Wa Hong Lai

Expediente 751/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
751/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Wa Hong Lai
  • Víctor Hugo Hernández Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo legal concedido a la parte quejosa en acuerdo del catorce de septiembre del presente año, donde se le previno a efecto de que aclarara su libelo de amparo; en consecuencia, al no haber dado cumplimiento a ello, se hace efectivo el apercibimiento plasmado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la legislación de la materia, se tiene por no presentada su demanda de amparo.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 343-D/2023, firmado por el Encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante el cual comunica el número de carpeta de investigación que se asignó a los actos de tortura, de los cuales este órgano jurisdiccional le dio vista en acuerdo de catorce de los actuales; anexando copia simple del sendo respectivo para acreditar su dicho. Por tanto, glósese al sumario el oficio de referencia, acorde lo dispuesto en el arábigo 33, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda de amparo presentada Víctor Hugo Hernández García, en representación de los directamente quejosos Wa Hong Lai y Yuen Kiu Wong, de nacionalidad china, contra actos del Instituto Nacional de Migración (INM) Delegación Federal en el Estado de Nuevo León y otras autoridades; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 751/2023. En primer término, debe precisarse que el promovente de amparo manifestó que los directos quejosos son de nacionalidad china, en ese contexto, con fundamento en los artículos 20, 21, 102, apartado A y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el precepto 36, punto 1, inciso b y c) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, infórmensele a los directamente agraviados que tienen derecho a que su Embajada o Cónsul sea notificado de su detención a fin de que pueda recibir asistencia por parte de éstos. Por tanto, comuníquese al Consulado General de China en México, que los quejosos Wa Hong Lai y Yuen Kiu Wong, posiblemente se encuentran detenidos en el módulo del Instituto Nacional de Migración de la Terminal "A" del aeropuerto, para los efectos legales a que haya lugar. En sustento a lo anterior, se cita la tesis 1a./J. 96/2017 (10a.), número de registro 2015594, Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, pagina 204, con el rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. Del artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos: 1) las autoridades deben informar al extranjero que ha sido detenido, o que se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país, la información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia; 2) el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado; 3) una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva; y, 4) la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva. Ahora bien, este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben especificarse: a) la exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse; b) la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero; y, c) la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el artículo 36 citado pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada." Asimismo, se requiere a las autoridades que tengan a disposición a la directamente parte quejosa para que de inmediato le proporcione la asistencia consular a la que tiene derecho, a fin de garantizar el derecho fundamental a una defensa adecuada. Por otra parte, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO para que de inmediato cese la privación ilegal de la libertad SIEMPRE Y CUANDO SEA FUERA DE PROCEDIMIENTO, así como la incomunicación, deportación, tortura, golpes y malos tratos, así como cualquier otro acto prohibido por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice el promovente es objeto la parte agraviada. Sin demora alguna, comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para su cumplimiento, a fin de que cesen de inmediato éstos actos; y, requiéraseles para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen el cumplimiento que hayan dado a esta determinación, apercibidas que de no hacerlo así, se procederá en términos del precepto 262, fracción III y el diverso 265, fracción I de la invocada ley. Tomando en consideración que los directamente agraviados, se encuentran posiblemente en en el módulo del Instituto Nacional de Migración de la Terminal "A" del aeropuerto, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en dicho lugar, donde se pudieran localizar a los amparistas Wa Hong Lai y Yuen Kiu Wong, requiriéndolos para que en ese acto o dentro del término de tres días, ratifiquen la demanda de amparo promovida en su nombre, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, la misma se tendrá por no presentada, acorde a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Amparo. De igual forma, el fedatario de la adscripción deberá dar fe de las condiciones físicas de los referidas quejosos, para los efectos legales conducentes. Asimismo, deberá indicar si es su voluntad designar como autorizados en este asunto a Víctor Hugo Hernández García, María de Lourdes Martínez Sánchez y Laura Eloisa Aguirre Ruiz, así como el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, siendo en calle Valle Fértil, número 4532, colonia Valle de las Mitras, en Monterrey, Nuevo León. Para lo cual, se requiere a las autoridades encargadas del establecimiento en que efectivamente se encuentre la parte quejosa para que brinden el auxilio y las facilidades pertinentes al actuario judicial de la adscripción a efecto de cumplir con este mandato, en caso de no ser así, se podrá proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades nieguen que los impetrantes se encuentran detenidos en ese lugar, se faculta al funcionario público adscrito para que revise dichas oficinas y demás lugares donde considere puedan encontrarse, apercibiendo a la potestad donde deba practicarse dicha diligencia, le facilite el acceso, en el entendido que de no hacerlo así, se procederá de acuerdo a la ley, y con ello se dará nueva cuenta. Ahora, atendiendo a lo manifestado por el accionante en el sentido de que los agraviados sufren actos de tortura y tormento, derivado del proceder de las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista al Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, a fin de que tenga conocimiento de los hechos, actúe y tome las medidas pertinentes correspondientes a su representación social. