Vladimir Karl Lezama Flores
Expediente 750/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vladimir Karl Lezama Flores
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, fracción I, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido en relación con el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. En ese sentido, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, a que se refiere dicho acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su cumplimiento. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe. El Juez
- Principal
En la Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente para atender el requerimiento ordenado mediante proveído de veinticinco de agosto pasado, sin que éste se hubiese desahogado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto mencionado y no se tiene como acto reclamado el cumplimiento y ejecución del Decreto combatido, ni como autoridad responsable al Administrador General de Aduanas. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente, reclama el decreto por el que se modifica la "TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veinte. Precisado lo anterior, a juicio del suscrito se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone la improcedencia del juicio respecto de dos supuestos. El primero, cuando se desprende de actos que no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de ese ordenamiento y, el segundo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual manera, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta una afectación real, objetiva, actual y directa en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés legítimo y no el de interés jurídico, toda vez que la afectación que alega el promovente la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, con respecto a la norma general combatida, Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la quejosa. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica de la quejosa en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió como normas autoaplicativas, tratándose de interés legítimo, como aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Época: Décima Época, Registro: 2006964, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), Página: 149. Del criterio citado, se advierte que en los casos en que los promoventes aduzcan un interés legítimo para combatir una norma de carácter autoaplicativo, no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante. b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para analizar si los quejosos cuentan con interés legítimo para impugnar una norma autoaplicativa, debe responderse a la siguiente pregunta: La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.) Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Época: Décima Época, Registro: 2009198, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CLXXXII/2015 (10a.), Página: 445. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso reclama el Decreto por el que se modifica "TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN", por medio del cual se crean las fracciones arancelarias 3824.90.83 (soluciones y mezclas, utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (sistemas electrónicos de administración de nicotina (SSAN), sistemas alternativos de consumo de nicotina (SACN) sistemas similares sin nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares) y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); lo mismo se adiciona su correlativa nota explicativa de aplicación nacional. Bajo ese orden de ideas, siguiendo los parámetros del Alto Tribunal, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que la quejosa no cuenta con interés legítimo para impugnar el reglamento combatido, por las consideraciones siguientes: Esto es así, ya que, en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, en esencia, indicó que luego de padecer dependencia al cigarrillo y sus nocivos efectos para la salud, encontró como alternativa a su consumo el uso de vaporizadores. Agregó que optó por el vapeo de forma libre e informada y ha obtenido notables mejorías en su salud y condición física en el corto, mediano y largo plazo. Resaltó que, debido a la prohibición establecida por el gobierno federal, en el decreto combatido ha tenido dificultad para encontrar y adquirir de diversos vendedores los productos que le permitan seguir "vapeando". Lo anterior es así, en razón de que el Decreto combatido se encuentra dirigido a las personas físicas o jurídicas con interés en el comercio exterior (importadores y exportadores de productos), de "Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares". Sin que la parte quejosa acredite encontrarse en alguno de esos supuestos, pues como se ve de sus antecedentes, él es un consumidor/usuario, y no una persona con interés en el comercio exterior (importador de productos), que, con motivo de la aplicación de dicho decreto, haya sufrido el decomiso, aseguramiento, destrucción, embargo o retención de vaporizadores, accesorios o suministros para estos; por lo que no se evidencia que sea el destinatario del decreto reclamado. Además, dicho decreto, no contiene una prohibición para el uso de dichos dispositivos electrónicos, lo que en el caso evidenciaría una posible afectación a los derechos fundamentales de dignidad humana y a la libre determinación de la salud y la persona; sino que establece una prohibición a su legal importación al territorio nacional. En efecto, para acreditar que la norma general que reclama, efectivamente, irrumpe en su esfera de derechos, de tal forma que le produzca una afectación en mayor grado que a otros individuos sólo por una especial posición frente al orden jurídico, ante la existencia del derecho objetivo y la norma combatida que al impugnar le podría revelar un beneficio (interés cualificado), es necesario que la norma establezca alguna obligación a un tercero que le impacte colateralmente; es decir, que se estableciera alguna hipótesis normativa, cuyos efectos y consecuencias le afecta, y que se el contenido de la norma le genera una afectación inmediata. En ese sentido, resulta incorrecto considerar que la operación de la norma impugnada le causa una afectación jurídicamente relevante, esto es, que derivado de ella no pueda conseguir los productos que refiere y menos aún que le impida su uso, puesto que si bien impide su importación, no prohíbe su comercialización o consumo en territorio nacional. Por lo anterior, queda evidenciado que el quejoso no se encuentre situado en una especial posición frente al marco legal a diferencia de otro individuo y que al impugnar la norma general, le pueda generar un beneficio en su esfera de derecho. En tal virtud, toda vez que el ordenamiento combatido, no trastoca el interés legítimo del quejoso, ya que si bien tal norma existe para efectos del presente juicio de amparo, lo cierto es que el quejoso no acredita ubicarse en esa especial posición frente al marco normativo de modo que se le afecte un derecho, y que de lograr su invalidación le revele un beneficio. Al no