Vladimir Andrade Molina
Expediente 346/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 90 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 90
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Vladimir Andrade Molina
- Director del Hospital General Veracruz de Petroleos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 90.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de enero de dos mil veintitrés. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el treinta de diciembre de dos mil veintidós feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso g), de la citada ley de la materia, en contra de las dos resoluciones dictadas respecto al incidente por exceso y defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano por falta de atención médica e incidente por exceso y defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, ambas resueltas el trece de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, toda vez que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la superioridad remitiendo testimonio de la ejecutoria emitida en el toca 124/2021 por medio de la cual confirmó el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse sobreseído en el juicio y no considerarse de relevancia documental. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que no se notificaron a la parte quejosa las resoluciones de trece de diciembre del año en curso, relativas a los incidentes por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, y suspensión de plano por falta de atención médica, en esas condiciones, se instruye al personal de la actuaría para que realice dichas notificaciones a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. COMO ESTA ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LAS RESOLUCIONES DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMA QUE DICE: "En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, como se encuentra ordenado en acuerdo de cinco de diciembre último (foja 865) dentro del juicio de amparo 346/2020, ya que se advierte que todas las partes se encuentran notificadas de dicho acuerdo, se procede a celebrar la audiencia de pruebas y alegatos relativa al INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA, promovido por la parte quejosa; audiencia que es presidida por Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su segundo período vacacional, que comprende del dos al dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; según consta en el oficio CCJ/ST/5520/2022 signado por la Secretaria Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe de la misma, sin asistencia de las partes. ABIERTA LA AUDIENCIA DE LEY en términos de lo dispuesto en los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos, e informó de las constancias que integran el expediente. A continuación el Encargado del Despacho acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes. ABIERTO EL PERÍODO PROBATORIO, la secretaria da cuenta con la prueba instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto legal y humana y documental ofrecidas por la parte quejosa; así como la documental ofrecida por las autoridades responsables en relación a la presente incidencia. El Encargado del Despacho acuerda: En relación a las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, de conformidad con la fracción III del artículo 208 de la ley de la materia. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS en términos del precepto legal antes citado, la secretaria hace constar que la partes no los formularon, por lo que enseguida se declara cerrado el período de alegatos y con fundamento en la parte final del precepto legal antes citado, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución correspondiente: Vistos para resolver los autos que integran el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano por falta de atención médica, concedida en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 346/2020, promovido por VLADIMIR ANDRADE MOLINA, en contra de las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, por lo que procede a realizar en los siguientes términos; y, PRIMERO. Trámite del incidente de suspensión. Mediante auto de diecisiete de julio de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se solicitó informe a las autoridades responsables, librándose al efecto los oficios 7454, 7455, 7456, a fin de que las autoridades responsables tuvieran conocimiento de la medida cautelar y procedieran a su acatamiento. (fojas 26 a 39) SEGUNDO. Constancia de notificación de la suspensión de plano. A través del Servicio Postal Mexicano, se ordenó la notificación de los oficios de las autoridades con residencia fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; en tanto que la autoridad local, fue notificada por conducto de la actuaria adscrita a este Juzgado, como se colige del acuse de recibo que obra a foja cuarenta y cinco. TERCERO. Envío de exhorto a fin de entregar los oficios con efectos de notificación del auto de la suspensión de plano. En auto de treinta y uno de julio de dos mil veinte, a efecto de agilizar la entrega de los oficios 7455 y 7456 librados a las autoridades con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se ordenó girar el exhorto 179/2020/E/IV/AAD al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se entregaran los oficios de referencia. (fojas 57 a 58) Dejándose constancia de notificación de que el tres de agosto de dos mil veinte, a través de los oficios 11261 y 11262 el personal actuante del Juzgado exhortado entregó los oficios números 7455 y 7456 a los cuales se adjuntó copia de la demanda. (fojas 134 a 136) CUARTO. Incidente de incumplimiento de la suspensión de plano por falta de atención médica, en relación al escrito con registro 10950. Mediante escrito recibido ante este Juzgado el tres de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano por falta de atención médica (fojas 556 a 557); recayendo al mismo el auto de esa misma fecha, a través del cual se admitió a trámite dicha incidencia; por lo que se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, librando al efecto los oficios 19254 y 19255. (fojas 560 a 561) QUINTO. Constancia de notificación del trámite del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. La autoridad local fue notificada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por conducto de la actuaria adscrita a este Juzgado, como se colige del acuse de recibo que obra a foja quinientos setenta. En tanto que la autoridad foránea con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, fue notificada el tres de agosto de dos mil veintiuno, a través de la cuenta de correo electrónico de la dependencia oficial dirigido a ivonne.carolina.flores@pemex.com, como sea advierte de la certificación secretarial que al efecto se dejó constancia en autos, respecto del cual acusó recibo en la misma fecha, a través de la cuenta de correo electrónico oficial de este Juzgado de Distrito. (fojas 566 y 567) SEXTO. Vista de informes de la autoridad responsable 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, en relación al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. En proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con el informe sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano rendido por la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche (fojas 597 a 600); posteriormente, en auto de uno de febrero de dos mil veintidós, se dejó a vista de las partes el informe complementario sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano que rindió la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche. (fojas 657 a 659) Finalmente, en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se dejó a vista de las partes el informe aclaratorio sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano que rindió la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, y pruebas que adjuntó al mismo. (fojas 709 a 713) SÉPTIMO. Presunción de certeza ante la falta de informe sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, de la autoridad responsable 1. Director del Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz. En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se estableció la presunción de ser cierta la conducta atribuida al director del citado hospital, al mismo tiempo que se requirió remitiera el soporte documental que acreditara el cumplimiento dado a la suspensión de plano. (fojas 772 y 773) En proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se acordó el oficio del 1. Director del Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz, en el que manifestó la imposibilidad material para remitir las constancias requeridas, por lo que se procedió a requerir al Departamento de Personal Carmen Noreste, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. (fojas 778 a 781) Posteriormente, en auto de once de julio del año en curso, se ordenó requerir al superior jerárquico del Departamento de Personal Carmen, esto es, a la Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen y de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sureste, a efecto de que remitiera las constancias necesarias para resolver la presente incidencia. (fojas 808 y 809) En auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se dejó a vista de las constancias requeridas a la Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen y de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sureste, a efecto de contar con el soporte documental sobre el cumplimiento dado a la suspensión por la responsable 1. Director del Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz. (fojas 855 a 861) Finalmente, una vez que fue celebrada la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, quedaron los autos para emitir la resolución respectiva, lo que se hace en los términos siguientes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para resolver la presente incidencia, en términos de los artículos 206, 207, 208, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, así