Vladimir Peralta Hernández

Expediente 1070/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1070/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Vladimir Peralta Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa en el presente juicio interpusiera recurso de revisión, en contra del auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que así lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que dicho proveído que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Hágase la anotación en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.

  2. Principal

    Visto el oficio presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda, sin que haya lugar a tenerle formulando sus alegatos, toda vez que en auto de once de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de este último ordenamiento legal, expídase las copias que solicita, previa razón de recibo que deje asentada en autos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene rindiendo su informe justificado, al que acompaña las constancias que apoyan el mismo. Así pues, el suscrito Juzgador considera que, respecto al acto reclamado por el quejoso en esta vía constitucional, consistente en: la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 588/2012, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente , que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, página 38, de la Novena Época, con registro 193758, de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." A su vez, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de cuenta, se observa que el catorce de agosto del presente año, se dictó el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral de origen 588/2012, el cual fue notificado a las partes (fojas 23 a la 40); documentales a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese orden de ideas, es evidente que a la presente data los efectos de la omisión combatida (omisión de la responsable en emitir el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 588/2012) han desaparecido, de ahí que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la vulneración alegada; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, y por ello, con fundamento en el numeral 61, fracción V del mismo ordenamiento legal, se procede a sobreseer fuera de audiencia el presente sumario constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Común, página 210, de la Novena Época, con registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Sin que en el presente caso, sea necesario dar vista a las partes procesales con el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues, como se dijo, la omisión que reclama la parte quejosa ha desaparecido con el dictado del laudo dentro del expediente laboral 588/2012; por lo que, la autoridad responsable destruyó de forma total e incondicional el acto reclamado; además de que la naturaleza del juicio de amparo es sumaria, y al haberse restablecido el derecho humano del quejoso como si se hubiera otorgado la protección judicial, es dable concluir que el presente asunto cumplió con su cometido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual fue programada para las DOCE HORAS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E".

  4. Principal

    SE ADMITE LA DEMANDA. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" como juicio de amparo indirecto 1070/2019, fórmese expediente impreso y electrónico. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen solo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberán rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama la quejosa, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. PRUEBAS Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas como pruebas de su parte la presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental pública y de actuaciones, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. TERCERO INTERESADO Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por tanto, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácesele por medio de oficio que al efecto se le gire en el domicilio de su residencia oficial, anexándole copia simple de la demanda de amparo para los efectos legales procedentes.

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