Walter Alfonso Espinosa Huerta
Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Walter Alfonso Espinosa Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Vista la certificación que antecede y en atención a que el Secretario certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinticuatro al treinta de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de seis de diciembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso del recurso de queja a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado...archívese el presente expediente como asunto concluido...Notifíquese.
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ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Servicios +++++++++, por conducto de su apoderado legal Alberto ++++++++++, en cuanto a los actos reclamados a las autoridades responsables, ambos precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente.
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Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa*****, la determinación de seis de diciembre de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: ... Agréguese a los presentes autos el escrito presentado por +++++++++ a través del cual comparece en atención al requerimiento de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en atención a su contenido, se provee: Cumple prevención Al tenor del contenido del ocurso de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso +++++++++, dando cumplimiento al requerimiento que se contiene en el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, procédase a dictar el acuerdo que en derecho corresponda en cuanto a la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. Precisión del acto reclamado El quejoso precisa como acto destacado el siguiente: "1. Lo constituye la indebida determinación emitida por la H. Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí formulada en fecha 14 de octubre del año 2021 dentro del Toca número 630/2021 misma de la que se adjunta notificación personal como anexo 1." "2. El segundo acto reclamado lo constituye la determinación tomada en fecha 14 de octubre del año 2021, ya que esta sesga esa posibilidad de que se me administre justicia de manera oportuna, esto ya que la H. Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí omite remitir el recurso a una autoridad que ella considere competente, violando de esta manera la garantía a la tutela de jurisdicción prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de no expresar conforme a derecho porque esa (sic) imposibilitada de conocer." Antecedentes Ahora bien, previo a emitir la determinación correspondiente, cabe señalar los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que el quejoso refiere en su demanda, y se desprenden los siguientes: a) Ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, se tramita el juicio extraordinario civil 900/2017; controvertido que a la fecha se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. b) Dentro de dicho juicio, se promovió incidente de planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, en la que se dictó interlocutoria el veintidós de abril de dos mil veintiuno. c) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso presentó ante el Juzgado Civil, recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria descrita en el párrafo que antecede. d) El ocho de junio de dos mil veintiuno, el Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, admitió a trámite el aludido recurso de apelación y ordenó enviarlo a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que fuera turnado. e) El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quien correspondió conocer del recurso de apelación de que se trata, emitió un acuerdo en el que determinó no admitirla, en virtud de haber sido interpuesta contra una sentencia interlocutoria emitida en ejecución de sentencia. Desechamiento de la demanda de amparo Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta Juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Los referidos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El numeral transcrito revela que es requisito para promover el juicio de amparo, atender el principio de definitividad, en tanto que es un medio de impugnación extraordinario que procede contra actos definitivos y que en sede ordinaria no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto que se reclama. Por lo que, al juicio de amparo debe acudirse sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria, salvo los casos de excepción que prevé la misma Ley de Amparo. Ahora bien, de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el acto impugnado no constituye un acto definitivo contra el cual proceda el juicio de amparo indirecto, pues el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia y el acto que el quejoso señala como acto reclamado, a saber, es el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de veintidós de abril de dos mil veintiuno, no es definitivo. Lo anterior es así, toda vez que el Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicable al caso, prevé medio de impugnación -recurso de reposición - por virtud del cual puede ser revocado el auto que desecha el recurso de apelación. Precisado lo anterior, en la especie resulta oportuno destacar el contenido de los artículos 931 a 935 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, establecen lo siguiente: "ART. 931.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta." "ART. 932.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "ART. 933.- La revocación debe pedirse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, y se substanciará con un escrito por cada parte y la resolución del juez que debe pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite ningún recurso." "ART. 934.