como los diversos preceptos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al conocer del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 346/2020, del índice de este Juzgado; asunto del que emana del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano por falta de atención médica. SEGUNDO. Estudio de fondo del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano. En primer término, a efecto de resolver sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, es necesario destacar el contenido de los artículos 206, 208, 209 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." "Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución." "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa del cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". De la lectura de los anteriores preceptos se advierte que el incidente previsto en el primero de tales artículos, puede promoverse en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Igualmente, el segundo de tales preceptos, es decir, el artículo 208 transcrito establece las reglas para su tramitación, de cuya lectura se advierte que el incidente debe promoverse por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente, en el cual deben ofrecerse también las pruebas relativas y, en consecuencia, el órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en un plazo de tres días; precisa que en la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Por su parte, el artículo 209 transcrito, dispone lo relativo a la actuación del juzgador de amparo en los casos en que se determine que las autoridades responsables no cumplieron con la suspensión de plano o definitiva, que lo hicieron de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente; motivo por el cual al acreditarse dicha situación, el órgano judicial, en su resolución, requerirá a la o a las autoridades para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías. Y sólo en caso de que tales deficiencias no sean subsanadas, entonces se faculta al juzgador para proceder a denunciar ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo; esto es, el no acatamiento de la medida cautelar otorgada, correctamente notificada, constituye una conducta sancionable penalmente, conforme a la recién transcrita porción normativa, sin perjuicio de incurrir en la comisión de un diverso delito Sin que en ningún caso se advierta que la promoción del incidente de incumplimiento a la suspensión paralice el procedimiento relativo al incidente de suspensión en el juicio de amparo. Sobre estas bases se procede al análisis de la materia controvertida en este incidente, que básicamente estriba en determinar si las autoridades responsables han sido omisas, en dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en auto de diecisiete de julio de dos mil veinte, ante la aducida falta de servicio médico. Como cuestión preliminar, y por razón de orden lógico conviene rememorar que la medida suspensional, de plano, fue concedida para los efectos siguientes: En ese tenor, del contenido de la demanda de amparo, se traduce en la obligación que tiene la parte quejosa de presentarse a laborar a su centro de trabajo como trabajador de Petróleos Mexicanos, ello a pesar de que es una persona con mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID-19, por padecer hipertesión arterial; lo que resulta en perjuicio de su derecho humano a la salud, representando un peligro real poniendo en riesgo su vida. Asimismo, en el capítulo de antecedentes el solicitante de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa destacar, lo siguiente: Es trabajador de Petróleos Mexicanos-a la fecha de presentación de la demanda- en tiempo y forma. Encontrarse diagnosticado con hipertensión arterial. Motivo por el cual estimó encontrarse dentro de la categoría de las personas con mayor riesgo de complicaciones en el caso de infección por COVID-19, conforme el acuerdo de implementación de medidas para el personal Petróleos Mexicanos y procedió a realizar la petición. Ahora, previo a que el suscrito emita el pronunciamiento respectivo, es dable precisar lo siguiente: El treinta de marzo del año en curso el Consejo de Salubridad General emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el cual se expuso como justificación el hecho de que la Secretaría de Salud, en las últimas horas, había señalado que el número de casos de personas contagiadas ha ido en aumento, por lo que se recomendaba que los habitantes del país permanecieran en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Acuerdo que estará vigente hasta el treinta de abril de dos mil veinte. Posteriormente, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de marzo pasado, se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En tal virtud, dado el marco normativo que actualmente prevalece en el país para contener la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) es inconcuso que todas las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En ese contexto, tanto los entes públicos como privados están constreñidas a realizar aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el fin de disminuir el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables; entre ellos, las personas que padecen afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial. Asimismo, entre las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica, se encuentra la referente a evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de sesenta y cinco años o más y grupos de personas con afecciones médicas preexistentes como son la enfermedad de hipertensión arterial, quienes en todo momento, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. Por lo anterior, acorde a la información difundida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el personal que tenga hipertensión arterial se considera parte de los grupos de riesgo y vulnerables en relación con virus COVID-19. Al encontrarse con mayor grado de riesgo de infección del virus. Ahora bien, del contenido integral de la demanda y anexos exhibidos se desprende, que la parte quejosa como ya se dijo, la sitúa en el grupo vulnerable que deberá guardar resguardo domiciliario, por ser hipertenso; lo que conduce a concluir que existe un potencial de probabilidad de contagiarse del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de persona a persona, y desarrollar la enfermedad de forma grave. De ahí que, procede conceder la suspensión de plano y de oficio, respecto de los actos reclamados, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que la especie se reúnen los presupuestos para su otorgamiento, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, en razón de que como se ha expuesto, los actos reclamados relativos a la negativa de otorgarle la solicitud de suspensión de labores de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", de observancia y práctica de los sectores públicos, privados y social; y con ello su obligación de presentación a sus tareas de laborales, negando acceder al resguardo domiciliario. Lo expuesto es así porque en el caso bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló que forma parte del grupo de personas vulnerables, y de alto riesgo en caso de contagiarse del virus COVID-19, ya que es propenso a que desarrolle la enfermedad de forma grave, lo cual se encuentra relacionado con el derecho a la salud del quejoso y a su vida, los cuales ameritan protección especial. Es así porque atendiendo a la apariencia del buen derecho, y a que el quejoso bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo precisó que padece de hipertensión arterial; lo que permite establecer que se demostró de manera indiciaria su pretensión relativa a que se encuentra en los supuestos de excepción para no asistir a su centro de trabajo, previstos en los incisos a) y c) del artículo segundo del "ACUERDO POR EL "QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS "PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN "IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y "CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA "SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD "POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en su edición vespertina. De la lectura del artículo segundo, incisos a) y c), del referido Acuerdo, se advierte que dispone lo siguiente: "(.) "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los "sectores público, privado y social deberán poner en "práctica son las siguientes: "a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios "públicos y otros lugares concurridos, a los adultos "mayores de 65 años o más y grupos de personas con "riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a "causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, "y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán "de su salario y demás prestaciones establecidas en la "normatividad vigente indicada en el inciso c) del "presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres "embarazadas o en período de lactancia, menores de 5 "años, personas con discapacidad, personas con "enfermedades crónicas no transmisibles (personas "con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, "lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia "hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún "padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere "supresión del sistema inmunológico; "[...] "c) Suspender temporalmente las actividades de los "sectores público, social y privado que involucren la "concentración física, tránsito o desplazamiento de "personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y "hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y "entidades de la Administración Pública Federal y las "organizaciones de los sectores social y privado, deberán "instrumentar planes que garanticen la continuidad de "operaciones para el cumplimiento de sus funciones "esenciales relacionadas con la mitigación y control de los "riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus "SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos "humanos de las personas trabajadoras, en particular "los señalados en el inciso a) del presente artículo, y "de los usuarios de sus servicios". Así pues, de conformidad con el instrumento normativo anterior, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio a conocer a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, y a las autoridades civiles, militares y los particulares, así como a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, que estarán obligadas a implementar las medidas preventivas en materia de salud, con motivo del virus COVID-19, entre las que se encuentra no asistir a sus centros de trabajo en los siguientes supuestos: a) Grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del mencionado artículo, entre los que se encuentran, entre otros, personas con enfermedad de hipertensión y, b) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de ese Acuerdo y hasta el diecinueve de abril del dos mil veinte. Asimismo, en el diverso "ACUERDO "POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES "EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA "EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR "EL VIRUS SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, establece en su artículo Primero, fracciones I, II, inciso a) y V, que se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar la siguientes medidas: "[.] "I. Se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; "II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las "siguientes actividades consideradas esenciales: "a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud (.). "(.) "V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica "de manera estricta a toda persona mayor de 60 años "de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o "con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes "mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, "inmunodepresión (adquirida o provocada), insuficiencia "renal o hepática, independientemente de si su "actividad laboral se considera esencial. El personal "esencial de interés público podrá, de manera "voluntaria, "presentarse a laborar; [.]" En ese orden, si en la demanda de amparo la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que labora en Petróleos Mexicanos; por consiguiente ello permite concluir que existe un potencial de probabilidad de contagiarse del virus SARS-CoV2 (COVID-19) por pertenecer a un grupo que la autoridad sanitaria autorizada en este momento de crisis lo consideró vulnerable, debido a su condición médica al ser diagnosticado con hipertensión arterial; por lo que es propenso a que desarrolle enfermedad de forma grave. Esto es así porque como se precisó, la parte quejosa acreditó indiciariamente encontrarse dentro del grupo de personas vulnerables con riesgo de contagio del virus COVID-19, y por tanto, se ubica dentro del supuesto del citado "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN "ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA "ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA "GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2", en cuyo artículo primero, fracción V, se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la medida de resguardo domiciliaria de forma estricta, que de ninguna forma queda discreción de las dependencias públicas, para aquellas personas que, entre sus padecimientos se encuentre la enfermedad hipertensión arterial, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. Además, al quedar demostrado, aun de forma indiciaria, que la parte quejosa forma parte de un grupo vulnerable por padecer de hipertensión arterial, también se encuentra acreditado su derecho a gozar de la medida de protección establecida en la norma para gozar de un resguardo domiciliario temporal a fin de evitar su contagio con el virus COVID-19 y su propagación, lo que además, encierra un peligro en la demora, pues día a día se eleva el nivel de contagio de dicho virus, lo que pone en riesgo su salud en cualquier momento, al no encontrarse aislado en su hogar, sino en contacto con personas quienes a pesar de no evidenciar síntomas de haber contraído el virus, pudieran tratarse de personas asintomáticas susceptibles de contagiarlo. Es aplicable a lo anterior, en su parte conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos trece, del Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la "demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Por consiguiente, se estima a este momento suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por el quejoso, para acreditar de manera indiciaria su interés suspensional para que le sea otorgada la suspensión de plano respecto del permiso que deberá otorgársele por parte de las responsables para ausentarse de sus labores con goce de sueldo al padecer de hipertensión arterial. En consecuencia, del examen de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, se advierten elementos objetivos, lógico-racionales con los que de manera indiciaria se concluye que el no autorizar a la parte quejosa, para ausentarse a laborar en su centro de trabajo, produce o pudiera colocar en riesgo su salud al formar parte de un grupo vulnerable susceptible de contagiarse con mayor facilidad del virus COVID-19, e incluso de poner en peligro su vida. Lo expuesto porque en las condiciones actuales de propagación del virus citado, es un hecho notorio de cultura general y de política de salud, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del propio Consejo de Salubridad General de nuestro país, que el permanecer aislado en los hogares reduce significativamente la probabilidad o el riesgo de contraer o adquirir el padecimiento que bien puede ser mortal u ocasionar daños significativos, en algunos casos definitivos e irreversibles en la salud de las personas consideradas como vulnerables, tal como acontece en el caso concreto, por tratarse de una persona con diagnóstico de padecer la enfermedad de hipertensión arterial lo que incrementa dicho riesgo. Debe destacarse que conforme el artículo 147 de la Ley de Amparo, determina que cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita, así como de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio constitucional, a saber: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio "de amparo. "El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Sin que lo anterior signifique que mediante la suspensión se puedan constituir derechos que la parte quejosa no tuviera antes de la presentación de la demanda de amparo, pues como lo establece el artículo 131 de la Ley de Amparo, la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Dicho precepto legal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 131 (.) En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda [.]" En ese orden, debe concluirse que la quejosa acreditó, cuando menos indiciariamente, que se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el artículo segundo, inciso a) del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, así como en el diverso artículo primero, fracción V, del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, al formar parte de un grupo vulnerable, por manifestar bajo protesta de decir verdad que padece de hipertensión arterial, por lo que este Juzgado de Distrito considera necesario fijar los efectos de la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Se concede la medida suspensional de plano para el efecto de que las autoridades responsables autoricen a la parte quejosa para no asistir a su centro de trabajo, a manera de permiso, como lo refieren los acuerdos sanitarios antes citados, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General, suspenda o dé por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, o bien, si durante la tramitación del juicio de amparo se diera el caso que la medida cautelar que se otorga fuese modificada o revocada. En la inteligencia que la presente suspensión dejará de surtir efectos, si durante el juicio se desvirtúan con medio de prueba idónea lo manifestado por la parte quejosa con el cual acreditó indiciariamente su padecimiento que la ubican dentro de los supuestos de los Acuerdos sanitarios señalados como grupo de personas vulnerables a contagiarse por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis aislada I.18o.A.33 K (10a.), sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal colegiado comparte, visible en la foja dos mil ciento sesenta, del Libro 68, julio de dos mil diecinueve, Tomo III, julio de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." Signifíquense a las autoridades responsables que la presente medida se toma considerando, en principio, que las manifestaciones de quien promueve el juicio de amparo las hace bajo protesta de decir verdad. Lo cual implica que de resultar en la afirmación de hechos falsos u omitir los que le consten estaría configurando una conducta sancionada por normativa de contenido penal. En el caso, el arábigo 261 de la Ley de Amparo, cuya comisión conlleva una pena privativa de libertad de dos a seis años. En el entendido, que esta medida suspensional no coarta el derecho de las autoridades llamadas a juicio de solicitar a la parte aquí quejosa acredite la situación personal que alega para pedir la presente medida suspensional. Así como tampoco le veda probar en su caso ante esta potestad de amparo, que las circunstancias bajo las que se pide la suspensión no son tal como se plantean. Considerando que aún y cuando aquí se otorga la cautelar en los términos ya apuntados, por su naturaleza esa medida es mutable. Al acreditar algún dato novedoso o superviviente que motivara su modificación o revocación. Aunado a que todas las partes tienen expeditos sus derechos para cuestionar esta decisión a través de los medios legales previstos en la ley de la materia, si así conviene a sus intereses. Finalmente, signifíquese a las autoridades responsables que la presente medida, no exime a la parte quejosa a que desde su casa pueda realizar actividades laborales propias de su encomienda, ya sea en línea, vía telefónica, o por cualquier medio tecnológico que en la actualidad han sido implementados con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19." (fojas 26 a 39) De lo anterior se sigue que, por virtud de la medida cautelar decretada por este Juzgado, las autoridades responsables quedaron constreñidas a acatar la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en cuanto hace a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables autoricen a la parte quejosa para no asistir a su centro de trabajo, a manera de permiso, como lo refieren los acuerdos sanitarios emitidos por las autoridades de salud, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General, suspenda o dé por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, o bien, si durante la tramitación del juicio de amparo se diera el caso que la medida cautelar que se otorga fuese modificada o revocada. Ahora bien, a través del escrito con registro 10950, el quejoso consideró que existió incumplimiento defectuoso de la suspensión de plano manifestando lo siguiente: 1.