Vladimir Camilo Chávez Sarabia y Otros.
Expediente 1604/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Vladimir Camilo Chávez Sarabia y Otros.
- Director de la Policía Vial del Estado de Oaxaca
- Vladimir Camilo Chávez Sarabia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, como la parte quejosa no hizo manifestación en atención a la vista dada en proveído de dieciocho de abril del año en curso, respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a NÉSTOR BARAHONA GARZÓN, para que la autoridad responsable, Director General de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Dejar insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil dieciséis, dictada contra el quejoso NÉSTOR BARAHONA GARZÓN, en el expediente administrativo PE/DGPVE/DTE/CPD/917/2016, en la que se le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas, así como la suspensión de su licencia para conducir por el término de tres meses. Sin que dicho efecto llegue al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. En relación con dicho efecto, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada ". Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución dado que, siendo ilegal la orden de arresto, deviene ilegal el acto de autoridad tendente a su ejecución, máxime que no se reclama por vicios propios; ello de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (Jurisprudencia 102, Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 66, Quinta Época)". El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la sentencia dictada en este juicio de amparo, fue recurrida por la autoridad responsable Director General de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, además el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, confirmó la sentencia dictada en este juicio de amparo, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficios SSP/DGPVE/DJ/0889/2017, SSP/PE/DJ/4685-e/2017 y SSP/PE/DJ/COM-1/0385/2017 recibidos el diecisiete de abril del año en curso, el Director General de la Policía Vial Estatal, Jefa de Departamento de Sector Adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal y Encargada de la Comisaria Calificadora del Primer Turno de la Policía Estatal, remitieron copias certificadas de constancias de las que se advierte que se dejó insubsistente la resolución de fecha dos de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente administrativo PE/DGPVE/CPD/917/2016 y referente a la suspensión de licencia para conducir por el termino de tres meses al quejoso, ya la recibió en el área de infracciones de esa Dirección General, el diez de febrero de dos mil diecisiete. Circunstancia que se corrobora con el oficio original del acuerdo de trece de abril del año en curso, librado dentro del expediente administrativo PE/DGPVE/CPD/917/2016, de su índice, así como la hoja de recepción de su licencia original para conducir del quejoso NÉSTOR BARAHONA GARZÓN. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizaron las responsables, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas, en el incidente de suspensión. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III Agréguese los oficios y anexos del Director General de la Policía Vial Estatal, Jefa de Departamento de Sector Adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal y Encargada de la Comisaria Calificadora del Primer Turno de la Policía Estatal, mediante los cuales remiten constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las constancias que se agregan, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que deberá correrse traslado con copia de dichas constancias y así asentarse expresamente en la notificación respectiva; apercibidas que de no formular manifestación, este Juzgado resolverá sobre el particular con base en los datos y elementos que existen en autos.
- Principal
MESA III San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio procedente del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta localidad, y anexos consistentes en: a) juicio de amparo 1604/2016 del índice de este Juzgado y b) copia de la ejecutoria de dieciséis de marzo del año en curso. Acúsese recibo. Ahora, dado que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, confirmó la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Néstor Barahona Garzón; por lo anterior hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, para los efectos legales consiguientes. Toda vez que el Tribunal de alzada remitió los autos originales de este expediente, a efecto de que esté debidamente integrado con las constancias necesarias para su comprensión, agréguense las actuaciones existentes en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío del recurso de revisión, en virtud de ello, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de este expediente al Tribunal Colegiado aludido. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo determinado por la Superioridad, se requiere a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días computados legalmente, cumplan la ejecutoria de amparo de la que se le envió oportunamente y, desde luego, informen y acrediten dicho cumplimiento; esto es, efectúen lo siguiente: ".Dejar insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil dieciséis, dictada contra el quejoso NÉSTOR BARAHONA GARZÓN, en el expediente administrativo PE/DGPVE/DTE/CPD/917/2016, en la que se le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas, así como la suspensión de su licencia para conducir por el término de tres meses. Sin que dicho efecto llegue al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. En relación con dicho efecto, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada". Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución dado que, siendo ilegal la orden de arresto, deviene ilegal el acto de autoridad tendente a su ejecución, máxime que no se reclama por vicios propios; ello de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (Jurisprudencia 102, Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 66, Quinta Época)." De Igual manera, requiérase al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable citada, en el mismo plazo de tres días, ordene a éstas, cumplan la ejecutoria en sus términos y remitan las constancias respectivas. Apercibidos que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL).
- Principal
MESA III Agréguese oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, por medio del cual hace del conocimiento a este Juzgado, que el presente juicio de amparo en revisión fue seleccionado para su remisión al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa Veracruz, para el dictado de la resolución correspondiente, en cumplimiento al oficio STCCNO/17/2017, de nueve de enero del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México.
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