- De los decretos y autos del tribunal superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse reposición que se sustancia en la misma forma que la revocación." "ART. 935.- En los juicios extraordinarios la revocación se resolverá siempre de plano." De los preceptos legales transcritos, se desprende que en contra de los autos emitidos por el tribunal superior puede pedirse reposición, el cual se substancia en la misma forma que el recurso de revocación. En efecto, del análisis de dichos dispositivos se desprende en forma clara y expresa que puede pedirse la reposición de los decretos y autos emitidos por el tribunal de segunda instancia, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables. De ahí que, no existe duda en cuanto a la procedencia de ese recurso contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia. Al respecto, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar disposiciones de idéntico contenido al de referencia, ha arribado a la conclusión de que de su contenido normativo se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia de dicho recurso sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículo 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustenta legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la citada Sala del Máximo Tribunal del país, consultable a foja 918, del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal." Por consiguiente, es inconcuso que el acto que por esta vía se combate, consistente en el acuerdo dictado por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el toca 630/2021 de su índice, a través del cual determinó la no admisibilidad del recurso de apelación, interpuesto contra la interlocutoria de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada por Juez Segundo del Ramo Civil, en el juicio extraordinario civil 900/2017, debió ser impugnado mediante el recurso de reposición, cuya tramitación prevé el Capítulo I del Título Décimo Tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; conforme al cual, el agraviado se encontraba obligado a agotar previo a la interposición del juicio de amparo, pues a través de dicho recurso bien pudo lograr la modificación, revocación o nulificación del auto reclamado. Lo que incluso tiene fundamento constitucional que, por ende, permea en el sistema normativo adoptado en la Ley de Amparo, como un principio general (el de definitividad), al establecer el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" Así pues, como el quejoso no observó el principio de definitividad en contra del acto reclamado previo a promover juicio de amparo en su contra, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que: Primero, no se trata de actos de que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad persona fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Segundo, tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativa a la libertad bajo caución. Tercero, el quejoso no es tercero extraño al juicio de origen, según manifestó en su demanda -pues refirió tener el carácter de demandado. Cabe citar al respecto la jurisprudencia 1a./J 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Décima Época, página 729, con el rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que obste para considerarlo así que el quejoso haya señalado como segundo acto reclamado la omisión de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de remitir el recurso de apelación a una autoridad que considere competente, porque en el acto reclamado consistente en el proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, claramente dicha sala responsable determinó no admitir el medio de impugnación de que se trata. De manera que en realidad no se trata de una omisión, sino de una negativa que obedece a la inadmsibilidad del recurso de apelación por haberse interpuesto en contra de una sentencia interlocutora dictada en etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Acta Visto el contenido del acta asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de la que aparece la imposibilidad de hacer entrega de los oficios 29857/2021, 29858/2021 y 29859/2021, toda vez que al ser atendido por la encargada de recepción le informó que no podía recibirle dichas comunicaciones oficiales ya que dichas autoridades con esa denominación no existen. Entrega de oficio Ahora bien, dado la negativa a recibir los oficios 29857/2021, 29858/2021 y 29859/2021, dirigidos a CFE DE LA ZONA SAN LUIS POTOSÍ DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO CENTRO, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUPERINTENDENTE DE LA ZONA SAN LUIS POTOSÍ DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO CENTRO, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y JEFE DE DEPARTAMENTO COMERCIAL DE ZONA SAN LUIS POTOSÍ, DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL GOLFO CENTRO, túrnense, nuevamente los autos al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa la Comisión Federal de Electricidad (Genaro Codina número 155, colonia Jardines del Estadio) y entregue los oficios de referencia por conducto del Superintendente y/o supervisor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico, ambos de CFE DISTRIBUCIÓN ZONA SAN LUIS POTOSÍ DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO CENTRO, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, haciéndole saber a la persona con quien entienda la diligencia, que si se rehúsa a recibirlos será responsable de los requerimientos y apercibimientos ahí contenidos, además de que se tendrá por hecha la notificación ante su negativa, ello en términos del artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien actúa asistida de José Ángel Hernández Pérez, Secretario que autoriza y da fe. DOY FE.
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