Waldo Francisco Flores López

Expediente 882/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
882/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Waldo Francisco Flores López

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, tómese conocimiento de la certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo... en su oportunidad envíese al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de catorce de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "..Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida electrónicamente por **************, defensor privado de ****************, contra actos que reclama de la Fiscalía General de la República, y otra(s) autoridad(es), (.), fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden **********. I. A. En principio, se destaca que si bien la demanda la firma electrónicamente el autorizado del quejoso, lo cierto es que, no se observa que alguno de los actos impugnados se encuentre enlistado en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. En ese sentido, se considera necesario precisar si al particular se le dará el trámite regular que para la substanciación de los amparos indirectos prevé la Ley de Amparo; o bien, la especial que señala el artículo 15 de dicho ordenamiento, en relación con el diverso 22 de la Constitución General de la República, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. - En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. - Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas (.)". "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado (.)". Conforme al primer precepto transcrito, resulta evidente que la sustanciación del juicio de control constitucional en los términos ahí previstos, está supeditada a que los actos señalados como reclamados se traten de aquellos que importen: a) Peligro de privación de la vida. b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. h) Extradición. i) Desaparición forzada de personas. j) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. k) Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De modo que, si del contenido de la demanda se obtiene que mediante la acción de amparo se pretende impugnar alguno de estos actos, procederá conceder la suspensión de oficio y de plano en el auto relativo, en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento (...)". Lo anterior, aún en caso de que no se admita la demanda y en el auto inicial se prevenga a la parte quejosa para que subsane alguna irregularidad u omisión. (.) Tal precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6 de la referida Ley de Amparo, prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico".- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, que podrá comparecer por sí mismo o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, por conducto de su representante, defensor, algún pariente o incluso, una persona extraña. Significa entonces que, el escrito de demanda a través del que se pretenda instaurar el citado mecanismo de control constitucional, debe estar suscrito y firmado por alguna de las personas referidas, pues de lo contrario, se desconocería la identidad del promovente y consecuentemente, se estaría incumpliendo con el principio de "instancia de parte agraviada"; lo cual causaría la improcedencia de la acción de amparo. (.). Significa entonces que, salvo la excepción descrita, la ausencia de firma autógrafa por parte del quejoso, provoca su desechamiento al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". C. Como se observa, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. Por tanto, al no cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6 del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado y por autorizado al profesionista señalado para los efectos que refiere, esto es, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de las personas mencionadas. Con fundamento en el dispositivo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo. Se exhorta al quejoso, continúe este asunto bajo el esquema de "juicio en línea", para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se esté en posibilidad de actuar desde el Portal de Servicios en Línea. En relación con los correos electrónicos que proporciona la parte quejosa, ténganse como medios de contacto. Se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".

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