- Con motivo de la demanda de amparo promovida por el suscrito, la cual se radicó bajo el número de expediente 346/2020, se me otorgó suspensión de plano mediante acuerdo de fecha 16 de julio de 2020. Suspensión que consistía en "Autorizar al quejoso no asistir a su centro de trabajo, a manera de permiso, como lo refieren los acuerdos sanitarios, y que se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto hasta tanto el consejo de salubridad general suspenda o de por concluida la emergencia sanitaria." 2.- Como se observa en autos del juicio de amparo que al rubro se indica la autoridad responsable, en fecha tres de agosto de 2020, se dio por legalmente notificada por conducto de su apoderada legal, siendo omisa de impugnar la suspensión de plano otorgada a mi favor, así mismo, al rendir su informe respecto de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la medida decretada, fue omisa en su totalidad de dar informe respecto de las medidas adoptadas para ello. 3.- Así las cosas, al día de hoy, dentro del portal denominado "Asiste" presento faltas durante los periodos del 07 de julio al 03 de agosto del 2021, siendo que estas, están consideradas como "ausencias pendiente de calificar" por la autoridad responsable, siendo esto indebido ya que, desde 16 de julio de 2020 la misma tiene conocimiento de los efectos de la suspensión de plano que se me otorgó, por lo cual no existe ningún motivo para catalogar como faltas, los periodos ya mencionados, y como consecuencia de ello, la Autoridad Responsable no me cubrirá mi salario, contraviniendo así los efectos de la suspensión. 4.- Aunado a lo anterior, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la autoridad responsable me ha dejado de prestar el servicio médico al que tengo derecho, ya que dentro del portal "Asiste" aparezco como ausencia temporal y sin derecho a servicio médico, causando un grave perjuicio a mi derecho a la salud, ya que al día hoy presento un diagnóstico POSITIVO al antígeno de SARS-COV-2 (COVID-19) por lo que es prioritario que cuente con el servicio médico que la responsable está obligada a brindarme. 5. Es por todo lo anterior que promuevo el presente incidente y solicito a esta autoridad de trámite al presente incidente y le requiera a la autoridad responsable de cumplimiento a la suspensión de plano que estoy gozando desde el 16 de julio de 2020 y misma que no ha sido cumplida a mi favor. Lo anterior con los apercibimientos y multas de que la ley de amparo establece." En ese contexto, una vez que se solicitó su informe a las autoridades responsables, el apoderado legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, negó el desacato a la suspensión de plano otorgada al quejoso, como se colige de su informe rendido, así como de los complementarios al mismo, que rindió mediante oficio DCAS-SCH-CRLRH-GRRLRHSE-3-CNE-3148-2021 de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Jefe de Departamento de Personal de Pemex Exploración y Producción, se comunicó al quejoso la autorización para no asistir a su centro de trabajo a manera de permiso, sin responsabilidad jurídica alguna y realizar su resguardo domiciliario sin imponerle descuento alguno de su salario. (fojas 597-598) En adición a dicho informe, la responsable 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, remitió el oficio número DJ-GJRS-SJCC-MJNR-232-2022 en el que precisó que después de realizar la solicitud de información el área encargada del control administrativo del quejoso, el Departamento de Personal Carmen Noreste le informó que el quejoso no presentaba ausencias, ni faltas injustificadas, por lo tanto, se encontraba activo en el servicio médico de la institución (fojas 657); información que reiteró en términos similares en el oficio número DJ-GJRS-SJCC-MJNR-695-2022. (foja 709) Ahora, en relación al 1. Director del Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz, sin bien es cierto omitió rendir su informe en relación al presente incidente, lo que dio lugar a que en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se estableciera la presunción de ser cierta la conducta atribuida; no menos cierto resulta verdad que al recabarse el soporte documental que acreditara el cumplimiento dado a la suspensión de plano, se obtuvo a través de la Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen y de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sureste, las documentales relativas a la carátula certificada del Módulo de Vigencia de Derechos del Sistema de Servicios de Información Operativa, en el que Petróleos Mexicanos lleva el registro de la vigencia de derechos para que sus trabajadores y derechohabientes reciban atención médica de los servicios de salud, en la que se aprecia que su vigencia no ha sido interrumpida, en el periodo del siete de julio al tres de agosto de dos mil veintiuno, como lo refiere el quejoso en esta incidencia, ni en ningún otro periodo. (fojas 856 a 860) Sentadas las premisas de examen del caso, se tiene que, acorde a lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, la medida suspensional fue acatada por las responsables, ya que no existe constancia que durante la vigencia de la suspensión de plano otorgada al quejoso, se le haya denegado el servicio médico de los servicios de salud que otorga su fuente de empleo Petróleos Mexicanos, o que su vigencia se haya visto interrumpida por alguna circunstancia, como se colige de las constancias recabadas por conducto de la Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen y de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sureste, a efecto de contar con el soporte documental sobre el cumplimiento dado a la suspensión por la responsable 1. Director del Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz. (fojas 855 a 861) En consecuencia, no asiste la razón jurídica al quejoso cuando afirma que la responsable debe ser denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, en la medida que se dio cumplimiento a la medida cautelar, y en ese sentido, no puede estimarse haya incurrido en desobediencia. No es óbice, la alegación del quejoso atinente a que en el portal denominado "Asiste" presentaba faltas durante los periodos del siete de julio al tres de agosto de dos mil veintiuno, consideradas como "ausencias pendiente de calificar" por la autoridad responsable, por lo que debido a dicha ausencia temporal, no tiene derecho a servicio médico, lo cual adujo al promover el presente incidente que le causa un grave perjuicio por presentar un diagnóstico positivo al antígeno de SARS-COV-2 (COVID-19) por lo que resultaba prioritario que contara con el servicio médico que la responsable está obligada a brindarle, en acatamiento a la medida suspensional de plano otorgada desde el dieciséis de julio de dos mil veinte. Al respecto, se estima que durante la vigencia de la suspensión de plano otorgada al quejoso, no se le denegó el servicio médico de los servicios de salud que otorga su fuente de empleo Petróleos Mexicanos, o que su vigencia se haya visto interrumpida por alguna circunstancia, como se colige de las constancias recabadas por conducto de la Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen y de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sureste, a efecto de contar con el soporte documental sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano por parte de la responsable 1. Director del Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz. (fojas 855 a 861) Sin que pase desapercibido que la cuantificación de sus prestaciones laborales o su procedencia o no conforme al contrato de trabajo, en relación con las aducidas faltas que reportaba el quejoso en el portal denominado "Asiste" en el periodo del siete de julio al tres de agosto de dos mil veintiuno, consideradas como "ausencias pendiente de calificar" por la autoridad responsable; no pueden ser materia de la presente incidencia, en la medida que los derechos que aquí se ventilan son aquellos relacionados con la salud y la integridad física de la parte quejosa, mientras que sus derechos laborales, deben ser deducidos ante la autoridad en materia de trabajo competente para resolver conflictos laborales. En ese sentido, si bien es cierto se le concedió la suspensión del acto reclamado o a efecto de que se le otorgara permiso con goce de sueldo, no menos cierto es que la suspensión se estima cumplida entretanto se le paguen emolumentos por concepto de salario, de modo que cualquier conflicto que surja respecto a las prestaciones que le corresponden o no recibir mientras se encuentre de permiso, esto es, el monto especifico del sueldo total, es materia de un conflicto de naturaleza laboral competencia de las juntas conciliación y arbitraje. En ese orden de ideas, lo que procede es declarar INFUNDADO EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA, concedida a VLADIMIR ANDRADE MOLINA, en los autos del incidente del juicio de amparo número 346/2020. