Vladimir Estrada Ramírez

Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
962/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Vladimir Estrada Ramírez
  • Vladimir Estrada Ramírez y Otros.
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad de Morelia., Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de Autos. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que las partes han quedado debidamente notificadas tanto de la resolución recurrida, como la interposición del recurso hecho valer en su contra. 2. Remisión. En consecuencia, remítanse los agravios y su copia, así como el original del presente juicio de amparo y un tomo de pruebas al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad: poniéndose a su disposición el expediente electrónico. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Jaime Agustín García de Alba Cortés, autorizado del quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngansele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto del año en curso, dentro del presente expediente. 1.1. Distribúyanse entre las partes copias del escrito de agravios; y, una vez que se recaben las constancias de notificación correspondientes de este auto, dentro del término de tres días, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, copia del mismo y el expediente en que se actúa; asimismo, póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Notifíquese personalmente al tercero interesado y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López. SE DEJAN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO A DISPOSICION DEL TERCERO INTERESADO FERNANDO MORA TORRRES, LAS COPIAS DE AGRAVIOS RESPECTIVAS,A FIN DE QUE PUEDA IMPONERFSE DE LAS MISMAS.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 962/2023, promovido por Vladimir Estrada Ramírez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y de la Actuaria de su adscripción: Todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario 71/2010, desde el emplazamiento -y todas sus notificaciones-, hasta el lanzamiento del departamento número 1D, del edificio "A", ubicado en Prolongación Fuentes de Villalongín, del Fraccionamiento Fuentes de Morelia, ejecutado el trece de julio de dos mil veintitrés; incluyendo la orden de dar de baja la inscripción registral. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y la Actuaria de su adscripción, al rendir sus informes justificados refirieron que es cierta la existencia del juicio sumario civil hipotecario 71/2010, pero sin haber vulnerado derecho humano de la parte quejosa, al haberse colmado las disposiciones legales en todas y cada una de las actuaciones en el juicio. Dicha existencia se corrobora con el juicio sumario civil hipotecario 71/2010, que adjuntó a su informe, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTA. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el tercero interesado señala que existe una causal de improcedencia al ser un hecho consumado. La causal de improcedencia invocada es inatendible. Lo anterior, toda vez que la razón que se invoca, guarda relación con el estudio de fondo, de manera que de atenderlo y darle respuesta, se estaría involucrando cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad o no de los actos reclamados, lo que es contrario a la técnica del juicio de amparo, en donde las causas de improcedencia constituyen impedimentos para hacer un pronunciamiento en el fondo sobre la litis constitucional. Al no haberse propuesto ni advertirse motivo de inejercitabilidad diverso, se pasa al estudio de fondo. QUINTA. Estudio de fondo. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. En ellos, el quejoso aduce sustancialmente que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por la falta de llamamiento al juicio de origen, y el lanzamiento forzoso del inmueble, respecto del cual aduce tener un derecho de propiedad, derivado del contrato de donación pura y a título gratuito, celebrado por la parte donante Vladimir Estrada Contreras -padre del quejoso- y de la otra, en cuanto donatarios con respecto del usufructo vitalicio Guadalupe Patricia Ramírez Pascual -esposa del donante-, y la nuda propiedad para Vladimir Estrada Ramírez -hijo del donante-, quien en ese acto fue representado por su madre al ser menor de edad, respecto del inmueble que se describe y que es coincidente con el relacionado en el juicio de origen, aquí reclamado. En primer término, cabe destacar que el quejoso se ostenta en el presente juicio de amparo, como tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados y, respecto de ello, nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha sostenido que persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Tiene aplicación a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56 del tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" Expuesto lo anterior, el peticionario del amparo a fin de acreditar su interés jurídico en esta vía de control constitucional, respecto del bien inmueble del cual alega ser propietario, ofreció como prueba de su parte, copia cotejada de la escritura pública número cinco mil ciento veinte, de siete de octubre de dos mil catorce, a cargo del Notario Público Número Uno, con residencia en Morelia, Michoacán, escritura que contiene el contrato de donación pura y a título gratuito, celebrado por la parte donante Vladimir Estrada Contreras -padre del quejoso- y de la otra, en cuanto donatarios con respecto