Walfred Seegler Rojas
Expediente 238/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Walfred Seegler Rojas
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los presentes autos el oficio cuenta enviado vía electrónica por el Juzgado Decimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 161/2021, orden 182/2021, del índice de este órgano de control constitucional, derivado del juicio de amparo en que se actúa, el cual se envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, notificara al quejoso ***, el auto de doce de abril del año en curso, sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobiern correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta con la que *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ****, contra actos que atribuye a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. Ahora, no pasa desapercibido para este juzgador que la demanda que se atiende fue recibida en línea y carece de firma electrónica (FIREL) así como evidencia criptográfica; no obstante, dada la naturaleza del acto reclamado (orden de traslado), se considera de tramitación urgente; por tanto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 238/2021-III. Suspensión de plano. Ahora, en virtud que el acto reclamado consiste en la orden de traslado de la Penitenciaría de *** a cualquier otro centro de reclusión del país, se considera que dicho acto produce afectación a la libertad personal de manera indirecta del quejoso de conformidad con los artículo 125 y 126 de la Ley de Amparo, y acorde con el contenido del criterio jurisprudencial 58/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, así como para que el quejoso **** no sea trasladado de su lugar de reclusión a otro centro carcelario del país. En la inteligencia de que no se esté en alguno de los supuestos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Lo anterior en el entendido, que también se deberá cumplir con lo determinado en el propio precepto; esto es, la notificación al Juez competente. En esa virtud, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que se les notifique esta determinación, informen sobre el cumplimiento de la misma, al que además, deberán remitir las constancias que acrediten su informe, y se les previene que de no acatar lo aquí ordenado, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, para que proceda incoar la carpeta de investigación correspondiente, en virtud que con la medida cautelar de plano, incurrirían en el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que en caso de omisión, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Incompetencia Ahora bien, toda vez que del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso *** se encuentra recluido en la Penitenciaría de la ***; lugar en que materialmente tiene ejecución el acto, este Juzgado Sexto de Distrito; de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, declina la competencia para el conocimiento del presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones: Resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito, se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos, constitucional y adjetivos citados, se procede a profundizar el análisis de la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Asimismo, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito, está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que éste, ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Precisado lo anterior, si como quedó asentado, el quejoso *** se encuentra recluido en la Penitenciaría de ***, y el acto que reclama ante esta instancia lo hace consistir en la el traslado de dicho centro penitenciario a diverso centro de reclusión, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tendría verificativo en la Ciudad de México. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, el suscrito determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por ****, a favor de ****, contra actos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades; y por tanto, se ordena su remisión vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, en la Ciudad de México, a quien se considera legalmente competente para conocer y resolver como en derecho proceda, por los motivos y fundamentos ya expuestos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio vía electrónica al Juez de Distrito en comento, solicitándole, al que corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Luego, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de ****, al encontrarse imposibilitado para imponerse de autos, de conformidad en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que todas las notificaciones que se realicen en el presente juicio de amparo le sean notificadas en forma personal en dicho Centro Penitenciario, ello, con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión. En ese tenor, toda vez que el Centro de Reinserción en comento, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Ampro en Materia Penal en turno, en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda notificar el presente proveído a ****, recluido en la Penitenciaría de la Ciudad de México; así como para que gire oficio con copia de este acuerdo al Director de dicho centro penitenciario a fin de hacerle de su conocimiento, y acate sin demora, la medida decretada en favor del quejoso. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107, 108 y 109 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia que de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por vía fax, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Con independencia de lo anterior, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción XIX del numeral 2 del citado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil, así como un correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo, en caso de que este órgano constitucional lo estime necesario. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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