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 206 a 209 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara INFUNDADO EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA, concedida a VLADIMIR ANDRADE MOLINA, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando único de esta resolución. Con fundamento en el artículo 26, fracción II y III, de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a las partes, en el entendido de que la versión pública no deberá contener los datos personales de las partes."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "En Boca del Río, Veracruz, a las once horas con cinco minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós , como se encuentra ordenado en acuerdo de cinco de diciembre último (foja 865) dentro del juicio de amparo 346/2020 , ya que se advierte que todas las partes se encuentran notificadas de dicho acuerdo, se procede a celebrar la audiencia de pruebas y alegatos relativa al INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO; audiencia que es presidida por Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su segundo período vacacional, que comprende del dos al dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; según consta en el oficio CCJ/ST/5520/2022 signado por la Secretaria Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe de la misma, sin asistencia de las partes. ABIERTA LA AUDIENCIA DE LEY en términos de lo dispuesto en los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos, e informó de las constancias que integran el expediente. A continuación el Encargado del Despacho acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes. ABIERTO EL PERÍODO PROBATORIO, la secretaria da cuenta con la prueba instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto legal y humana y documental ofrecidas por la parte quejosa; así como la documental ofrecida por las autoridades responsables en relación a la presente incidencia. El Encargado del Despacho acuerda: En relación a las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, de conformidad con la fracción III del artículo 208 de la ley de la materia. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS en términos del precepto legal antes citado, la secretaria hace constar que la partes no los formularon, por lo que enseguida se declara cerrado el período de alegatos y con fundamento en la parte final del precepto legal antes citado, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución correspondiente: Vistos para resolver los autos que integran el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, concedida en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 346/2020, promovido por VLADIMIR ANDRADE MOLINA, en contra de las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, por lo que procede a realizar en los siguientes términos; y, PRIMERO. Trámite del incidente de suspensión. Mediante auto de diecisiete de julio de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se solicitó informe a las autoridades responsables, librándose al efecto los oficios 7454, 7455, 7456, a fin de que las autoridades responsables tuvieran conocimiento de la medida cautelar y procedieran a su acatamiento. (foja 40) SEGUNDO. Constancia de notificación de la suspensión de plano. A través del Servicio Postal Mexicano, se ordenó la notificación de los oficios de las autoridades con residencia fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; en tanto que la autoridad local, fue notificada por conducto de la actuaria adscrita a este Juzgado, como se colige del acuse de recibo que obra a foja cuarenta y cinco. TERCERO. Envío de exhorto a fin de entregar los oficios con efectos de notificación del auto de la suspensión de plano. En auto de treinta y uno de julio de dos mil veinte, a efecto de agilizar la entrega de los oficios 7455 y 7456 librados a las autoridades con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, se ordenó girar el exhorto 179/2020/E/IV/AAD al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se entregaran los oficios de referencia. (fojas 57 a 58) Dejándose constancia de notificación de que el tres de agosto de dos mil veinte, a través de los oficios 11261 y 11262 el personal actuante del Juzgado exhortado entregó los oficios números 7455 y 7456 a los cuales se adjuntó copia de la demanda. (fojas 134 a 136) CUARTO. Incidente de incumplimiento de la suspensión de plano. Mediante escritos recibidos ante este Juzgado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, el quejoso promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano (foja 179 a 184 y 186 a 188); recayendo a los mismos el auto de siete de septiembre de dos mil veinte, en el que se reservó la admisión de dicha incidencia hasta en tanto las autoridades responsables informaran sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano. (fojas 194 a 195) QUINTO. Auto de trámite del incidente de incumplimiento de la suspensión de plano. En auto de seis de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano en términos de los escritos fechados el cuatro de septiembre de dos mil veinte; por lo que se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional, librando al efecto los oficios 162 y 163. (foja 332) SEXTO. Constancia de notificación del trámite del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. La autoridad local fue notificada por conducto de la actuaria adscrita a este Juzgado, como se colige del acuse de recibo que obra a foja trescientos cuarenta y cuatro. En tanto que a través del Servicio Postal Mexicano, se ordenó la notificación del oficio 163 de la autoridad foránea con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. En proveído de tres de marzo de dos mil uno, se ordenó reexpedir el oficio 163 a la autoridad denominada 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, al domicilio correcto de dicha autoridad. (foja 388) SÉPTIMO. Vista de informes en relación al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. En auto de quince de enero del dos mil veintiuno, se dejó a vista de las partes el informe rendido por el 1. Director del Hospital General Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz, en relación a la incidencia que nos ocupa. (fojas 352 y 354) En proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con el informe sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano rendido por la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche. (fojas 404 a 406, y 415) Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con el informe y constancias remitidas en alcance rendido por la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, en relación al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. (fojas 423 a 429) OCTAVO. El nueve de abril de dos mil veintiuno, se emitió la resolución relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, la cual lo declaró infundado (fojas 445 a 453); dicha resolución fue recurrida en queja, por la parte quejosa (fojas 462 a 464), la cual fue sustanciada y resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en Xalapa, Veracruz, dentro del expediente de queja número 134/2021, quien mediante resolución engrosada el dos de febrero de dos mil veintidós, revocó la resolución impugnada, y ordenó la reposición del procedimiento. (fojas 665 a 683) NOVENO. En auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada en el recurso de queja 134/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en Xalapa, Veracruz, y a efecto de atender los lineamientos establecidos en la misma, se ordenó requerir a la autoridad responsable subsanara la deficiencia de su informe en relación al presente incidente; al mismo tiempo que se señaló día y hora para celebrar la audiencia prevista por el artículo 208 de la Ley de Amparo. (foja 687 y 688) Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós se dio vista a las partes con el informe y constancias remitidas en alcance rendido por la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, en relación al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano (foja 713); posteriormente en auto de veintidós de abril del año en curso, se dejó a vista el informe y constancias remitidas en alcance por la citada autoridad responsable (foja 761); finalmente, en auto de veintiséis de mayo del actual, se dejó a vista el informe aclaratorio y constancias remitidas por el apoderado legal del organismo público señalado como responsable. (foja 794) Finalmente, una vez que fue celebrada la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, quedaron los autos para emitir la resolución respectiva, lo que se hace en los términos siguientes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para resolver la presente incidencia, en términos de los artículos 206, 207, 208, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, así como los diversos preceptos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al conocer de la solicitud de suspensión de plano relativo al juicio de amparo 346/2020, del índice de este Juzgado; asunto del que emana del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. SEGUNDO. Estudio de fondo del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano. En primer término, a efecto de resolver sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, es necesario destacar el contenido de los artículos 206, 208, 209 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." "Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución." "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa del cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". De la lectura de los anteriores preceptos se advierte que el incidente previsto en el primero de tales artículos, puede promoverse en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Igualmente, el segundo de tales preceptos, es decir, el artículo 208 