Wagner Andrés Saldaña Gallardo

Expediente 2058/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2058/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Wagner Andrés Saldaña Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable y vinculada, han sido omisas en acreditar el total cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere Dirección General de Recursos Humanos (autoridad responsable) y al Director de Operación y Control de Pago (autoridad vinculada), ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acrediten haber pagado a los quejosos las cantidades determinadas a su favor. se requiere a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable y vinculada, en el presente juicio, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, acredite haber girado la orden respectiva y realizar los apercibimientos procedentes a dichas autoridades, conminándoles a cumplir la ejecutoria de amparo, dada la persistente actitud contumaz. Se apercibe. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido signado por la delegada del Coordinador de las Brigadas especiales de la Ciudad de México, por el que solicita se tenga por cumplido el fallo protector. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud que no ha sido resuelto el recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Juicios de Amparo de Ingresos Coordinados de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que informa que el superior jerárquico de la Administración Tributaria en Parque Lira, es el Subtesorero de Administración Tributaria. En consecuencia, y a efecto de acatar en los términos precisados la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 193 y 194 de la Ley de Amparo, SE REQUIERE al Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, realice lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. Tomando en consideración que beneficio fiscal reclamado únicamente surtirá sus efectos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós -de conformidad con lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo de carácter general de que se trata-, así como que la parte quejosa realizó el pago anual anticipado del impuesto predial dos mil veintidós, respecto del inmueble que por esta vía defiende, en términos de lo previsto en los artículos 77, 78 y 192 de la ley de la materia, la concesión del amparo es para los efectos siguientes: a) Se debe determinar el impuesto predial, correspondiente a los seis bimestres del ejercicio fiscal dos mil veintidós, a cargo de la parte quejosa, respecto del inmueble de uso habitacional que tributa bajo el número de cuenta 035-236-120-00-8, aplicando la cuota fija reducida prevista en el rango D del inciso a) del artículo Segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial, dado a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dieciocho de enero de dos mil veintidós, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintidós, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral. Lo anterior, a fin de respetar el principio de progresividad fiscal, toda vez que si se toma en cuenta que lo que se declaró inconstitucional fue la normatividad que regula el beneficio fiscal a favor de propietarios y/o poseedores de inmuebles de uso habitacional de bajo costo, ello implica que la mecánica del tributo regulada en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México y que está diseñada sobre valores progresivos, continúa rigiendo en el cálculo del impuesto predial. Para un mejor entendimiento de la manera en que se debe determinar el impuesto predial en los términos antes expuestos, se precisa la fórmula siguiente: VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE DE USO HABITACIONAL QUE SE UBICA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS DE LA "E" A LA "P" MENOS (--) LÍMITE INFERIOR DEL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE QUE CORRESPONDA SEGÚN SU RESPECTIVO RANGO (DE LA "E" A LA "P"). IGUAL (=) EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR POR (X) PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR QUE CORRESPONDA SEGÚN SU RESPECTIVO RANGO (DE LA "E" A LA "P"). IGUAL (=) IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR. MÁS (+) CUOTA FIJA DEL RANGO D IGUAL (=) TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR BIMESTRE. POR (X) 6 (SEIS) IGUAL (=) TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR AÑO. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia que dispone: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo." Lo anterior, porque la exención parcial de un tributo o el beneficio de reducción obtenido, de ninguna manera libera al contribuyente de la carga fiscal que le corresponde, sino que solo tiene a su favor la extensión de dicho beneficio, lo que implica que tribute parcialmente, en relación con él. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia cuyo rubro establece: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SOLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino solo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede solo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás." b) Se le deberá devolver a la parte quejosa las diferencias que resulten a su favor al aplicarse el descuento respectivo a la contribución pagada." Se apercibe, que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, manifieste el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo y conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para conseguirlo, haciéndolo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, ya que de no proceder así, incurre en responsabilidad en los mismos términos que las autoridades requeridas; bajo el apercibimiento, que los autos serán remitidos a la superioridad por inejecución de sentencia para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución y 192 de la ley de la materia, es decir, para que sea separada de su cargo y consignados al Juez de Distrito que corresponda. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Por recibido el escrito signado electrónicamente por el representante legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e) y 100 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase copia entre las demás partes, y se les requiere para que en el término de TRES DÍAS, señalen las constancias que deberán remitirse a la superioridad. Ahora bien, el artículo 101 de la ley de Amparo, dispone que una vez integrado el expediente deberá remitirse el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinentes; no obstante, en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ponderó que dado que subsiste peligro para la salud de los trabajadores, la reactivación no se realizaría en un contexto de "normalidad", razón por la que se determinó que deben subsistir las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, se estima necesario implementar la habilitación del sistema integral de seguimiento de expedientes al órgano colegiado que por razón de turno corresponda conocer del recurso interpuesto, a efecto de que se imponga de las constancias del expediente a través del citado medio electrónico. En el entendido que de ser requerido por la Superioridad, se ordenará el envió de las copias certificadas respectivas. Notifíquese, electrónicamente a Banco Actinver y personalmente a ********************.

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