Vladimir Ramírez Macias

Expediente 775/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
775/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Vladimir Ramírez Macias

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, se declara firme el referido proveído. Archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda que promueve ..., por propio derecho, contra actos del Juez Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los preceptos 8° y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 775/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El dispositivo 113 de la ley de materia establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, de conformidad con el diverso 62 de la ley citada, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. El impetrante reclama la omisión del Juez Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, de acordar los escritos presentados el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio ejecutivo mercantil 1212/2019, con motivo de la digitalización del expediente. III. El presente juicio es improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Párrafo adicionado DOF 07-06-2021 La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del artículo 217 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, será obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. Ahora bien, las omisiones acaecidas en los procesos jurisdiccionales no pueden combatirse de forma autónoma, como lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios de jurisprudencia número 7/2015 (10a.) y 8/2015 (10a.), ya que deben emplearse las herramientas y mecanismos propios de la norma adjetiva para cuestionar esas conductas; lo anterior acarrea como consecuencia que se actualice la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de la materia. Al respecto, se cita por mayoría de razón, la Jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, en Materia Administrativa, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Y en los mismos términos, la Jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 478, en Materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." En efecto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece estrictamente contra omisiones dentro de un proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuenta habida que las reglas que los rigen son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. De ahí que, cuando existen este tipo de conductas, la parte inconforme habrá de sujetarse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a proveer los escritos presentados el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, como es la regularización del procedimiento prevista en el artículo 1055 fracción II del Código de Comercio, ante la omisión de atender lo establecido por la norma. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis con registro 216300, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, página 292, en Materia Civil, que dice: "ARTICULO 272 G, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO ES INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION DE JUECES Y MAGISTRADOS PARA SUBSANAR OMISIONES. No es cierto que la facultad establecida en el artículo 272 G, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se contrapone al texto supremo, cuenta habida que, de como está redactada la norma, la atribución debe entenderse sólo en relación de las omisiones notadas en la substanciación, lo que de suyo significa que la intención del legislador es corregir a través de un hacer de los jueces y magistrados lo que fue pasado por alto en la función jurisdiccional resolviendo o proveyendo lo necesario siempre y cuando estén dados los elementos para hacerlo, sin que ello suponga una actitud favorable hacia cualquiera de los contendientes, postura que cobra fuerza si se tiene en cuenta que la voz regularizar en su sentido más amplio significa reglar, ajustar o poner en orden una cosa. Aplicado a las cuestiones procesales indicaría el mantenimiento o preservación del orden y equilibrio del procedimiento, lo anterior en atención a los siguientes principios: 1. De orden público. Esto en virtud del interés que tiene la sociedad y el Estado para la imparcial, pronta, expedita y completa impartición de justicia por los tribunales a través de un procedimiento en el que se eliminen todas aquellas cuestiones que tiendan a entorpecerlo o generar dilaciones; 2. De equidad procesal. La figura está basada en el trato igualitario que se brinde a las partes de un proceso, con lo cual se busca evitar el que se favorezca una de ellas con detrimento del interés de la otra; y 3. De orden procesal. A través de la facultad para subsanar o reparar las deficiencias o defectos ocurridos en el desarrollo del procedimiento, el juzgador podrá ajustarlo o ponerlo en orden a fin de que se pueda dictar la resolución correspondiente. En este orden de ideas, queda de relieve que el ejercicio que los tribunales hagan de la facultad de mérito, en modo alguno resulta inconstitucional pues no implica que a través de ella se pueda crear o integrar algo inexistente, además de que tampoco tiende a modificar, alterar o a suscitar renuncia de las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con la consecuente afectación de las oportunidades de defensa y probatoria que constituyen la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14, párrafo segundo, constitucional." De ahí que legalmente existe un mecanismo para vencer las omisiones reclamadas y el quejoso no quede en estado de indefensión; por lo que al ser un mecanismo procesal previsto para tal efecto, el impetrante debe sujetarse a éste y hacerlo valer en el proceso. Consecuentemente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, en términos de los criterios jurisprudenciales invocados en relación con la omisión reclamada del Juez Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, toda vez que el promovente no señaló domicilio procesal, y para los mismos efectos a las personas que indica. En el entendido que si la autorización que cita es en términos amplios del numeral 12 de la Ley de la materia, se requiere tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente sería para oír y recibir notificaciones. El correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente se tiene para comunicaciones no procesales, como lo dispone el Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., por propio derecho, contra actos del Juez Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

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