transcrito establece las reglas para su tramitación, de cuya lectura se advierte que el incidente debe promoverse por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente, en el cual deben ofrecerse también las pruebas relativas y, en consecuencia, el órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en un plazo de tres días; precisa que en la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Por su parte, el artículo 209 transcrito, dispone lo relativo a la actuación del juzgador de amparo en los casos en que se determine que las autoridades responsables no cumplieron con la suspensión de plano o definitiva, que lo hicieron de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente; motivo por el cual al acreditarse dicha situación, el órgano judicial, en su resolución, requerirá a la o a las autoridades para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías. Y sólo en caso de que tales deficiencias no sean subsanadas, entonces se faculta al juzgador para proceder a denunciar ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo; esto es, el no acatamiento de la medida cautelar otorgada, correctamente notificada, constituye una conducta sancionable penalmente, conforme a la recién transcrita porción normativa, sin perjuicio de incurrir en la comisión de un diverso delito Sin que en ningún caso se advierta que la promoción del incidente de incumplimiento a la suspensión paralice el procedimiento relativo al incidente de suspensión en el juicio de amparo. Sobre estas bases se procede al análisis de la materia controvertida en este incidente, que básicamente estriba en determinar si las autoridades responsables han sido omisas, en dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en auto de diecisiete de julio de dos mil veinte. Como cuestión preliminar, y por razón de orden lógico conviene rememorar que la medida suspensional, de plano, fue concedida para los efectos siguientes: En ese tenor, del contenido de la demanda de amparo, se traduce en la obligación que tiene la parte quejosa de presentarse a laborar a su centro de trabajo como trabajador de Petróleos Mexicanos, ello a pesar de que es una persona con mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID-19, por padecer hipertesión arterial; lo que resulta en perjuicio de su derecho humano a la salud, representando un peligro real poniendo en riesgo su vida. Asimismo, en el capítulo de antecedentes el solicitante de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa destacar, lo siguiente: ? Es trabajador de Petróleos Mexicanos-a la fecha de presentación de la demanda- en tiempo y forma. ? Encontrarse diagnosticado con hipertensión arterial. ? Motivo por el cual estimó encontrarse dentro de la categoría de las personas con mayor riesgo de complicaciones en el caso de infección por COVID-19, conforme el acuerdo de implementación de medidas para el personal Petróleos Mexicanos y procedió a realizar la petición. Ahora, previo a que el suscrito emita el pronunciamiento respectivo, es dable precisar lo siguiente: El treinta de marzo del año en curso el Consejo de Salubridad General emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el cual se expuso como justificación el hecho de que la Secretaría de Salud, en las últimas horas, había señalado que el número de casos de personas contagiadas ha ido en aumento, por lo que se recomendaba que los habitantes del país permanecieran en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Acuerdo que estará vigente hasta el treinta de abril de dos mil veinte. Posteriormente, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de marzo pasado, se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En tal virtud, dado el marco normativo que actualmente prevalece en el país para contener la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) es inconcuso que todas las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En ese contexto, tanto los entes públicos como privados están constreñidas a realizar aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el fin de disminuir el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables; entre ellos, las personas que padecen afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial. Asimismo, entre las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica, se encuentra la referente a evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de sesenta y cinco años o más y grupos de personas con afecciones médicas preexistentes como son la enfermedad de hipertensión arterial, quienes en todo momento, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. Por lo anterior, acorde a la información difundida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el personal que tenga hipertensión arterial se considera parte de los grupos de riesgo y vulnerables en relación con virus COVID-19. Al encontrarse con mayor grado de riesgo de infección del virus. Ahora bien, del contenido integral de la demanda y anexos exhibidos se desprende, que la parte quejosa como ya se dijo, la sitúa en el grupo vulnerable que deberá guardar resguardo domiciliario, por ser hipertenso; lo que conduce a concluir que existe un potencial de probabilidad de contagiarse del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de persona a persona, y desarrollar la enfermedad de forma grave. De ahí que, procede conceder la suspensión de plano y de oficio, respecto de los actos reclamados, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que la especie se reúnen los presupuestos para su otorgamiento, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, en razón de que como se ha expuesto, los actos reclamados relativos a la negativa de otorgarle la solicitud de suspensión de labores de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", de observancia y práctica de los sectores públicos, privados y social; y con ello su obligación de presentación a sus tareas de laborales, negando acceder al resguardo domiciliario. Lo expuesto es así porque en el caso bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló que forma parte del grupo de personas vulnerables, y de alto riesgo en caso de contagiarse del virus COVID-19, ya que es propenso a que desarrolle la enfermedad de forma grave, lo cual se encuentra relacionado con el derecho a la salud del quejoso y a su vida, los cuales ameritan protección especial. Es así porque atendiendo a la apariencia del buen derecho, y a que el quejoso bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo precisó que padece de hipertensión arterial; lo que permite establecer que se demostró de manera indiciaria su pretensión relativa a que se encuentra en los supuestos de excepción para no asistir a su centro de trabajo, previstos en los incisos a) y c) del artículo segundo del "ACUERDO POR EL "QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS "PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN "IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y "CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA "SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD "POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en su edición vespertina. De la lectura del artículo segundo, incisos a) y c), del referido Acuerdo, se advierte que dispone lo siguiente: "(.) "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los "sectores público, privado y social deberán poner en "práctica son las siguientes: "a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios "públicos y otros lugares concurridos, a los adultos "mayores de 65 años o más y grupos de personas con "riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a "causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, "y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán "de su salario y demás prestaciones establecidas en la "normatividad vigente indicada en el inciso c) del "presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres "embarazadas o en período de lactancia, menores de 5 "años, personas con discapacidad, personas con "enfermedades crónicas no transmisibles (personas "con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, "lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia "hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún "padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere "supresión del sistema inmunológico; "[...] "c) Suspender temporalmente las actividades de los "sectores público, social y privado que involucren la "concentración física, tránsito o desplazamiento de "personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y "hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y "entidades de la Administración Pública Federal y las "organizaciones de los sectores social y privado, deberán "instrumentar planes que garanticen la continuidad de "operaciones para el cumplimiento de sus funciones "esenciales relacionadas con la mitigación y control de los "riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus "SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos "humanos de las personas trabajadoras, en particular "los señalados en el inciso a) del presente artículo, y "de los usuarios de sus servicios". Así pues, de conformidad con el instrumento normativo anterior, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio a conocer a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, y a las autoridades civiles, militares y los particulares, así como a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, que estarán obligadas a implementar las medidas preventivas en materia de salud, con motivo del virus COVID-19, entre las que se encuentra no asistir a sus centros de trabajo en los siguientes supuestos: a) Grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del mencionado artículo, entre los que se encuentran, entre otros, personas con enfermedad de hipertensión y, b) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de ese Acuerdo y hasta el diecinueve de abril del dos mil veinte. Asimismo, en el diverso "ACUERDO "POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES "EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA "EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR "EL VIRUS SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, establece en su artículo Primero, fracciones I, II, inciso a) y V, que se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar la siguientes medidas: "[.] "I. Se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; "II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las "siguientes actividades consideradas esenciales: "a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud (.). "(.) "V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica "de manera estricta a toda persona mayor de 60 años "de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o "con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes "mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, "inmunodepresión (adquirida o provocada), insuficiencia "renal o hepática, independientemente de si su "actividad laboral se considera esencial. El personal "esencial de interés público podrá, de manera "voluntaria, "presentarse a laborar; [.]" En ese orden, si en la demanda de amparo la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que labora en Petróleos Mexicanos; por consiguiente ello permite concluir que existe un potencial de probabilidad de contagiarse del virus SARS-CoV2 (COVID-19) por pertenecer a un grupo que la autoridad sanitaria autorizada en este momento de crisis lo consideró vulnerable, debido a su condición médica al ser diagnosticado con hipertensión arterial; por lo que es propenso a que desarrolle enfermedad de forma grave. Esto es así porque como se precisó, la parte quejosa acreditó indiciariamente encontrarse dentro del grupo de personas vulnerables con riesgo de contagio del virus COVID-19, y por tanto, se ubica dentro del supuesto del citado "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN "ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA "ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA "GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2", en cuyo artículo primero, fracción V, se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la medida de resguardo domiciliaria de forma estricta, que de ninguna forma queda discreción de las dependencias públicas, para aquellas personas que, entre sus padecimientos se encuentre la enfermedad hipertensión arterial, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial . Además, al quedar demostrado, aun de forma indiciaria, que la parte quejosa forma parte de un grupo vulnerable por padecer de hipertensión arterial, también se encuentra acreditado su derecho a gozar de la medida de protección establecida en la norma para gozar de un resguardo domiciliario temporal a fin de evitar su contagio con el virus COVID-19 y su propagación, lo que además, encierra un peligro en la demora, pues día a día se eleva el nivel de contagio de dicho virus, lo que pone en riesgo su salud en cualquier momento, al no encontrarse aislado en su hogar, sino en contacto con personas quienes a pesar de no evidenciar síntomas de haber contraído el virus, pudieran tratarse de personas asintomáticas susceptibles de contagiarlo. Es aplicable a lo anterior, en su parte conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos trece, del Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la "demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Por consiguiente, se estima a este momento suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por el quejoso, para acreditar de manera indiciaria su interés suspensional para que le sea otorgada la suspensión de plano respecto del permiso que deberá otorgársele por parte de las responsables para ausentarse de sus labores con goce de sueldo al padecer de hipertensión arterial . En consecuencia, del examen de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, se advierten elementos objetivos, lógico-racionales con los que de manera indiciaria se concluye que el no autorizar a la parte quejosa, para ausentarse a laborar en su centro de trabajo, produce o pudiera colocar en riesgo su salud al formar parte de un grupo vulnerable susceptible de contagiarse con mayor facilidad del virus COVID-19, e incluso de poner en peligro su vida. Lo expuesto porque en las condiciones actuales de propagación del virus citado, es un hecho notorio de cultura general y de política de salud, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del propio Consejo de Salubridad General de nuestro país, que el permanecer aislado en los hogares reduce significativamente la probabilidad o el riesgo de contraer o adquirir el padecimiento que bien puede ser mortal u ocasionar daños significativos, en algunos casos definitivos e irreversibles en la salud de las personas consideradas como vulnerables, tal como acontece en el caso concreto, por tratarse de una persona con diagnóstico de padecer la enfermedad de hipertensión arterial lo que incrementa dicho riesgo. Debe destacarse que conforme el artículo 147 de la Ley de Amparo, determina que cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita, así como de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio constitucional, a saber: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio "de amparo. "El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Sin que lo anterior signifique que mediante la suspensión se puedan constituir derechos que la parte quejosa no tuviera antes de la presentación de la demanda de amparo, pues como lo establece el artículo 131 de la Ley de Amparo, la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Dicho precepto legal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 131 (.) En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda [.]" En ese orden, debe concluirse que la quejosa acreditó, cuando menos indiciariamente, que se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el artículo segundo, inciso a) del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, así como en el diverso artículo primero, fracción V, del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, al formar parte de un grupo vulnerable, por manifestar bajo protesta de decir verdad que padece de hipertensión arterial, por lo que este Juzgado de Distrito considera necesario fijar los efectos de la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Se concede la medida suspensional de plano para el efecto de que las autoridades responsables autoricen a la parte quejosa para no asistir a su centro de trabajo, a manera de permiso, como lo refieren los acuerdos sanitarios antes citados, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General, suspenda o dé por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, o bien, si durante la tramitación del juicio de amparo se diera el caso que la medida cautelar que se otorga fuese modificada o revocada. En la inteligencia que la presente suspensión dejará de surtir efectos, si durante el juicio se desvirtúan con medio de prueba idónea lo manifestado por la parte quejosa con el cual acreditó indiciariamente su padecimiento que la ubican dentro de los supuestos de los Acuerdos sanitarios señalados como grupo de personas vulnerables a contagiarse por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis aislada I.18o.A.33 K (10a.), sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal colegiado comparte, visible en la foja dos mil ciento sesenta, del Libro 68, julio de dos mil diecinueve, Tomo III, julio de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." Signifíquense a las autoridades responsables que la presente medida se toma considerando, en principio, que las manifestaciones de quien promueve el juicio de amparo las hace bajo protesta de decir verdad. Lo cual implica que de resultar en la afirmación de hechos falsos u omitir los que le consten estaría configurando una conducta sancionada por normativa de contenido penal. En el caso, el arábigo 261 de la Ley de Amparo, cuya comisión conlleva una pena privativa de libertad de dos a seis años. En el entendido, que esta medida suspensional no coarta el derecho de las autoridades llamadas a juicio de solicitar a la parte aquí quejosa acredite la situación personal que alega para pedir la presente medida suspensional. Así como tampoco le veda probar en su caso ante esta potestad de amparo, que las circunstancias bajo las que se pide la suspensión no son tal como se plantean. Considerando que aún y cuando aquí se otorga la cautelar en los términos ya apuntados, por su naturaleza esa medida es mutable. Al acreditar algún dato novedoso o superviviente que motivara su modificación o revocación. Aunado a que todas las partes tienen expeditos sus derechos para cuestionar esta decisión a través de los medios legales previstos en la ley de la materia, si así conviene a sus intereses. Finalmente, signifíquese a las autoridades responsables que la presente medida, no exime a la parte quejosa a que desde su casa pueda realizar actividades laborales propias de su encomienda, ya sea en línea, vía telefónica, o por cualquier medio tecnológico que en la actualidad han sido implementados con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19." (fojas 26 a 39) De lo anterior se sigue que, por virtud de la medida cautelar decretada por este Juzgado, las autoridades responsables quedaron constreñidas a acatar la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en cuanto hace a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables autoricen a la parte quejosa para no asistir a su centro de trabajo, a manera de permiso, como lo refieren los acuerdos sanitarios emitidos por las autoridades de salud, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General, suspenda o dé por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, o bien, si durante la tramitación del juicio de amparo se diera el caso que la medida cautelar que se otorga fuese modificada o revocada. Ahora bien, el abogado defensor del quejoso consideró que existió incumplimiento defectuoso de la suspensión de plano manifestando lo siguiente: 1.