del usufructo vitalicio Guadalupe Patricia Ramírez Pascual -esposa del donante-, y la nuda propiedad para Vladimir Estrada Ramírez -hijo del donante-, quien en ese acto fue representado por su madre al ser menor de edad, respecto del inmueble que se describe y que es coincidente con el relacionado en el juicio de origen, aquí reclamado; acto jurídico que se celebró ante la fe del Notario Público Número 1, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, el siete de octubre de dos mil catorce. Documento que adquiere eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o, toda vez que las copias referidas fueron cotejadas por el Notario Público Ciento Cinco en el Estado, con ejercicio y residencia en esta ciudad, quien refirió tener a la vista el original. Así, al tratarse de documento público expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones, es apto para demostrar el interés jurídico del quejoso, pues del mismo se advierte que adquirió fecha cierta al haberse celebrado ante Notario Público, el siete de octubre de dos mil catorce. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él". Establecido lo anterior, se tiene que el acto reclamado en el presente asunto deriva del juicio sumario civil hipotecario 71/2010, resuelto en su totalidad, en el que por no haberse dado cumplimiento voluntario al convenio celebrado entre la moral actora "SCRAP II", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y el demandado Vladimir Estrada Contreras, mismo que había sido elevado a la categoría de cosa juzgada, en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó valuar y sacar a remate el bien inmueble dado en garantía. Etapa de ejecución en la que el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la celebración de la audiencia correspondiente, declarándose fincado el remate, y por tanto se adjudicó a favor de Miriam Roxana Mora Torres -cesionaria de los derechos de crédito, de cobro y litigiosos a partir del catorce de febrero de dos mil diecinueve-, quien a su vez cedió dichos en favor de Fernando Mora Torres -tal como se advierte del auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós-; de ahí la orden de ejecución forzosa, misma que fue ejecutada el trece de julio de dos mil veintitrés. De lo anterior se advierte, que el peticionario, de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad responsable efectivamente no tiene reconocido el carácter de parte procesal. No obstante, aunque ciertamente el impetrante resulta ser ajeno a la litis ordinaria, en realidad no le asiste el carácter de persona extraña a juicio, sino de causahabiente procesal de la parte demandada, al haberlo sustituido procesalmente; por lo tanto, ya fue oído y vencido a través de ésta, como se demostrará a continuación: En torno a la figura de la causahabiencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS, determinó -entre otras cosas-, que: 1. La causahabiencia es una figura jurídica que se da siempre que se transmite un bien o un derecho y consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. 2. Se encuentra integrada por dos personas: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. 3. Existen dos tipos de causahabiencia, a saber: a) Causahabiencia sustantiva, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además que el bien que se adquiere no está sujeto a un juicio; y, b) Causahabiencia procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede hacer valer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño al juicio de amparo. Ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tiene que estar a las resultas del juicio, precisamente porque sabía o debía saber de la existencia del proceso jurisdiccional. En esas condiciones, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País determinó, en lo que interesa, que el carácter de causahabiente procesal recae sobre la persona que adquirió los derechos sobre un inmueble que está siendo discutido durante el transcurso de un juicio, y debe estarse a lo que se decida en él, pues se considera oído y vencido a través de su causante, motivo por el cual, para efectos del juicio de amparo, no puede ostentarse como tercero extraño. Destaca además, que en la contradicción de tesis 68/2006-PS, la Primera Sala precisó que con el término "causahabiente" se considera que se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego entonces, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posesión uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Por ello, la figura de la causahabiencia procesal excluye a la del tercero extraño a juicio, porque en esos casos se considera que, por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente ha tenido audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía o debía tener conocimiento de la existencia del gravamen o carga. En el caso, el quejoso exhibió como prueba a su favor para demostrar su interés jurídico, como ya se dijo, copia cotejada de la escritura pública número cinco mil ciento veinte, de siete de octubre de dos mil catorce, a cargo del Notario Público Número Uno, con residencia en Morelia, Michoacán, escritura que contiene el contrato de donación pura y a título gratuito, celebrado por la parte donante Vladimir Estrada Contreras -padre del quejoso- y de la otra, en cuanto donatarios con respecto del usufructo vitalicio Guadalupe Patricia Ramírez Pascual -esposa del donante-, y la nuda propiedad para Vladimir Estrada Ramírez -hijo