Walter Alain Jiménez Aguilar
Expediente 1674/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1674/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Walter Alain Jiménez Aguilar
- Ricardo Hernandez Lara
- José Alfredo Mendoza Chagoya
- Aron Orozco Lemus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
La sentencia CAUSA EJECUTORIA y se ordena el archivo del expediente.
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las diez horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1674/2016-IV-M, promovido por WALTER ALAIN JIMÉNEZ AGUILAR, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En estos momentos se da cuenta con los sobres que contienen los oficios 1981/2016 y 2000/2016, que la Oficina de Correos devuelve, dirigidos al "Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Federal Mesa Cuarta y Comandante de la Policía de Procuración de Justicia destacamentado en Tecomán, Colima". Así como con la circunstancia de que el Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Federal Titular de la mesa Tercera en Manzanillo, Colima, no rindió su informe justificado a pesar de que oportunamente se le notificó para tal efecto, lo que se corrobora con el acuse de notificación agregado en autos. Acto seguido el Juez, acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar y respecto a la circunstancia con que da cuenta el Secretario, provéase lo conducente en la resolución que se dicte. Por otra parte, visto el sobre que contiene el oficio 1981/2016 que la Oficina de Correos devuelve, dirigido al "Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Federal Mesa Cuarta", ya que del mismo se advierte que no fue recibido, debido a que "no existe mesa que cita"; por ende, se tiene como inexistente a la autoridad mencionada, en atención a lo señalado en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso. Ahora bien, por lo que ve al diverso sobre devuelto que contiene el oficio 2000/2016, mismo que se encuentra dirigido al Comandante de la Policía de Procuración de Justicia destacamentado en Tecomán, Colima, ya que al reverso de éste se advierte la leyenda "No existe destinatario que cita"; en tales condiciones, considerando que la referida autoridad ha sido notificada de diversa actuación bajo esa misma denominación, con fundamento en lo que establece el artículo 28, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación a la citada autoridad, y por ende, surte todos sus efectos legales. Abierto el periodo de pruebas, con fundamento en lo que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten por parte de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Contra la Salud 1 del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Jefe de Grupo de la Policía de Procuración de Justicia Responsable de la Partida, residentes en Tecomán, Colima, las constancias que adjuntaron a sus informes; medios de convicción que se tienen por desahogados dada su naturaleza; por lo que concluye dicho periodo. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en este periodo, el (la) Secretario(a) hace constar que no se formuló alguno, motivo por el cual también se cierra esta fase. En las relatadas condiciones y sin pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ VARGAS, a favor deWALTER ALAIN JIMÉNEZ AGUILAR, ARON OROZCO LEMUS, RICARDO HERNANDEZ LARA y JOSÉ ALFREDO MENDOZA CHAGOYA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO.- Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda, la tuvo por presentada, y en diverso proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, ordenó su admisión, quedando registrada en el libro de gobierno con el número 1674/2016-II-M; además, en el aludido acuerdo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables la rendición de su respectivo informe justificado; no se tuvo por señalado a tercero interesado alguno, ya que se estimó, que dada la naturaleza del acto reclamado, no se surtía alguna de las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló pedimento; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la cual se celebró con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO.- Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a las razones que se contienen en la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura cabal a la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado en el juicio en que se falla es: La privación de la libertad de los quejosos realizada por autoridades administrativas. TERCERO.- Por razón de método, debe en principio analizarse si en verdad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de manera oficiosa se advierta se actualicen para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el tema de la constitucionalidad del acto. Lo anterior es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, igualmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Cítese al respecto la tesis intitulada: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, se tiene que las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Agencias Primera y Segunda de Averiguaciones Previas del Sistema Tradicional, Procurador General de Justicia del Estado y Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, residentes en esta ciudad de Colima; Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Mesas Primera y Segunda de Averiguaciones Previas, Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Titulares de las Mesas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta y Director General de Seguridad Pública, Policía Vial y Protección Municipal de Tecomán, Colima, Agente del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Agencias Primera y Segunda de Averiguaciones Previas, Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Titulares de las Mesas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de Manzanillo, Colima; Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Mesa Única de Minatitlán, Colima; Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Única de Armería, Colima; Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa única de Coquimatlán, Colima, negaron expresamente la existencia de los actos reclamados. Por tanto, como la conducta que les es atribuida es un acto positivo, es obvio que a las citadas autoridades responsables, no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, mucho menos se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". En otro orden de ideas, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las autoridades responsables, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.- En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo se advierte que el peticionario de garantías no aportó prueba idónea que desvirtúe la negativa sostenida por las autoridades responsables en relación a la existencia de los actos que de ella se reclaman. En efecto, en el juicio en que se falla no se desvirtuó el contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables; por tanto, se tienen por inexistentes los actos motivo de la litis constitucional en que se resuelve. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto falla, que la impetrante del amparo formuló su libelo constitucional bajo protesta de decir verdad; sin embargo, tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso concreto se actualiza, puesto que dicha protesta, si bien constituye una testificación espontánea que se hace para adquirir o conservar un derecho o preservarse de un daño que pudiera sobrevenir, en el que, quien la hace se obliga a declarar con verdad acerca de los hechos que relata, no basta para tener por acreditadas las conductas autoritarias reclamadas, ya que tal protesta sólo es un requisito de la demanda establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo y no tiene el carácter de medio de prueba; pues para que surtiera eficacia convictiva, debió apoyarse en algún otro medio de convicción que la hiciera verosímil, habida consideración de que lo en ella afirmado es en su beneficio. Fundamenta la anterior conclusión, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PRUEBA DE SU EXISTENCIA. No basta para acreditar la certeza de los actos reclamados, cuando las autoridades niegan su existencia, la manifestación bajo protesta de decir verdad que de aquéllos haga el quejoso en su demanda de amparo, sino que es necesario que ante tal negativa, el promovente aporte pruebas que la desvirtúen." En esas condiciones, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO.- Por otro lado, son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Contra la Salud 1 del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Jefe de Grupo de la Policía de Procuración de Justicia Responsable de la Partida, residentes en Tecomán, Colima, ya que al rendir su informe justificado reconocieron su existencia; manifestación espontánea de voluntad suficiente para evidenciar la certeza de lo reclamado en términos del artículo 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la especie por remisión expresa de su artículo 2 de la Ley de Amparo. QUINTO.- Por su parte, el Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Federal Titular de la mesa Tercera en Manzanillo, Colima, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificado según consta del acuse de notificación que obra agregado al presente juicio; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que le reclama el quejoso, consistente en la privación de la libertad de los quejosos. SEXTO.- Previo al estudio de la materia de fondo, se procede en forma oficiosa, al estudio de las causales de improcedencia que sobre el particular se actualiza, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien esto resuelve advierte de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del citado numeral 61 de la ley de la materia. Es así, en virtud de que adjunto al informe provisional y al oficio 1153/2016, signados por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Contra la Salud 1 del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Tecomán, Colima, fueron remitidas copias certificadas de diversas actuaciones que integran la carpeta de investigación NSJP/TEC/CI/SALUD1-80/2016; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, de cuyo contenido se aprecia que los quejosos se encontraban a disposición del aludido agente del Ministerio Público, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico denominado metanfetamina; y el veintidós de octubre de dos mil dieciséis, fueron puestos a disposición del Juez de Control del Segundo Partido Judicial de Tecomán, Colima, quien ratificó de legal su detención y vinculó a procesos a los imputados. Lo expuesto denota que en la especie se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, en el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia, de tomar en consideración que los quejosos reclamaron de la responsable la privación su libertad realizada por autoridades administrativas; sin embargo, al haber sido consignados ante la autoridad judicial, cesaron los efectos del acto reclamado, pues a partir de ese momento quedaron a disposición de una autoridad diversa a las que llevaron a cabo su detención. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de 1998, del rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN PRACTICADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS CUANDO LA RATIFICA UNA AUTORIDAD JUDICIAL. Si el acto reclamado en un juicio de amparo, se hace consistir en la orden de detención llevada a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero de autos se advierte que la aludida detención fue calificada como legal por una autoridad judicial, trae como consecuencia la cesación de sus efectos, pues resulta inconcuso que al haberse efectuado la calificación de la detención, a partir de ese momento el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso y no de quienes lo detuvieron". De ahí que, resulta evidente lo ocioso del examen de un acto que ya no tiene vida jurídica, máxime que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencia respecto de actos que han quedado sin efectos y que por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno al peticionario de garantías; en consecuencia resulta, de manera indiscutible improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es ilustrativa al caso la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, visible en la página 71, cuyo rubro y texto establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aislada, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sustenta este mismo criterio la jurisprudencia 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, novena época, página 210, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas circunstancias, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita. Por todo lo anterior, es innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ VARGAS, a favor deWALTER ALAIN JIMÉNEZ AGUILAR, ARON OROZCO LEMUS, RICARDO HERNANDEZ LARA y JOSÉ ALFREDO MENDOZA CHAGOYA. Notifíquese. Lo sentenció y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe.
- Principal
Colima, Colima, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio que suscribe el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Contra la Salud 1 del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tecomán, Colima, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, remite copia certificada de las constancias que acreditan que los quejosos fueron puestos a disposición del Juez de Control del Segundo Partido Judicial de Tecomán, Colima; documental con la que se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/mzr*
- Principal
Colima, Colima, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el (los) informe(s) justificado(s) rendido(s) por la(s) autoridad(es) responsable(s) que lo(s) suscribe(n), y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, requiérase al Agente del Ministerio Público Titular de la mesa de Contra la Salud1 del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tecomán, Colima, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada LEGIBLE Y COMPLETA de las constancias que acrediten que los quejosos WALTER ALAIN JIMÉNEZ AGUILAR, ARON OROZCO LEMUS, RICARDO HERNÁNDEZ LARA y JOSÉ ALFREDO MENDOZA CHAGOYA, fueron puestos a disposición del Juez de Control del Segundo Partido Judicial en Tecomán, Colima, ya que tales constancias son necesarias para la resolución del presente juicio de garantías. Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A.1 K, visible en la página 1113, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/mzr
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