Vmc Health Servicies Sociedad Civil
Expediente 654/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/10/2018
Partes del expediente
- Vmc Health Servicies Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho (folios 443 a 444 de autos), se regularizó el procedimiento y se ordenó dejar insubsistentes las determinaciones de seis de julio y quince de noviembre, ambos de dos mil diecisiete (folios 429 a 430, y 435 a 436 de autos). Sin embargo, de una nueva revisión de autos se advierte que el acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete (folios 429 a 430) únicamente queda insubsistente respecto de la determinación de que no existe materia de cumplimiento por la quejosa **********(Juicio de Amparo 654/2016); en consecuencia, a efecto de subsanar el acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho (folios 443 a 444), con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se regulariza la parte relativa a la determinación de que no existe materia de cumplimiento únicamente por lo que hace a **********, quedando subsistente lo conducente al cumplimiento de la sentencia relacionado con la quejosa **********, (juicio de amparo 664/2015) acumulado al juicio en que se actúa. Asimismo, es importante precisar que el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete (folios 435 a 436 de autos), únicamente debe quedar subsistente la determinación de que causó estado el proveído de seis de julio de dos mil diecisiete (folios 429 a 430), en la parte en que se determinó que no existía materia para el cumplimiento de la quejosa **********. En ese contexto, visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo otorgado a la quejosa **********, del juicio de amparo 654/2016, en proveído de once de octubre del año en curso (folio 457), mediante el cual se dio vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera con el oficio remitido por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, del que se advierte que en relación con la citada quejosa y juicio de amparo respecto del que fue requerida la responsable, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que a la referida contribuyente no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. En ese orden de ideas, en proveído de once de octubre de dos mil dieciocho (folio 457), se tuvo a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informando que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónico, respecto de la quejosa **********. Por tanto, si la autoridad responsable no realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de la contribuyente ********** y no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y por medio de lista a la quejosa del juicio de amparo 654/2016, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete y por oficio a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10ª), así como al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita.
- Principal
Ciudad de México, once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en autos y señala que a la contribuyente **********, no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por tanto se deja sin efectos el apercibimiento dictado en autos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio que remite el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, dése vista a la parte quejosa del juicio de amparo 654/2016, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de ser omisa, este juzgador se pronunciara respecto al cumplimiento en donde se determinará si está cumplida o no la sentencia o si se incurrió en exceso o defecto. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa del juicio de amparo 654/2016, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete.
- Principal
Ciudad de México, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de uno de octubre pasado, lo anterior, toda vez que la quejosa del juicio de amparo 654/2016 en que se actúa y que menciona en su oficio, lo hace como: **********, cuando lo correcto es: **********. En ese contexto, se advierte que en la sentencia dictada en el presente asunto, este órgano jurisdiccional concedió el amparo a las quejosas en contra del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma publicada el dieciocho de noviembre de dos mil quince. Asimismo, del análisis de las constancias que integran este expediente, así como del hecho de que la sentencia de amparo causó estado o, en su caso, de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se desprende que la situación de las solicitantes de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector es la que se expone en el siguiente esquema: ¿La parte quejosa tiene concesión de amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y/o Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014, 2015 y 2016? Quejosa 53-B, f. IV, 2º p., CFF TTCC revocó concesión de amparo contra el 53-B CFF ¿Concesión contra Anexo 24 de la RMF de 2014, 2015 y 2016? Juicio de Amparo Sentencia de Amparo Sentencia TCC 654/2016 1.********** xX NO Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomara en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En tal sentido, a efecto de determinar si existe o no materia para el cumplimiento de la sentencia de amparo, se requiere nuevamente al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise lo siguiente: A cuáles de las quejosas que se enuncian a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: Juicio Quejosa RFC 654/2016 1. ********** ********** En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar el presente requerimiento o manifieste su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa consistente en la cantidad que resulte equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable requerida y por lista a las restantes en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.).
- Principal
Ciudad de México, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal y las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el seis de julio de dos mil diecisiete, se declaró que no existía materia para el cumplimiento de la sentencia dictada, en virtud de que no se realizó procedimiento de fiscalización en relación con los juicios de amparo por los que fue requerido y causó estado dicha determinación, ordenando su archivo por considerarlo como asunto total y definitivamente concluido; no obstante, de la copia certificada del listado de doce de mayo de dos mil diecisiete, se advierte que la quejosa enlistada e identificada como parte del juicio de amparo 654/2016 en que se actúa, es distinta a la que lo promueve. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se regulariza el procedimiento y se ordena dejar insubsistentes las determinaciones de seis de julio y quince de noviembre ambas de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, se advierte que en la sentencia dictada en el presente asunto, este órgano jurisdiccional concedió el amparo a las quejosas en contra del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma publicada el dieciocho de noviembre de dos mil quince. Asimismo, del análisis de las constancias que integran este expediente, así como del hecho de que la sentencia de amparo causó estado o, en su caso, de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se desprende que la situación de las solicitantes de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector es la que se expone en el siguiente esquema: ¿La parte quejosa tiene concesión de amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y/o Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014, 2015 y 2016? Quejosa 53-B, f. IV, 2º p., CFF TTCC revocó concesión de amparo contra el 53-B CFF ¿Concesión contra Anexo 24 de la RMF de 2014, 2015 y 2016? Juicio de Amparo Sentencia de Amparo Sentencia TCC 654/2016 1.********** xX NO Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomara en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En tal sentido, a efecto de determinar si existe o no materia para el cumplimiento de la sentencia de amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise lo siguiente: A cuáles de las quejosas que se enuncian a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: Juicio Quejosa RFC 654/2016 1. ********** En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar el presente requerimiento o manifieste su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa consistente en la cantidad que resulte equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), así como al Agente del Ministerio Público de la Federación.
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