- Con motivo de la demanda de amparo promovida por el suscrito, la cual se radico bajo el número de expediente 346/2020, se me otorgo suspensión de plano mediante acuerdo de fecha 16 de julio de 2020. Suspensión que consistía en ".autorizar al quejoso no asistir a su centro de trabajo, a manera de permiso, como lo refieren los acuerdos sanitarios, y que se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto hasta tanto el consejo de salubridad general suspenda o de por concluida la emergencia sanitaria." 2.- Como se observa en autos del juicio de amparo que al rubro se indica la autoridad responsable, en fecha tres de agosto de 2020, se dio por legalmente notificada por conducto de su apoderada legal, siendo omisa de impugnar la suspensión de plano otorgada a mi favor, así mismo, al rendir su informe respecto de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la medida decretada, fue omisa en su totalidad de dar informe respecto de las medidas adoptadas para ello. 3.- Así las cosas, desde la fecha en que se dio por notificada las autoridades responsables y como lo hice valer en múltiples escritos estas siguieron aplicándome faltas, y fueron omisos de pagarme si salario a pesar de estar disfrutando una suspensión de plano con los efectos señalados en acuerdo de fecha 16 de julio de 2020. 4.- Desde que se me otorgo la suspensión de plano 16 de julio de 2020 hasta el día de hoy van 3 catorcenas que no cobro ningún peso, únicamente me ha sido cubierto el concepto relativo al fondo de ahorro, no así las demás prestaciones que me corresponden, así también, se me han aplicado faltas injustificadas. De igual manera, fui dado de baja de servicio médico de la responsable Pemex exploración y producción. 5.- Es por todo lo anterior que promuevo el presente incidente y solicito a esta Autoridad de trámite al presente incidente y le requiera a la autoridad responsable de cumplimiento a la suspensión de plano que estoy gozando desde el 16 de julio de 2020 y misma que no ha sido cumplida a mi favor. Lo anterior con los apercibimientos y multas de que la ley de amparo establece." En ese contexto, una vez que se solicitó su informe a las autoridades responsables, negaron categóricamente el desacato a la suspensión de plano otorgada al quejoso, como se colige de sus respectivos informes rendidos en relación a la presente incidencia que obran a fojas trescientos cincuenta y dos a trescientos cincuenta y tres, cuatrocientos cuatro y cuatrocientos seis, y de la cuatrocientos veintitrés a cuatrocientos veintinueve. En proveídos de quince de enero, cinco y veinticinco de marzo, todos dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con los informes rendidos en relación al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, para que señalara lo que a su interés conviniera. (fojas 354, 415 y 429) Posteriormente, dados los lineamientos establecidos en la ejecutoria 134/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en Xalapa, Veracruz, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós se dio vista a las partes con el informe y constancias remitidas en alcance rendido por la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, en relación al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. (foja 794) Sentadas las premisas de examen del caso, se tiene que, acorde a lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, la medida suspensional fue acatada por las responsables, ya que al efecto el 1. Director del Hospital General de Petróleos Mexicanos, con sede en Veracruz, Veracruz, negó categóricamente la omisión atribuida en relación al cumplimiento dado a la medida suspensional, pues al efecto señala que no tiene intervención alguna en los actos reclamados, agregando que los derechos del quejoso como derechohabiente del servicio médico se encuentran vigentes, sin que al respecto, la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por su parte, la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, al rendir su informe en relación a la presente incidencia, así como en alcance al mismo, al igual que en el informe y documentales remitidas conforme a los lineamientos establecidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en Xalapa, Veracruz, en la ejecutoria 134/2021 de su índice; acreditó haber dejado sin efectos la orden dada al quejoso de presentarse a laboral de manera presencial en su centro de trabajo; asimismo, ofreció como pruebas la valoración médica efectuada al quejoso, así como los recibos de pago de su sueldo, al igual que el pago de las prestaciones ordinarias y extraordinarias. También, atendiendo a los lineamientos específicos que dejó establecidos el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en Xalapa, Veracruz, en la ejecutoria 134/2021 de su índice, la apoderada legal de 2. Pemex Exploración y Producción, con sede en Ciudad de Carmen, Campeche, informó que si bien la suspensión de plano se otorgó y surtió sus efectos el diecisiete de julio de dos mil veinte, lo cierto es que el quejoso en esa fecha se encontraba en su periodo de descanso conforme a su rol de trabajo, por eso se le pagó a partir del veintidós de julio de dos mil veinte, hasta el diez de noviembre de dos mil veinte, precisando que al quejoso se le pagaron todas sus prestaciones ordinarias y extraordinarias, incluido el periodo de descanso, por lo que el recibo de pago 000462 de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, comprende el pago de los haberes comprendidos del veintidós de julio de dos mil veinte, incluyendo los pagos correspondientes a la etapa de descanso, hasta el diez de noviembre de dos mil veinte; aclarando que el pago por jornada o salario ordinario es de $777.29 (setecientos setenta y siete pesos 29/100 M.N.) más prestaciones que comprenden salario ordinario integrado por salario tabulado, fondo de ahorro cuota variable, renta de casa, tempo extra-fijo; productividad, lavado de ropa, gas, canasta básica, gasolina, ajuste por impuesto sobre la renta; y las prestaciones extraordinarias, cuando así se generen y sean autorizadas; finalmente, precisó que las ausencias del trabajador fueron recalificadas, aun cuando en el sistema figuran con un signo negativo ello representa una suma, por lo que se le pagó la cantidad de $52,551.64 (cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y un pesos 64/100 M.N.); señalando que no existen saldos pendientes por pagar al quejoso, de acuerdo con el periodo de suspensión otorgado, materia del presente incidente. En ese orden de ideas, si bien se demostró que la autoridad responsable pretendió realizar actos que -de haberse ejecutado- implicarían un incumplimiento a la suspensión de plano, lo cierto es que en cuanto fue notificada del auto que otorgó la suspensión de plano, emitió actos tendentes a acatarla, lo cual acreditó en la presente incidencia. En consecuencia, no asiste la razón jurídica al quejoso cuando afirma que la responsable debe ser denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, en la medida que se dio cumplimiento a la medida cautelar, y en ese sentido, no puede estimarse haya incurrido en desobediencia. No es óbice, la alegación del quejoso atinente a que la autoridad no le ha cubierto enteras sus prestaciones salariales. Al respecto, se estima que la cuantificación de sus prestaciones laborales o su procedencia o no conforme al contrato de trabajo no pueden ser materia de la presente incidencia, en la medida que los derechos que aquí se ventilan son aquellos relacionados con la salud y la integridad física de la parte quejosa, mientras que sus derechos laborales, deben ser deducidos ante la autoridad en materia de trabajo competente para resolver conflictos laborales. En ese sentido, si bien es cierto se le concedió la suspensión del acto reclamado o a efecto de que se le otorgara permiso con goce de sueldo, no menos cierto es que la suspensión se estima cumplida entretanto se le paguen emolumentos por concepto de salario, de modo que cualquier conflicto que surja respecto a las prestaciones que le corresponden o no recibir mientras se encuentre de permiso, esto es, el monto especifico del sueldo total, es materia de un conflicto de naturaleza laboral competencia de las juntas conciliación y arbitraje. En ese orden de ideas, lo que procede es declarar INFUNDADO EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, concedida a VLADIMIR ANDRADE MOLINA, en los autos del incidente del juicio de amparo número 346/2020. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 206 a 209 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara INFUNDADO EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, concedida a VLADIMIR ANDRADE MOLINA, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando único de esta resolución. Con fundamento en el artículo 26, fracción II y III, de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a las partes, en el entendido de que la versión pública no deberá contener los datos personales de las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su segundo período vacacional, que comprende del dos al dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; según consta en el oficio CCJ/ST/5520/2022 signado por la Secretaria Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe."
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Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 206 a 209 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara INFUNDADO EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, concedida a********************por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando único de esta resolución. Con fundamento en el artículo 26, fracción II y III, de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a las partes, en el entendido de que la versión pública no deberá contener los datos personales de las partes.
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