Voluntarias Vicentinas de Reynosa Tamaulipas
Expediente 1017/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Voluntarias Vicentinas de Reynosa Tamaulipas
- No existe
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio 836/2021 de la Actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y atento a su contenido, mediante oficio hágase saber que por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este juzgado aceptó la competencia legal propuesta para conocer del juicio de amparo 1232/2020 promovida por Angelina González Villaseñor en calidad de apoderada legal de Voluntarias Vicentinas de Reynosa Tamaulipas, Asociación Civil. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Angelina González Villaseñor, en su calidad de apoderada legal de Voluntarias Vicentinas de Reynosa, Tamaulipas, Asociación Civil, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 34286/2020 enviado electrónicamente por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y anexos, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Angelina González Villaseñor en calidad de apoderada legal de Voluntarias Vicentinas de Reynosa Tamaulipas, Asociación Civil, misma que registró con el número 1232/2020, de cuyas actuaciones se advierte el proveído de once de diciembre de dos mil veinte, en el que declaró ser legalmente incompetente para conocer de la misma por las razones ahí invocadas. Ahora bien, este Juzgado acepta la competencia legal propuesta para conocer del citado juicio amparo y se continua con su trámite; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 37, 108, 114, 115, 117 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 1017/2020-4, en el libro de gobierno correspondiente, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, fórmese carátula con los datos respectivos al cuaderno recibido. Como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese esta determinación a la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes. Los actos reclamados consisten en la confiscación, desposesión, retención, privación ilegal, despojo, embargo, decomiso, traspaso o cargo ilegal, así como actos futuros de los mismos, relacionados con las cantidades de dinero en la cuenta bancaria 04021788377, en la institución denominada HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a quien cita como autoridad responsable. El juicio de amparo contra los actos atribuidos al ente crediticio resulta improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Del contenido de tales preceptos, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de una autoridad, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la característica que distingue a una autoridad para efectos del juicio de amparo, consistente en la relación de supra a subordinación, que es la que se entabla entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Así, este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, su nota distintiva consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, para dirimir las diferencias que surjan se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Por ello, cuando se está frente a una relación de supra a subordinación, el acto proveniente del órgano del estado o de un particular -asimilado a una autoridad- sí es considerado como de autoridad para los efectos del amparo; pero cuando el acto deriva de una relación de coordinación, entonces no es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Es necesario agregar que, por regla general, los contratos de apertura de cuenta bancaria, tienen como característica principal una relación de coordinación entre la institución crediticia y el usuario de esos servicios, por lo que los conflictos derivados de esa relación, ya sea derivados del contrato o de las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto. Como acontece en el caso, pues la parte quejosa se duele, en síntesis, de la limitación que ha impuesto HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, del dinero existente en la cuenta bancaria 04021788377, de la cual afirma es titular, por ello, tales actos se ejecuta en un plano de coordinación, entre una institución que presta un servicio financiero, y otro particular que recibe y acepta ese servicio. Es ilustrativa, en lo conducente, la tesis I.9°.C.18K (10ª) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro y texto siguientes: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." No se desconoce que, en algunos criterios aislados y jurisprudenciales, se ha sostenido que las instituciones bancarias pueden tener el carácter de autoridades responsables cuando aseguran o congelan una cuenta; no obstante, esos propios criterios afirman que ese carácter solo deriva del cumplimiento directo que hagan dichos entes a una orden de autoridad judicial, procedimiento administrativo o por cumplimiento de compromisos internacionales, que dicte el aseguramiento de forma imperativa y coercitiva. No obstante, de conformidad con la demanda de cuenta, no se advierte que el acto reclamado derive de un mandato de autoridad judicial o administrativa, ni tampoco por cumplimiento de compromisos internacionales, lo que patentiza que lo reprochado deriva de relaciones entre particulares. Apoya las consideraciones sustentadas, a contrario sensu, la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, página 4357, re rubro y texto siguientes: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL.- El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, señala que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Este segundo supuesto normativo se actualiza cuando los bancos ejecutan aseguramientos de cuentas ordenados en el procedimiento penal por la autoridad ministerial o judicial, pues si bien se trata de personas morales privadas, al inmovilizar o bloquear las cuentas, su actuación es equivalente al acto de una autoridad, porque ejerce facultades de ejecución como lo haría cualquier otra autoridad para materializar una medida cautelar, y su actuar es unilateral y obligatorio, ya que se ejerce sin que medie voluntad de la persona afectada, derivado de lo cual afectan los derechos del gobernado, al crear una situación jurídica que restringe la disposición de bienes o recursos, e impide la realización de cualquier otra operación financiera en sus cuentas bancarias. Además, las funciones del banco en la ejecución del aseguramiento de cuentas están determinadas en una norma general, como son los artículos 4, fracción XIX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 44, fracciones I a IV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les confieren atribuciones para actuar con imperio como una autoridad ejecutora, en tanto disponen que los bancos están obligados a acatar lo solicitado, de forma que la inmovilización de las cuentas no surge por impulso de su parte, sino mediante autorización del Estado, en virtud de la norma general referida." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Voluntarias Vicentinas de Reynosa Tamaulipas, Asociación Civil. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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