del donante-, quien en ese acto fue representado por su madre al ser menor de edad, respecto del inmueble que se describe y que es coincidente con el relacionado en el juicio de origen, aquí reclamado; acto jurídico que se celebró ante la fe del Notario Público Número 1, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, el siete de octubre de dos mil catorce. De esta guisa, el documento en alusión resulta eficaz para demostrar la celebración del acto jurídico en cita, por lo que el inconforme se posicionó como nudo propietario del bien afecto al sumario de origen a partir del siete de octubre de dos mil catorce. Así, si consideramos que el juicio sumario civil hipotecario 71/2010, del cual emana el acto combatido fue iniciado el veintidós de enero de dos mil diez, y que el contrato de donación adquirió fecha cierta el siete de octubre de dos mil catorce, es evidente que el quejoso es causahabiente procesal del demandado Vladimir Estrada Contreras (causante), precisamente porque la nuda propiedad que pretende defender la adquirió cuando ya había iniciado el juicio. Por esta razón, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, dado que ya fue oído y vencido a través de su causante (demandado), por lo que el derecho subjetivo que dice ostentar no puede ser oponible a la parte actora. Ciertamente, su causante sí fue debidamente llamado al procedimiento y emplazado a juicio, quien además celebró convenio con la moral -inicialmente actora- "SCRAP II", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mismo que fue sido elevado a la categoría de cosa juzgada. Resulta aplicable la tesis XXI.4o.19 K, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL CAUSAHABIENTE DE QUIEN COMPARECIÓ COMO PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO NATURAL." En términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, la persona extraña en el juicio de garantías es aquella que no ha figurado en el juicio o procedimiento del que deriva el acto reclamado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. Por tanto, si el impetrante de garantías se ostenta con dicho carácter, pero se demuestra plenamente que es causahabiente de quien fue parte demandada en el juicio natural, su situación jurídica es idéntica a la de la demandada, por lo que se encuentra sujeto a lo resuelto en contra de su causante, quien se hizo sabedor tanto del procedimiento seguido en su contra, como del acto reclamado, e inclusive controvirtió los hechos y opuso excepciones y defensas, lo cual es suficiente para desvirtuar el carácter de tercero extraño, pues únicamente tienen esa calidad quienes no fueron emplazados o aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento." Luego, la garantía de audiencia se respetó a través de su causante; de ahí que no se conculcó su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, al ser infundados los argumentos expuestos en los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado de la autoridad ejecutora, ya que no se le atribuyó vicios propios, sino que fue impugnado en vía de consecuencia. Es aplicable, tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." No pasan inadvertidos los alegatos formulados; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, mayormente que ya fueron atendidos al sustentar el sentido de la determinación adoptada. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Vladimir Estrada Ramírez, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DÍAS A NOTIFICARSE PERSONALMENTE ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE EL AVISO/CITATORIO QUE SE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO EN SU PARTE RESOLUTIVA ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 962/2023, promovido por Vladimir Estrada Ramírez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y de la Actuaria de su adscripción: Todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario 71/2010, desde el emplazamiento -y todas sus notificaciones-, hasta el lanzamiento del departamento número 1D, del edificio "A", ubicado en Prolongación Fuentes de Villalongín, del Fraccionamiento Fuentes de Morelia, ejecutado el trece de julio de dos mil veintitrés; incluyendo la orden de dar de baja la inscripción registral. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y la Actuaria de su adscripción, al rendir sus informes justificados refirieron que es cierta la existencia del juicio sumario civil hipotecario 71/2010, pero sin haber vulnerado derecho humano de la parte quejosa, al haberse colmado las disposiciones legales en todas y cada una de las actuaciones en el juicio. Dicha existencia se corrobora con el juicio sumario civil hipotecario 71/2010, que adjuntó a su informe, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTA. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el tercero interesado señala que existe una causal de improcedencia al ser un hecho consumado. La causal de improcedencia invocada es inatendible. Lo anterior, toda vez que la razón que se invoca, guarda relación con el estudio de fondo, de manera que de atenderlo y darle respuesta, se estaría involucrando cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad o no de los actos reclamados, lo que es contrario a la técnica del juicio de amparo, en donde las causas de improcedencia constituyen impedimentos para hacer un pronunciamiento en el fondo sobre la litis constitucional. Al no haberse propuesto ni advertirse motivo de inejercitabilidad diverso, se pasa al estudio de fondo. QUINTA. Estudio de fondo. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. En ellos, el quejoso aduce sustancialmente que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por la falta de llamamiento al juicio de origen, y el lanzamiento forzoso del inmueble, respecto del cual aduce tener un derecho de propiedad, derivado del contrato de donación pura y a título gratuito, celebrado por la parte donante Vladimir Estrada Contreras -padre del quejoso- y de la otra, en cuanto donatarios con respecto del usufructo vitalicio Guadalupe Patricia Ramírez Pascual -esposa del donante-, y la nuda propiedad para Vladimir Estrada Ramírez -hijo del donante-, quien en ese acto fue representado por su madre al ser menor de edad, respecto del inmueble que se describe y que es coincidente con el relacionado en el juicio de origen, aquí reclamado. En primer término, cabe destacar que el quejoso se ostenta en el presente juicio de amparo, como tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados y, respecto de ello, nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha sostenido que persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Tiene aplicación a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56 del tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" Expuesto lo anterior, el peticionario del amparo a fin de acreditar su interés jurídico en esta vía de control constitucional, respecto del bien inmueble del cual alega ser propietario, ofreció como prueba de su parte, copia cotejada de la escritura pública número cinco mil ciento veinte, de siete de octubre de dos mil catorce, a cargo del Notario Público Número Uno, con residencia en Morelia, Michoacán, escritura que contiene el contrato de donación pura y a título gratuito, celebrado por la parte donante Vladimir Estrada Contreras -padre del quejoso- y de la otra, en cuanto donatarios con respecto del usufructo vitalicio Guadalupe Patricia Ramírez Pascual -esposa del donante-, y la nuda propiedad para Vladimir Estrada Ramírez -hijo del donante-, quien en ese acto fue representado por su madre al ser menor de edad, respecto del inmueble que se describe y que es coincidente con el relacionado en el juicio de origen, aquí reclamado; acto jurídico que se celebró ante la fe del Notario Público Número 1, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, el siete de octubre de dos mil catorce. Documento que adquiere eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o, toda vez que las copias referidas fueron cotejadas por el Notario Público Ciento Cinco en el Estado, con ejercicio y residencia en esta ciudad, quien refirió tener a la vista el original. Así, al tratarse de documento público expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones, es apto para demostrar el interés jurídico del quejoso, pues del mismo se advierte que adquirió fecha cierta al haberse celebrado ante Notario Público, el siete de octubre de dos mil catorce. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él". Establecido lo anterior, se tiene que el acto reclamado en el presente asunto deriva del juicio sumario civil hipotecario 71/2010, resuelto en su totalidad, en el que por no haberse dado cumplimiento voluntario al convenio celebrado entre la moral actora "SCRAP II", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y el demandado Vladimir Estrada Contreras, mismo que había sido elevado a la categoría de cosa juzgada, en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó valuar y sacar a remate el bien inmueble dado en garantía. Etapa de ejecución en la que el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la celebración de la audiencia correspondiente, declarándose fincado el remate, y por tanto se adjudicó a favor de Miriam Roxana Mora Torres -cesionaria de los derechos de crédito, de cobro y litigiosos a partir del catorce de febrero de dos mil diecinueve-, quien a su vez cedió dichos en favor de Fernando Mora Torres -tal como se advierte del auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós-; de ahí la orden de ejecución forzosa, misma que fue ejecutada el trece de julio de dos mil veintitrés. De lo anterior se advierte, que el peticionario, de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad responsable efectivamente no tiene reconocido el carácter de parte procesal. No obstante, aunque ciertamente el impetrante resulta ser ajeno a la litis ordinaria, en realidad no le asiste el carácter de persona extraña a juicio, sino de causahabiente procesal de la parte demandada, al haberlo sustituido procesalmente; por lo tanto, ya fue oído y vencido a través de ésta, como se demostrará a continuación: En torno a la figura de la causahabiencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS, determinó -entre otras cosas-, que: 1. La causahabiencia es una figura jurídica que se da siempre que se transmite un bien o un derecho y consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. 2. Se encuentra integrada por dos personas: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. 3. Existen dos tipos de causahabiencia, a saber: a) Causahabiencia sustantiva, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además que el bien que se adquiere no está sujeto a un juicio; y, b) Causahabiencia procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede hacer valer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño al juicio de amparo. Ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tiene que estar a las resultas del juicio, precisamente porque sabía o debía saber de la existencia del proceso jurisdiccional. En esas condiciones, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País determinó, en lo que interesa, que el carácter de causahabiente procesal recae sobre la persona que adquirió los derechos sobre un inmueble que está siendo discutido durante el transcurso de un juicio, y debe estarse a lo que se decida en él, pues se considera oído y vencido a través de su causante, motivo por el cual, para efectos del juicio de amparo, no puede ostentarse como tercero extraño. Destaca además, que en la contradicción de tesis 68/2006-PS, la Primera Sala precisó que con el término "causahabiente" se considera que se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego entonces, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posesión uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Por ello, la figura de la causahabiencia procesal excluye a la del tercero extraño a juicio, porque en esos casos se considera que, por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente ha tenido audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía o debía tener conocimiento de la existencia del gravamen o carga. En el caso, el quejoso exhibió como prueba a su favor para demostrar su interés jurídico, como ya se dijo, copia cotejada de la escritura pública número cinco mil ciento veinte, de siete de octubre de dos mil catorce, a cargo del Notario Público Número Uno, con residencia en Morelia, Michoacán, escritura que contiene el contrato de donación pura y a título gratuito, celebrado por la parte donante Vladimir Estrada Contreras -padre del quejoso- y de la otra, en cuanto donatarios con respecto del usufructo vitalicio Guadalupe Patricia Ramírez Pascual -esposa del donante-, y la nuda propiedad para Vladimir Estrada Ramírez -hijo del donante-, quien en ese acto fue representado por su madre al ser menor de edad, respecto del inmueble que se describe y que es coincidente con el relacionado en el juicio de origen, aquí reclamado; acto jurídico que se celebró ante la fe del Notario Público Número 1, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán, el siete de octubre de dos mil catorce. De esta guisa, el documento en alusión resulta eficaz para demostrar la celebración del acto jurídico en cita, por lo que el inconforme se posicionó como nudo propietario del bien afecto al sumario de origen a partir del siete de octubre de dos mil catorce. Así, si consideramos que el juicio sumario civil hipotecario 71/2010, del cual emana el acto combatido fue iniciado el veintidós de enero de dos mil diez, y que el contrato de donación adquirió fecha cierta el siete de octubre de dos mil catorce, es evidente que el quejoso es causahabiente procesal del demandado Vladimir Estrada Contreras (causante), precisamente porque la nuda propiedad que pretende defender la adquirió cuando ya había iniciado el juicio. Por esta razón, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, dado que ya fue oído y vencido a través de su causante (demandado), por lo que el derecho subjetivo que dice ostentar no puede ser oponible a la parte actora. Ciertamente, su causante sí fue debidamente llamado al procedimiento y emplazado a juicio, quien además celebró convenio con la moral -inicialmente actora- "SCRAP II", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mismo que fue sido elevado a la categoría de cosa juzgada. Resulta aplicable la tesis XXI.4o.19 K, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL CAUSAHABIENTE DE QUIEN COMPARECIÓ COMO PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO NATURAL." En términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, la persona extraña en el juicio de garantías es aquella que no ha figurado en el juicio o procedimiento del que deriva el acto reclamado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. Por tanto, si el impetrante de garantías se ostenta con dicho carácter, pero se demuestra plenamente que es causahabiente de quien fue parte demandada en el juicio natural, su situación jurídica es idéntica a la de la demandada, por lo que se encuentra sujeto a lo resuelto en contra de su causante, quien se hizo sabedor tanto del procedimiento seguido en su contra, como del acto reclamado, e inclusive controvirtió los hechos y opuso excepciones y defensas, lo cual es suficiente para desvirtuar el carácter de tercero extraño, pues únicamente tienen esa calidad quienes no fueron emplazados o aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento." Luego, la garantía de audiencia se respetó a través de su causante; de ahí que no se conculcó su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, al ser infundados los argumentos expuestos en los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado de la autoridad ejecutora, ya que no se le atribuyó vicios propios, sino que fue impugnado en vía de consecuencia. Es aplicable, tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." No pasan inadvertidos los alegatos formulados; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, mayormente que ya fueron atendidos al sustentar el sentido de la determinación adoptada. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Vladimir Estrada Ramírez, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

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