acreditar ese extremo de su reclamo, este órgano jurisdiccional considera que éste es derivado de un interés simple, asemejado al de cualquier gobernad, sin demostrar el beneficio que la invalidación revelaría en su esfera de derecho. Por tanto, el promovente del juicio no acreditó su especial posición frente a la norma y el acto de autoridad actual y real, a fin de establecer ese interés cualificado y hacer patente que defiende un interés legítimo. A mayor abundamiento, tratándose de una norma general, reclamada en su carácter autoaplicativo, en el caso de una eventual concesión de amparo, el efecto sería únicamente para que la norma no le sea aplicada al promovente en lo futuro, no así para que sea adicionada, reformada o derogada, ni mucho menos para que no se aplique a diversas personas (importantes o exportadores), atendiendo al principio de relatividad, pues de considerar lo contrario, implicaría que a través del juicio de amparo, se podría exigir tanto al Ejecutivo como a autoridades legislativas, a emitir leyes o disposiciones de carácter reglamentario, en un determinado sentido; por lo que en todo caso, la pretensión del quejoso resulta inatendible. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés legítimo del quejoso, con fundamento en el artículo 113 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo - no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Con similares consideraciones se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 369/2019, en sesión de treinta de enero de dos mil veinte. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales; como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en ese Acuerdo General. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudaran a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, se tienen por recibidos los oficios signados por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, por medio de los cuales, informa que la perito oficial fue notificada del proveído de trece de marzo pasado, y remite el dictamen pericial que le fue solicitado en autos. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en relación con el dictamen pericial que rinde la perito oficial, se impone destacar que para que el mismo cuente con validez, es necesario que lo ratifique ante la presencia judicial, acto para el cual, conviene precisar lo siguiente. El artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en lo que interesa dispone lo siguiente. Artículo 6.Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acusan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. (.)" (Lo destacado es propio) De lo anterior se advierte que conforme a las disposiciones establecidas para la "reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", en lo que interesa, tratándose de requerimientos formulados por el órgano jurisdiccional para que una de las partes comparezca ante él para el desahogo de algún requerimiento o diligencia, el juzgador deberá programar una cita para esa comparecencia, que tendrá verificativo el día del vencimiento del término otorgado; para lo anterior, se establecieron algunas reglas para la entrega del código QR, necesario para acudir a la referida cita. En ese contexto, a efecto de que la perito oficial comparezca ante este Juzgado Federal a ratificar su dictamen pericial, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 fracción I, del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a ******************** perito oficial, para que con identificación oficial vigente provista de fotografía y copia de la misma, así como del Código QR que al efecto se emita, comparezca en las instalaciones que ocupa este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos mil novecientos cincuenta, tercer piso, colonia Tlacopac, San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón Ciudad de México, a efecto de que, ante la presencia judicial ratifique su dictamen pericial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 7/2005, que es del tenor literal siguiente: DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 150 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala establece expresamente que "El perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia especial", sin hacer distinción respecto a si dicha disposición se dirige al oficial, al designado por las partes o al tercero en discordia. La referida obligación tiene por objeto establecer la autenticidad de la prueba mediante el perfeccionamiento formal que exige la ley, pues tratándose de una prueba constituida fuera de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente para hacer indubitable su valor, esto es, la ratificación de los dictámenes periciales impuesta por la ley hace que la prueba sea digna de crédito y, consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada; máxime si se toma en cuenta que el peritaje puede emitirse por una persona distinta de la designada, o puede ser sustituido o alterado sin conocimiento del perito nombrado, además de que también es admisible su modificación parcial o total en el momento de ratificarse. Es indudable que la opinión pericial no ratificada es una prueba imperfecta porque no cumple con la condición formal que la ley le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica, es decir, que quien la suscribe es efectivamente la persona designada para ello y que su opinión es verdadera, por lo que sin el mencionado requisito no es dable otorgar validez probatoria a los dictámenes emitidos, incluso los que provengan de peritos oficiales. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 142 del citado código exceptúe al perito oficial que acepte el cargo de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las diligencias, pues tal disposición únicamente lo exime de rendir dicha protesta, pero no de ratificar su opinión. (No. Registro: 178,750, Jurisprudencia, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Abril de 2005, Tesis: 1a./J. 7/2005, Página: 235). Apercibida que en caso de no hacerlo así se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, en términos de la fracción I del numeral 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Se precisa que la anterior fecha y hora se programaron así, tomando en consideración que a este Juzgado de Distrito el correspondió la jornada de labores presencial de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. Ahora, en relación con las manifestaciones de la autorizada de la parte quejosa, a efecto que se le requiera el dictamen pericial a la especialista designada por este juzgado, deberá de estarse a lo acordado en párrafos precedentes en que requirió su comparecencia para ratificar el mismo. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19";, se exhorta a todas las partes; parte quejosa, autoridades responsables, y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese; y personalmente a ******************** con domicilio ubicado en ********************. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe. Flores
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