Walia David Lima Jiménez
Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Walia David Lima Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso a), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción. Por otra parte, tomando en consideración que en el expediente obran documentos, conforme al artículo décimo octavo del referido Acuerdo en el párrafo que antecede, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. En consecuencia, y en términos del artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se previene a la parte quejosa, para que en caso de que sea su deseo comparecer a recoger los aludidos documentos, lo informe a este órgano jurisdiccional, con la anticipación debida, a fin de que se genere el Código QR respectivo para que pueda ingresar al edificio sede donde se localiza este juzgado federal, y este le sea proporcionado. No obstante, a fin de que el quejoso esté en aptitud de elegir el día y hora para comparecer a la diligencia correspondiente, y evitar saturar la agenda con citas infructuosas, se le requiere para que agende una cita desde el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que recoja los documentos respectivos.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITATORIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Plantel 05 Panzacola del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Actos reclamados: La omisión de publicar la convocatoria para el concurso de la plaza respecto al laboratorio de inglés del personal docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, así como la posible destitución del quejoso como responsable del laboratorio de inglés en el Plantel 05 de Panotla, Tlaxcala. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 103/2022-K. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, el quejoso reclama de las autoridades responsables la omisión de publicar la convocatoria para el concurso de la plaza respecto al laboratorio de inglés del personal docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, así como la destitución como responsable del laboratorio de inglés en el Plantel 05 de Panotla, Tlaxcala. Por lo que respecto a dichos actos este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la citada legislación señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5, fracción II del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación sistemática de los anteriores preceptos se obtiene que el juicio de amparo es un procedimiento que parte de la base que el proceder de una entidad de poder público, será sometido al escrutinio constitucional para efectos de establecer si con su actuar ha vulnerado los derechos fundamentales del gobernado. De donde se sigue que es presupuesto indispensable que ese proceder violatorio de amparo, sea unilateral, esto es, que la "autoridad" que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, extinguiendo, modificando o creando situaciones jurídicas concretas, sin el consenso popular y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para conseguir tal afectación, en tanto que despliega su imperio erigido en una relación de supra a subordinación, donde el gobernado se ve sometido a la decisión tomada. Es importante notar ese extremo, porque es reconocido que un ente "público" (desde el punto de vista formal), puede actuar también como ente de derecho privado, pero es justamente este carácter lo que denota la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, el Estado puede actuar de dos maneras: unas veces como sujeto de derecho privado y otras como ente público. En los casos en que el Estado procede como persona de derecho privado, es decir, en un plano de igualdad o coordinación frente a otros miembros de la colectividad, como podría cualquier individuo actuar, sus relaciones están sujetas a las reglas del derecho común, establecidas para los particulares y por consiguiente, deberán ser sometidas a la jurisdicción común (derecho privado). En cambio, cuando el Estado procede como ente público, en ejercicio de las facultades administrativas tendentes al cumplimiento de fines públicos, afectando, por ejemplo, un interés privado por un interés colectivo, la situación se caracteriza por radicar en la esfera del poder, basado en relaciones de supra a subordinación. Entonces, cuando el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto, ingresa en una relación "bilateral" de correspondientes "derechos" y "obligaciones"; de modo que, será el derecho privado quien preservará esa relación jurídica y declarará el derecho, y no el orden público que busca servir al interés colectivo o general. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona sea física o moral, que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público. Es decir, la autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. El concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares; la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra actos de particulares; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se han establecido en la legislación los procedimientos ordinarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben de acudir ante los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas en ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel, en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, en la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. En consecuencia, solo podrá legalmente ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto reclamado, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, como lo señala el ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Así las cosas, el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste esencialmente en lo siguiente: La omisión consistente en asignarle a la quejosa horarios, asignaturas, aulas o grupos a efecto de que imparta clases, así como la omisión de informarle el estado laboral en el que se encuentra, en la institución Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Plantel once. Dichas omisiones atribuidas al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y Plantel 05 Panzacola del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no pueden pensarse que se les atribuyan en su carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, cuando se les reclama la falta de información relacionadas a una convocatoria para el concurso de plaza respecto al personal docente de dicho bachillerato, así como su posible despido injustificado, ya que dichos actos solo tienen consecuencias de carácter laboral y en todo caso jurídicas al interior de la propia institución, siendo que sus directivos actúan bajo un grado de discrecionalidad para determinar sus procesos de selección con relación a dicha convocatoria, lo que no emerge del imperio que podría atribuírsele como una institución pública estatal dedicada la prestación de un servicio a cargo del Estado como lo es la educación. De ahí que si, en el caso concreto, el origen de la relación entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y Plantel 05 Panzacola del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, y la convocatoria para el concurso de plaza respecto del laboratorio de inglés de dicho personal docente, así como su posible destitución no pueden tenerse como autoridades responsables a las aludidas autoridades -Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y Plantel 05 Panzacola del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala-, ya que se trata de un acto que no emerge del imperio que corresponde al referido colegio de bachilleres como parte de la administración pública estatal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, sino que el otorgamiento de la convocatoria para el concurso de plazas y su posible destitución como responsable de dicho laboratorio, se desarrolla con base en su autogobierno. En ese orden de ideas, al derivar los actos reclamados de una relación laboral, queda de manifiesto que el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y Plantel 05 Panzacola del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo y, por ende, no es susceptible de combatirse en el amparo indirecto; por lo que tal circunstancia hace que el juicio de amparo sea improcedente en términos de la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu se desecha la demanda. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, dado que cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y por lo que hace a **, *** y ***, para el solo efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no cuentan con registro de sus cedulas profesionales inscritas ante dicho sistema computarizado. Por otra parte, se tiene el correo electrónico ***com y número telefónica ***, los cuales de conformidad con el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizarán únicamente a efecto de entablar comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dichos contactos sustituya las notificaciones. Se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica, asimismo, deberá proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que la presente determinación se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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