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.) , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en agosto de dos mi doce, visible en el libro XI, tomo 2, página 1107, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Y la diversa tesis aislada P. XXII/2015 (10a.), difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en septiembre e dos mil quince, a la luz del libro 22, tomo I, página 234, la cual a la letra dice: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito." Bajo diverso contexto, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase a los directos quejosos para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda de acuerdo a lo siguiente: Precisen si se les sigue en su contra carpeta de investigación y/o judicial instaurada en su contra por la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Toda vez que en el segundo párrafo del primer concepto de violación, hizo referencia el promovente que los directamente agraviados fueron ".privados de su libertad de forma flagrante.", en la inteligencia que es sabido que dicha modalidad se actualiza al momento de perpetuar un ilícito y ser sorprendido por la autoridad respectiva; sin soslayar lo manifestado por Hernández García, en el sentido, de que no se ha cometido delito, empero, también expone que ignora la existencia de un mandamiento de captura expedido por autoridad judicial y/o administrativa. De ser el caso, indique el número de carpeta de origen, así como el antisocial que se le sigue, y la autoridad a la que se encuentra a disposición. Asimismo, deberán deberá exponer bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de dicho acto impugnado. Es así, en tanto que con el fin de colmar el requisito previsto por el numeral 108, fracción V, del cuerpo normativo en cita, el peticionario de amparo debe realizar una narración clara de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio. Pues para cumplir el requisito en mención, como se dijo, es necesario se expongan todos aquellos acontecimientos vinculados a los actos reclamados, y que por su trascendencia, resulten indispensables para resolver el asunto; como son: las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron o se tuvo conocimiento de su existencia. De ahí que, corresponde a los directamente quejosos indicar de forma expresa y concisa lo peticionado con anterioridad, lo cual resulta ser preciso para estar en condiciones de integrar correctamente la Litis constitucional, en este sumario, en observancia al arábigo 108, fracción V, de la normativa de amparo. Tiene aplicación al caso en concreto, la tesis aislada I.7o.A.100 K, tomo XXIII, abril de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." También le corresponderá especificar si tienen conocimiento de diverso juicio de amparo promovido por sí, o cualquier otra persona que derive del mismo procedimiento, carpeta de investigación, judicial y/o administrativa migratoria de donde emergen los actos reclamados. Proporcionen las copias necesarias de su ocurso aclaratorio para cada una de las partes. Sirve de ilustración, la jurisprudencia 36/2001, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Bajo el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a los anteriores requerimientos, en el término establecido, se tendrá por no presentada la demanda, según lo dispuesto en el invocado precepto 114, penúltimo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales. Al efecto, hágase saber a los promoventes y a sus autorizados que el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo establece: "Se impondrá un pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado, autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirme hechos falsos u omita los que les consten en relación con el acto reclamado, siempre que no reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y." En el entendido que en caso de que los directamente quejosos no ratifiquen la demanda de amparo interpuesta en su favor, la misma se tendrá por no presentada en su integridad, aun y cuando se cumplan con las prevenciones antes requeridas. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de la propia fecha, en la que se desprende que al constituirse en los módulos del Instituto Nacional de Migración del Aeropuerto Internacional de Monterrey Terminales "A", "B" y "C", con el propósito de localizar a los directamente quejosos ********************y ********************, le fue informado por personal de dicha institución, que no cuentan con personas extrajeras retenidas, ya que si existiere causa justificada son remitidos de inmediato a las oficinas del Instituto Nacional de Migración ubicado en calle Cuba, número 101, colonia Josefa Zozoya, en Guadalupe, Nuevo León. En ese sentido, el fedatario de la adscripción, se constituyó en dicha dependencia, lugar en donde le fue informado que los agraviados no se encuentran alojados, no cuentan con procedimiento administrativo vigente; de lo que se toman nota para los efectos del caso. Asimismo, de distinta constancia actuarial hace constar que las autoridades Delegado Local Monterrey del Instituto Nacional de Migración (INM) Delegación Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en la Terminal "A"; Delegado Local Monterrey del Instituto Nacional de Migración (INM) Delegación Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en la Terminal "B"; y, Delegado Local Monterrey del Instituto Nacional de Migración (INM) Delegación Federal en el Estado de Nuevo León, en la Terminal "C", bajo esas denominaciones son inexistentes; circunstancia que este Juzgado se da por enterado, en la inteligencia que una vez se logre la ubicación de los agraviados, se proveerá lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, se impongan de su contenido y, hagan valer las manifestaciones convenientes a sus intereses, agréguese con vista a las partes, el informe sobre suspensión de plano rendido por la responsable: Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León; ello, acorde al artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, toda vez que no han sido ubicados los directamente agraviados, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que haga valer la manifestación conveniente a sus intereses y dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si cuenta con algún dato superviniente para la ubicación actual de los directamente quejosos.

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