivo. que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 4. En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo y tendrá ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado, la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa número PRA/8/2019, en la que se impone al quejoso la sanción prevista en la fracción IV, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; consistente en la destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñaba como Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, así como su ejecución. De lo que se sigue que el acto o sanción que reclama ya fue ejecutado en aquella ciudad y no hizo valer algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado. En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que no es dable avocarse al conocimiento de la demanda de amparo en el que se plantea el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, dada la ausencia del apuntado presupuesto procesal necesario para la validez del juicio. Lo anterior, ya que dicho precepto alude a la ejecución material como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo. Por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismos o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Apoya lo expuesto, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a) visible a página 916, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Así la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, pues no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, acto que, si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del mismo, pues para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución el acto reclamado, esto es, en el lugar en donde desempeña el cargo de servidor público o realiza sus funciones propias. Sobre esa base, y tomando en consideración que el quejoso aduce en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, que a la presentación de la demanda de amparo, se encuentra destituido de su empleo, cargo o comisión en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, resulta inconcuso que no existe acto alguno que deba ejecutarse dentro del ámbito de jurisdicción territorial que corresponde a este órgano de control constitucional, pues, en todo caso, tal acto se ejecutó en aquel lugar en donde se encontraba adscrito el funcionario público de que se trata, aquí quejoso, a saber, en Xicoténcatl, Tamaulipas. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con el diverso Acuerdo 22/2016, del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, donde se dispuso la creación e inicio en funciones de este órgano jurisdiccional; este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para proveer lo relativo a la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228 Séptima Parte, página 88 de rubro "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO." Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que se encuentre debidamente notificado del presente proveído la parte promovente, remítanse los autos originales junto con los traslados correspondientes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que por razón de turno corresponda, a fin que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; en el entendido de que respetuosamente se le solicita al órgano jurisdiccional correspondiente que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe a este juzgado si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que señala el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que se esté dentro de los supuestos establecidos en el diverso 15 de la propia ley en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rosa Miriam Sánchez Cruz, así como para imponerse de los autos, por encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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